Un tribunal de arbitraje solucionará problemas vecinales a partir de otoño

El primer tribunal de arbitraje andaluz especializado en materia urbanística comenzará a funcionar en octubre y tendrá como sede el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Este órgano independiente y autónomo, que estará integrado por juristas de reconocido prestigio, se dedicará a resolver los problemas de diversa índole que surjan en las comunidades de vecinos, bien entre las comunidades y los proveedores o bien entre arrendatarios y arrendadores.

Auspiciado por el Colegio de Administradores de Fincas, este tribunal permitirá solucionar en poco tiempo, tres meses en concreto, problemas habituales que surgen en las comunidades de vecinos como, por ejemplo, los motivados por la morosidad, el ruido, la convivencia con animales domésticos o un mal uso de los espacios comunes, entre otros asuntos. Hasta la fecha problemas de este tipo daban lugar a procesos judiciales que se prolongaban durante dos o más años. "Además de reducir la saturación de los juzgados, el tribunal de arbitraje supondrá menos coste para las partes y solucionará los problemas en menos tiempo", explicó ayer Rafael Del Olmo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla.

Las decisiones que adopte este tribunal, contra las que no cabe recurso, serán vinculantes para las partes, que acudirán al arbitrio de manera voluntaria, según comentó Del Olmo.

La morosidad es uno de los problemas que se ha agravado en los últimos meses como consecuencia de la crisis económica. El balance del Colegio de Administradores de Fincas desvela en los últimos nueve meses se ha registrado "un repunte de la morosidad" que gira entre el 3% y el 5% en las comunidades dedicadas a actividades económicas, como son los polígonos industriales, los edificios de oficinas o los espacios comerciales.

No obstante, este aumento no es excesivamente pesimista para Del Olmo, que advirtió que las comunidades están siendo más conservadoras en sus gastos, sobre todo, aquellas dedicadas a negocios, ya que "si no pueden pagar a los proveedores por la crisis, tampoco pueden pagar la cuota de la comunidad", añadió el presidente de la institución colegial.

En los edificios de viviendas, la morosidad se mantiene en los mismos parámetros que en años anteriores. "Gracias a la ley de Propiedad Horizontal de 1999, los vecinos se han mentalizado en que tienen que abonar la cuota de comunidad o de lo contrario pueden afrontar un proceso judicial que puede terminar en un embargo", destacó Del Olmo.

Otra de las normativas que afectará a las comunidades de vecinos será la futura Ley de Eficacia Energética y Energías Renovables que entrará en vigor, previsiblemente, el próximo año. Esta ley creará la figura del gestor energético, que asumirán los administradores de fincas entre otros, y que se encargará de realizar informes del consumo de energía y de la emisión de CO2 para estudiar métodos de ahorro de energía. La futura Ley de Eficiencia Energética no obligará a las comunidades de vecinos ni a propiedades residenciales a contar con la figura del gestor energético, según anunció el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el pasado mes de abril.

Entre las novedades que anunció Del Olmo figuran las nuevas titulaciones académicas que pueden incorporarse al Colegio de Administradores de Fincas: Graduado Social, Arquitectura Técnica, Arquitectura Superior e Ingeniería Superior. Hasta hace pocos meses sólo los titulados en Derecho, Económicas y Empresariales, podían colegiarse como administradores de fincas.