Las universidades andaluzas rechazan el modelo de financiación propuesto por la Junta

Sin acuerdo. Los rectores de las universidades públicas andaluzas consideran que la propuesta de la Junta sobre el modelo de reparto de financiación pública ordinaria del sistema universitario público andaluz, para el periodo comprendido entre 2022 y 2026, "no se corresponde con un modelo de financiación tal como recoge la Ley de Universidades de Andalucía (LUA)".

En un comunicado conjunto los rectores argumentan que esas bases, que les ha remitido la Junta hace unos días, contemplan un "modelo de reparto que sólo podría considerarse completo si fuera acompañado de un horizonte financiero plurianual que permita una planificación de la actividad de las universidades y una senda de crecimiento a partir de la cual pueda garantizarse una cobertura suficiente de las necesidades presentes y futuras".

Insisten los rectores en que un "funcionamiento básico y de calidad para las universidades sólo puede garantizarse si disponen de los recursos necesarios para acometer su función social", según se recoge en la LAU, que establece que para tal fin se ha de elaborar un modelo de financiación común, revisable cada cinco años, que será aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz.

En este sentido, recuerdan que durante los últimos años el sistema universitario público andaluz ha insistido a los distintos gobiernos de la Junta en "la necesidad de disponer de un modelo de financiación, no sólo porque estamos llamados a tenerlo de acuerdo con la LAU, sino porque es un instrumento imprescindible para dotar a las universidades de una certidumbre financiera de la que ahora carecen y para impulsar el desarrollo de los planes estratégicos con un horizonte plurianual".

Para ello, sostienen que "sólo la definición de esta senda podría ayudar a aliviar la gran preocupación existente en las universidades sobre la suficiencia financiera del sistema universitario andaluz" y para alcanzarlo consideran "imprescindible" que los gastos de los capítulos 1 y 2 ejecutados en el año precedente queden garantizados al 100 % para el siguiente.

También reclaman que se tengan en cuenta las peticiones del sistema universitario en materia de investigación, productividad del personal y calidad de la docencia.