Diez golpes contra la esclavitud del siglo XXI

El Gobierno ha puesto en marcha un plan contra la trata de seres humanos, que considera "la esclavitud del siglo XXI" y de la que el año pasado se detectaron una decena de casos en la provincia de Sevilla. Este tipo de delincuencia tiene dos modalidades principales. Una es la explotación sexual de mujeres obligadas a prostituirse. La otra consiste en el abuso laboral de trabajadores, que suelen ser forzados a desempeñar jornadas maratonianas en el campo por salarios míseros y sin descanso.

La Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollaron una decena de operaciones contra la trata de seres humanos en la provincia de Sevilla en el año 2021. Cuatro de ellas fueron grandes redadas contra la explotación laboral de trabajadores en el campo, donde eran forzados a desempeñar jornadas maratonianas sin descanso por salarios míseros, de en torno a tres euros la hora. Se desmanteló una red en la Macarena y otras en Carmona, Écija y Coria del Río.

Hubo una gran operación contra la prostitución de mujeres colombianas en pisos burdeles de Sevilla, Utrera y Alcalá, que acabó en diciembre con 19 detenidos y 23 víctimas liberadas. Aparte de ello, hubo varias operaciones más pequeñas para liberar a algunas mujeres que eran obligadas a prostituirse. También se abortó la venta de una menor de origen rumano en Villaverde del Río para un matrimonio forzoso.

El nuevo plan ha sido elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo dependiente del Ministerio del Interior. Responde al desarrollo de una de las prioridades incluidas en la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave (2019-23), que ya contemplaba la lucha contra la trata de seres humanos como una de sus prioridades.

Para abordar este fenómeno, Interior establece distintas líneas de acción, entre las que destaca la elaboración de un plan estratégico específico nacional contra este fenómeno. Se hace eco así de las recomendaciones del grupo de expertos en la lucha contra la trata del Consejo de Europa, que en su último informe instaba a España a adoptar, con carácter prioritario, un plan integral contra las distintas formas de explotación y mejorara la identificación de las mismas y la asistencia a sus víctimas. También el Departamento de Estado de EEUU hizo una recomendación similar.

El plan presenta una estructura dividida en dos grandes bloques. Por un lado, un marco jurídico del fenómeno de la trata de seres humanos junto con una visión actualizada de la situación del mismo en España. Por otro, los objetivos y criterios sobre los que se ha diseñado y una serie de medidas de acción necesarias para su abordaje integral y con plenas garantías.

Prioridades y objetivos

La gran prioridad es la detección y prevención de la trata de seres humanos. Para ello, dice el CITCO, es necesario sensibilizar a la población, especialmente a las personas que demandan los servicios por los que las víctimas son explotadas. "Debe ser una acción clave que permita en el medio y largo plazo acabar con dicha explotación. Lamentablemente, la trata y la explotación se alimentan de esa demanda, lo que genera una oferta creciente de los citados servicios", expone Interior, que admite la necesidad de mejorar las herramientas y mecanismos para una detección temprana de las víctimas.

La identificación y asistencia a las víctimas es otro de los ejes del programa. Es preciso un "adecuado enfoque de derechos humanos, género e infancia y hacer especial hincapié en las situaciones de especial vulnerabilidad", así como mejorar los sistemas de protección. La persecución de los delitos, la mejora de la coordinación con las distintas instituciones y conocer a fondo la evolución de las distintas modalidades de trata completan la lista de prioridades marcadas en este plan.

El documento elaborado por el CITCO desglosa una serie de normas y protocolos contra la trata que pueden utilizarse para luchar jurídicamente contra ella, así como una exposición sobre este problema a nivel mundial. Cita un informe de la UE en 2020, en el que se detallaba que entre 2017 y 2018 se registraron 14.145 víctimas en Europa, de las cuales el 60% lo fueron por trata sexual, 15% por trata laboral y 25% por otras formas, como la mendicidad forzada o el tráfico de órganos.

Explotación sexual

En el caso de España, ha sido tradicionalmente un lugar de tránsito y destino para las víctimas de este delito. "Esta situación ha derivado en que se ha convertido en una de las actividades criminales más rentables en nuestro país, especialmente por sus vinculaciones con la explotación sexual. Las cifras entre 2017 y 2020 así lo avalan. Del total de víctimas de trata de personas, un 59% lo eran con esta finalidad", apunta el informe.

En esos mismos años, se instruyeron en todo el país 390 atestados por trata de personas y 658 por explotación sexual o laboral. Fueron detenidas más de 2.500 personas y se desmantelaron 300 organizaciones y grupos criminales. En este periodo se identificaron como víctimas a 1.250 personas, entre las que había 60 menores de edad. A estas cifras hay que añadir 3.551 víctimas de explotación sexual o laboral, con 30 menores.

