Las diez grandes demandas del sector agrario

Los agricultores sevillanos se suman este martes 25 a las movilizaciones que se iniciaron en el sector a finales de enero, y que han colocado los problemas de la actividad primaria en el primer plano de la agenda política.

Esta semana, las organizaciones agrarias han presentado a los grupos del Congreso de PP, PSOE y Cs una completa tabla reivindicativa con múltiples demandas, facilitada a este periódico por Asaja Sevilla. Han pasado de poner el foco en cuáles son sus problemas a hacerlo en las soluciones. Y piden al Gobierno que actúe y lo haga ya. Sus peticiones sobrepasan las competencias del Ministerio de Agricultura, y por eso piden coordinación entre ministerios, bajo el liderazgo, eso sí, del ministro del ramo, Luis Planas.

1. La reforma de la cadena alimentaria

Es la primera medida que proponen y la que parece más cerca de materializarse, ya que el Gobierno la abordará en el Consejo de Ministros del martes. Los agricultores proponen, entre otras cosas, la prohibición por abusiva de la venta a pérdidas en toda la cadena, una medida difícil de implementar si no se quiere contradecir la normativa europea; que en los contratos entre agricultores y el primer eslabón de la cadena se usen como referencia los costes de producción; un régimen sancionador ejemplarizante en el que las multas sean automáticas y con nombres y apellidos; el establecimiento de la figura de un mediador que dirima en las disputas entre productores y primeros compradores; y el reconocimiento de las asociaciones agrarias como entidad denunciante ante el Aica, el organismo que lleva a cabo las inspecciones e impone las multas. También piden que la administración tenga registro de los contratos, con fecha incluida, para controlar su cumplimiento, identificar claramente el origen de los productos y que en el punto de venta pueda ser visto claramente por el consumidor. Y, por último, simplificar la normativa para que el agricultor pueda vender directamente al consumidor, especialmente en el ámbito digital.

2. Fortalecer los seguros agrarios

Las asociaciones agrarias consideran necesario recuperar el nivel de aportaciones públicas, que han descendido un 35% respecto al periodo 2007-2012, cuando llegaron a situarse en 420 millones. Piden, incluso, aumentar esta cifra para universalizar el seguro, y contemplar nuevas realidades como el cambio climático, que ha incrementado los eventos imprevistos. También exigen la creación de una entidad de asesoramiento vinculada a las organizaciones de productores que ayude al agricultor o ganadero a realizar las contrataciones y las peritaciones más problemáticas.

3. Una PAC fuerte y común

Ésta es una política que depende de los acuerdos europeos y en la que el Gobierno español es sólo un actor más. Para los agricultores es "una línea roja" el mantenimiento de una PAC con un presupuesto fuerte, mayor incluso que el actual para hacer frente a desafíos como el cambio climático y la revolución verde. Piden, además, que esta política siga siendo común. "Desmantelarla o renacionalizarla tendría consecuencias imprevisibles para la delicada economía agraria, para nuestras comunidades y para el medio ambiente; y también pondrá en peligro el valor añadido que supone contar con un mercado único", dice el documento.

4. Reducción del gasto energético

Es una reivindicación histórica. Según los agricultores, tras la desaparición de las tarifas especiales de riego en 2008, la tarifa eléctrica se ha incrementado un 100% y el término de potencia un 1.200%. Piden, sobre todo, contar con dos potencias eléctricas a lo largo del año, ya que la temporada de riego dura apenas seis meses y el resto del año pagan cantidades desorbitadas para la energía que utilizan. Ya el Gobierno de Rajoy incluyó la medida en la ley de medidas urgentes contra la sequía en marzo de 2018, pero después no hubo desarrollo reglamentario, lo que ha impedido la aplicación de la medida. También proponen, como figuraba en esa ley, deducciones para el autoconsumo y que en este caso el balance entre la energía producida y la consumida se haga de forma anual, y no en tiempo real. Ademas, reclaman inversiones públicas no sólo para promocionar el autoconsumo sino el suministro con energías renovables y la eficiencia energética; y terminar las obras pendientes en desaladoras para permitir rebajar el precio del agua procedente de estas instalaciones.

