El varapalo del Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Sevilla por los pagos a los partidos

La ausencia de control, por parte del Pleno y de la Intervención, de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales supone un riesgo de que dichas asignaciones no se estén aplicando adecuadamente a la finalidad prevista por la normativa”. El Tribunal de Cuentas da un serio toque de atención al Ayuntamiento de Sevilla en el informe titulado Fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de municipios capitales de provincia en relación con las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales en el ejercicio 2022.

En el apartado sobre los procedimientos de rendición de cuentas y control, el Tribunal de Cuentas argumenta que “el Pleno de la Corporación no ha solicitado la contabilidad específica de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales. Tampoco se han sometido al control de la Intervención municipal las cuentas justificativas de los grupos correspondientes a los ejercicios 2020 a 2022”. Y apunta que la dotación económica global del Ayuntamiento de Sevilla a los grupos políticos municipales ascendió en el ejercicio 2022 a un importe total de 473.000 euros, idéntica a la cuantía de los ejercicios anteriores del último mandato de los socialistas.

Los reparos a la gestión municipal son variados. En el informe se expone que el Ayuntamiento de Sevilla se ha limitado a recoger en su reglamento orgánico una regulación similar al contenido del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el que únicamente añade que las asignaciones a los grupos lo serán “para su funcionamiento”, sin incluir aspectos como los derechos económicos de los miembros no adscritos. Adicionalmente y mediante acuerdo plenario de 2019, se establecen las cuantías de las dotaciones y su desglose entre asignación fija, por grupo, y variable, por concejal de la Corporación.

En consecuencia, el Tribunal de Cuentas considera que “no se ha efectuado un desarrollo normativo mínimo del precepto estatal necesario para cubrir aquellos aspectos no suficientemente regulados”. Los técnicos echan en falta ese necesario desarrollo normativo que facilite el adecuado empleo, justificación y control de la dotación, y en el que se detalle, al menos, el destino de los fondos, indicando los gastos admisibles y no admisibles, y si entre ellos se admiten las aportaciones a los respectivos partidos políticos.

Sobre los procedimientos de cuantificación, asignación, pago y reintegro, el Tribunal de Cuentas argumenta que el Ayuntamiento de Sevilla no utiliza criterios objetivos para esa cuantificación de la asignación a los grupos municipales, ni tiene en cuenta los costes de funcionamiento de aquellos para el establecimiento de la dotación. Detalla que el importe de las dotaciones a los grupos se corresponde, salvo una diferencia por el paso de un concejal a ser miembro no adscrito, con la asignación teórica aprobada, en la que el componente variable supone el 86 % del total, frente al 14 % del componente fijo.

Hay datos curiosos en el informe de fiscalización. Los técnicos cuentan que, al margen de la dotación económica anual, el Ayuntamiento de Sevilla proporciona a los grupos municipales recursos personales de la Corporación, cuyo coste total asciende a 1.189.000 euros de euros en el ejercicio 2022, correspondiente a un total de 26 empleados eventuales; así como otros gastos materiales (telefonía, informática y material de oficina), por un importe de 60.000 euros, y ponía a su disposición despachos, cuyo coste no ha podido cuantificar. El importe total de fondos públicos puestos a disposición de los grupos en 2022 se eleva a 1.722.000 euros, de los que el 27% corresponde a la dotación económica y el 73% al resto de gastos a favor de los grupos sufragados por la Corporación.

En materia de transparencia, el Ayuntamiento de Sevilla cuenta con normativa específica relativa a la obligación de publicidad activa en relación con las asignaciones anuales a los grupos políticos municipales. A este respecto, publica la información relacionada con las asignaciones a los grupos municipales, incluyendo el importe global anual, su desglose por grupos, su finalidad y el destinatario de la dotación. En cambio, el Tribunal de Cuentas denuncian que la Casa Consistorial “no dio publicidad a las asignaciones a favor de los grupos municipales en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a pesar de la naturaleza de subvención pública que presentan las dotaciones económicas”.