Las mujeres y niñas representan el 93% de las víctimas de la trata sexual. Se aprecia un paulatino descenso en la edad media de las mismas. Más del 70% de las perjudicadas tenían entre 18 y 33 años. El abuso de situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima es el método más frecuente en la trata sexual, donde también está presente el engaño.

En cuanto a las formas de captación, varía enormemente según la nacionalidad. Las víctimas del Este de Europa suelen ser captadas mediante el método del lover boy (un chico que las enamora, agasaja y les promete que se escaparán a un lugar mejor), mientras que las africanas son atrapadas por el vudú yuyu, un ritual de las mafias nigerianas para amenazar a sus esclavas sexuales. Además, hay un uso cada vez más frecuente de las redes sociales e internet.

En los últimos años ha habido cambios de tendencia en cuanto a las nacionalidades de las víctimas. Rumanas y nigerianas son las más representativas y han tenido una evolución estable. En el caso de las iberoamericanas, se ha registrado un crecimiento exponencial de las víctimas de Venezuela, Colombia y Paraguay. El 60% de las investigaciones contra la explotación sexual en 2020 se centraron en viviendas particulares.

En cuanto a los tratantes, seis de cada diez son hombres y cuatro mujeres. Muchas de las antiguas víctimas pasan a ocupar puestos de responsabilidad en las redes de trata como madames o captadoras. Por lo que respecta a la nacionalidad de los autores, en consonancia a lo que ocurría con las víctimas, y siguiendo la costumbre de las redes criminales de mostrar fuertes lazos de origen entre unas y otros, en los últimos años se ha detectado un notable incremento de las nacionalidades colombiana y venezolana.

Trabajos forzados

En lo concerniente a la trata con fines de trabajo forzoso, Interior destaca "el notable esfuerzo institucional desarrollado en el último trienio, tanto en la vertiente preventiva como en la reactiva", que ha dado como resultado un notable crecimiento del número de víctimas identificadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Han pasado de 58 en el año 2017 a 192 en 2019, si bien en 2020 debido a la pandemia hubo un considerable descenso cercano al 50%.

La trata con fines de trabajo forzado ha presentado en los últimos años un predominio de las nacionalidades rumana y china. No obstante, en 2018 se observó un notabilísimo incremento de nacionalidades hasta ahora no tan frecuentes como la vietnamita y la moldava, mientras que en 2019 destacaban como principales nacionalidades la rumana, moldava y búlgara. En 2020 fue la hondureña la más representativa.

El engaño, principalmente en las condiciones de la actividad a desarrollar, así como el abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, fueron en 2020 los medios comisivos más frecuentes que sufrieron las víctimas de trata laboral, estando presente en un 73% y un 71% de los casos respectivamente.

El 55% de las víctimas de esta modalidad fueron hombres. La proporción entre hombres y mujeres ha aumentado, pues antes de 2017 eran más las mujeres explotadas laboralmente. La edad más frecuente de los explotados se sitúa entre los 23 y los 32 años, mientras que las nacionalidades más afectadas son Rumanía, España y Marruecos.

Un tercio de las investigaciones emprendidas en 2020 estaban vinculadas al sector agropecuario, donde se concentran el 58% de las víctimas. La tendencia en el número de detenidos por trata laboral ha ido en aumento hasta el año 2018, suponiendo un incremento del 36% en 2017 respecto a 2016, y el 112 % en 2018 respecto de 2017. Sin embargo, en 2019 disminuyó un 28% hasta alcanzar el total de 52 detenidos, manteniéndose similar en 2020 con 55 detenidos.

El 83% de los arrestados son hombres, siendo las nacionalidades más características la española y la rumana. En el caso de la captación, siempre es un valor añadido el hecho de que la persona que trata de contactar con la víctima sea de la misma nacionalidad que ella, lo que genera confianza en la misma. Por ello, año tras año se observa bastante similitud entre las nacionalidades de las víctimas y los autores del delito.

Mendicidad y matrimonios forzosos

El resto de finalidades de la trata de personas, singularmente la mendicidad forzada, la comisión de actividades delictivas y los matrimonios forzosos, no presentaron datos demasiado significativos en los últimos años. Dice Interior que la escasa repercusión de estas otras finalidades en las cifras totales de víctimas y detenidos se explica, en cierta medida, por la dificultad de detección de estas actividades lo que requiere de un esfuerzo adicional por parte de los actores involucrados en la misma y de una mejora de su capacitación y sensibilización.

El CITCO incorporó a sus informes de situación datos sobre estas tres finalidades en 2016 y desde entonces el número total de víctimas identificadas comunicadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido de 90. De éstas, 41% han sido detectadas en el año 2019, principalmente para la comisión de actividades delictivas, en su mayoría de nacionalidad rumana, seguido de la mendicidad forzada.