La única excepción a la micropolítica

Fue el único gran proyecto urbanístico en una campaña de cinco años centrada casi siempre en la micropolítica. Zoido eligió la mañana posterior a su primer debate televisivo con los otros dos candidatos (Espadas y Torrijos) para posicionarse respecto a una infraestructura de la que la ciudad lleva más de una década oyendo declaraciones de intenciones, ubicaciones dispares y confrontaciones periódicas. Era febrero de 2011 y faltaban tres meses para las elecciones municipales. El equipo de campaña quiso revestir de solemnidad el acto y lo convocó en el Casino de la Exposición.

Zoido apareció con aire triunfal tras el debate nocturno y presentó su apuesta: un distrito judicial nucleado en torno al Prado de San Sebastián. El objetivo era conectar hasta seis edificios bajo tierra que hicieran las veces de la Ciudad de la Justicia que la Junta tenía varada y que ayer enterró. El entonces candidato no ofreció datos del coste total de esta iniciativa, pero aseguró que era "viable, factible y realista" y que se podía articular por medio de la constitución de un consorcio al estilo del modelo puesto en práctica para la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Bautizó su propuesta como "distrito judicial". Su proyecto contemplaba una reforma integral del edificio de la Audiencia Provincial, el derribo del inmueble de baja altura que acoge los juzgados de primera instancia, que calificó como de sede "completamente agotada", y la construcción de cinco nuevos edificios sobre suelos de la zona cuya titularidad ostentan, indistintamente, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento. La propuesta incluía un total de seis edificios destinados a la Administración judicial y conectados todos ellos mediante un sótano bajo el cual habría de ser construido un aparcamiento subterráneo con capacidad para 3.000 vehículo. Zoido obtuvo el respaldo público a su proyecto de los profesionales de la Justicia.

Ese distrito judicial suponía un cambio respecto a la campaña municial del PP en 2007, cuando Zoido se trajo a Sevilla a Mariano Rajoy para prometer el posible apoyo estatal al proyecto en Los Gordales. Tanto Zoido como Rajoy se quedaron en la oposición en sus respectivos comicios.

El nuevo consejero de Justicia e Interior enterró ayer las opciones de un proyecto en el que Zoido hizo una excepción a su concepto de la política. Previsible porque lo que se espera en los próximos tres años de las relaciones entre la Junta y el Ayuntamiento es una confrontación casi cotidiana. Sorpresa porque De Llera es el primer consejero que se pronuncia con rotundidad sobre un proyecto marcado por las discusiones polítícas, los pleitos políticos y la crisis económica.

Al delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, le tocó reaccionar al entierro de la Ciudad de la Justicia. Mostró su "extrañeza" al mismo tiempo que anunció su actitud de "diálogo" con la Junta. El edil recordó que "hasta hace pocos días" el ahora extitular de Justicia, Francisco Menacho, "sólo sabía pedirnos que dónde íbamos a ubicar la Ciudad de la Justicia", y, sin embargo, el nuevo consejero dice que "no hay dinero y sitúa el proyecto en el campo de la ciencia ficción" . Vílchez pidió que la Junta "tenga la construcción de la Ciudad de la Justicia entre sus prioridades, al tratarse de un proyecto necesario para la ciudad y, sobre todo, unas instalaciones que llevan años reclamando juristas, abogados y procuradores, entre otros". Y añadió: "Al contrario de lo que dice el consejero, se trata de una obra completamente viable que se puede llevar a cabo con una buena gestión y distribución de los gastos".