5. Medidas fiscales

Lo primero que piden es no modificar lo que consideran que funciona bien: el régimen de estimación objetiva o por módulos, por el que se paga no en función de cómo va el negocio sino una cantidad fija calculada a partir de una serie de indicadores. También ven necesario que continúe el régimen especial del IVA para agricultores y ganaderos a la hora de vender sus productos. En el capítulo de mejoras, apuestan por reducir un 35% la factura del gasóleo y un 15% la de plásticos y fertilizantes en el sistema de módulos; aplicar un índice corrector en el caso de contratación de mano de obra, y poder incrementar un 15% los gastos de difícil justificación. Aparte, piden un 85% de exención para los ganaderos en el impuesto de electricidad; un IVA reducido para los consumos energéticos; considerar ayudas de capital las primas para la incorporación de jóvenes y que las cesiones de derechos a ayudas entre familiares de primer grado tengan el mismo trato fiscal que las cesiones de tierras.

6. Líneas de crédito para sectores en crisis

Es el punto en el que menos se extienden las organizaciones agrarias. Se refiere a activar "líneas de crédito para sectores en crisis". Puede ser el caso, por ejemplo, del olivar, sobre todo el tradicional.

7. Compensación del alza del SMI y las cotizaciones sociales

En el documento se explica que la subida del salario mínimo del 22% en 2019 y del 5% de 2020 ha elevado los costes laborales en 339,22 euros al mes, 4.070,64 al año, "lo que pone en riesgo no sólo la rentabilidad de muchas explotaciones -sobre todo pymes- sino su propia supervivencia". Como es imposible repercutir esta subida en los precios -por la competencia de terceros países- piden una reducción de las cuotas a la seguridad social, que también se han elevado estos dos años. Concretamente, solicitan que el alza pase del 34% del periodo 2018-2020 al 14%. Y, además, que se cotice por el tiempo real trabajado -y no por jornada completa, como sucede ahora-, que haya deducciones para la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos y también para los autónomos que contraten mano de obra.

8. Control de los acuerdos comerciales con terceros

Es quizás el tema que más preocupa a los productores y primera causa del hundimiento de los precios, ya que llegan de fuera productos con costes mucho más bajos. Su abordaje es más europeo que español. Lo que proponen los agricultores y ganaderos es: imponer a estas importaciones los mismos requisitos de fitosanitarios que en la UE; establecer a nivel europeo normas comunes sobre el etiquetado que ofrezcan información y transparencia al consumidor; garantizar el cumplimiento de los contingentes y precios de entrada fijados en los acuerdos comerciales (aquí es donde el Gobierno y las comunidades pueden hacer más), evaluar el impacto real de cualquier convenio con un tercero antes de firmarlo; y vetar importaciones -a través de cláusulas de salvaguarda- cuando en un determinado sector haya una crisis de mercado.

9. Concienciación de la sociedad

El sector está preocupado por el desconocimiento de la sociedad sobre lo que hacen, su contribución social -el suministro de alimentos de calidad con garantías sanitarias-, medioambiental e incluso poblacional, ya que el agricultor contribuye a mantener vivo el medio rural. Por eso pide "implementar una campaña que acerque la realidad productiva del campo a los consumidores". "Se hace necesario adoptar medidas para explicar el modo de producción europeo, su calidad y las elevadas cotas de seguridad alimentaria. Es preciso poner en marcha una campaña de dignificación del agricultor y ganadero", afirma el documento.

10. Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del regadío

En su interlocucion con el Gobierno, piden que se potencie la modernización del regadío para que sea más sostenible en el uso del agua y la energía, y aumentar el uso del agua regenerada en las explotaciones, para lo que es necesario un volumen mayor de depuración de aguas residuales.