Los trabajadores de los equipos de menores de servicios sociales de Sevilla, al "límite"

Antonio (nombre ficticio) tocó fondo hace algunas semanas. Su cuerpo, pero sobre todo su mente, no aguantaban más y, tras otra dura jornada de trabajo en un centro municipal de servicios sociales, tuvo que ser trasladado a un centro sanitario con un ataque de ansiedad. María (igualmente, nombre falso) se encuentra de baja tras la aparición de una eventualidad en su estado de salud que, según consta en el parte de la baja médica, es consecuencia de una extrema situación de estrés. Son sólo dos ejemplos, quizás de los más extremos, pero entre la plantilla municipal dedicada a estos servicios, a nadie se sorprende.

La situación de los equipos de menores de los servicios sociales comunitarios en Sevilla es crítica, con personal insuficiente para una carga de trabajo que no ha parado de crecer en los últimos años, y que ha evidenciado todavía más las costuras de la red. Lo denuncian los propios trabajadores, que reclaman a los responsables del Ayuntamiento una actuación para absorber las necesidades crecientes de un colectivo cuya realidad y problemáticas se han vuelto cada vez más complejas; y ha quedado recogido oficialmente por el servicio de prevención de Riesgos Laborales que, tras su última evaluación psicosocial a esta plantilla, concluyó que la carga actual de trabajo asumido por la misma es “intolerable”.

“Hemos llegado al límite, no se puede seguir mirando para otro lado. La realidad familiar y social ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años. Las familias, los modelos de familia y las problemáticas en las mismas han ido volviéndose cada vez más complejas”, afirma el delegado de CSIF en Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Ruiz García. El sindicato ha decidido dar un paso al frente y denunciar un malestar que lleva demasiado tiempo fraguándose. Para ello ha elevado recientemente un informe al gobierno municipal, dirigido al delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, al delegado de Servicios Sociales y al director de RRHH, en el que se detalla una situación es “crítica y terminal”.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla han sido en los últimos años uno de los grandes caballos de batalla de la gestión municipal. De uno u otro color político, los gobiernos locales han tenido que hacer frente a las quejas de los usuarios que ven cómo, a pesar del esfuerzo de la plantilla, crecen unas listas de espera generadas por esa falta de personal. El problema se acentúa en los equipos que trabajan con familias y menores en vías de resolver situaciones en las que hay de por medio violencia intrafamiliar, ya sea física o psicológica, bullying, problemas en el colegio, consumo de drogas, absentismo... Su función es desarrollar un proyecto de intervención familiar multidisciplinar, pero que, por esa falta de profesionales conlleva una asunción de responsabilidades individuales “que van en contra de la ley” –denuncian– pero de las que depende “que se produzcan cambios en la vida de un menor que está en situación de riesgo”, argumentan.

“Que las plantillas sean precarias está afectando a la población más vulnerable de la ciudad, que son los niños y adolescentes en posible situación de riesgo o en riesgo de exclusión social”, explican algunos de los trabajadores consultados. Una situación “agravada por la injustificada prolongación de los procesos de estabilización, la falta de personal y las bajas por incapacidad temporal y vacantes sin cubrir”, critican.

Equipos incompletos

Desde CSIF recuerdan que el fracaso escolar, la violencia en las aulas y la sociedad, el acoso escolar, menores en conflicto con la ley, las nuevas adicciones, conflictos intergeneracionales, conflictos entre iguales, violencia de género o los conflictos en las separaciones son nuevas circunstancias que han sido depositadas en los servicios sociales comunitarios a través de las nuevas leyes que se han ido aprobando en los últimos años, pero que, sin embargo, “las plantillas son las mismas”. “Están confeccionadas para unos servicios sociales de hace prácticamente dos décadas. Tenemos unos servicios sociales con una plantilla del siglo pasado para una sociedad del siglo XXI. Básicamente tendría que triplicarse para poder hacernos cargo de todo el trabajo que se nos encomienda”, añade Ruiz García.

En todas estas nuevas normas hay un elemento que es común: la necesidad de una intervención interdisciplinar conjunta entre el trabajador social, el psicólogo y el educador social. Son las tres figuras que deben componer los equipos de menores de los servicios sociales comunitarios para hacer una valoración del caso y tomar decisiones siempre de forma colegiada.

“No se cumple”, critican desde CSIF. “Sólo hay tres centros de servicios sociales comunitarios en Sevilla de los 14 que existen con las tres figuras recogidas por ley activas. Hay centros donde no cuentan desde hace muchos meses con la figura del educador social o, por el contrario, se le encarga a esta figura profesional la detección, valoración e intervención de menores en riesgo casi en exclusividad. En otros centros de trabajo esta función queda en manos de la psicóloga. En buena parte de los centros de trabajo la figura del trabajador social queda relegada de estos equipos ya que deben atender la desmesurada demanda de ayudas sociales a las que se tiene que hacer frente desde los servicios sin la posibilidad de involucrarse realmente en el análisis, valoración y puesta en marcha de un proyecto de intervención familiar para remover los indicadores de riesgo y potenciar la parentalidad positiva”, aseguran. “Nos han echado para atrás informes de desamparo de menores por la falta de la firma de los tres profesionales que son necesarios. Eso pone a los niños en una situación de desprotección brutal”, añaden.

En primera persona

Bajo un nombre ficticio por temor a represalias por parte de la Administración local, que aseguran, ya es conocedora de este problema por reiteradas quejas, Estefanía forma parte de uno de los equipos básicos de infancia de los servicios sociales comunitarios de la ciudad que ha puesto negro sobre blanco el sentimiento mayoritario de la plantilla. En declaraciones a este periódico explica cómo ha llegado al límite de sus fuerzas. Forma parte de una plantilla en la que, actualmente, faltan cinco profesionales. Explica que de dos educadores falta uno y de los ochos trabajadores sociales aginados al centro, sólo hay cinco, y una de ellas está de baja.

“Es una situación bastante alarmante. Yo diría que la falta de personal es algo casi crónico en el Ayuntamiento. Lo que creo que ocurre con los servicios sociales es que se ha triplicado el trabajo y, no sólo es que no se cubran las vacantes que quedan libres por baja, jubilación o traslados, sino que eso hace que los que quedemos tengamos que soportar toda la carga de trabajo de un centro. Tratamos con situaciones de emergencia grave que hay que resolver de manera inmediata y eso hace que nuestro trabajo se convierta en una prioridad urgente estemos tres trabajadores o uno solo y de ahí que el nivel de estrés que se alcanza sea bastante alto”, asegura.

María del Carmen (también nombre ficticio) es trabajadora social en otro centro de servicios sociales al norte de la ciudad. También trabaja en los equipos de menores. Reconoce que la falta de personas que sufre la plantilla no es un problema de ahora. “Es un problema estructural del Ayuntamiento de Sevilla que llevamos años arrastrando”, afirma. Bajo su experiencia, presiente que todavía puede ir a peor y alerta de una “tendencia a la privatización de los servicios” como la responsable de que cada vez se creen menos puestos. “Estamos ante una situación alarmante y esto hace que se creen listas de espera que se podrían evitar”, afirma.

El centro donde trabaja es un claro ejemplo de la “desidia”. Cuenta que durante un año y medio estuvieron trabajando sin psicóloga tras la jubilación de la anterior y que, sólo se consiguió cubrir esa vacante, por la liberación sindical del educador social, que hacía que, en no pocas ocasiones, se quedara ella sola con toda la carga. “Nos trajeron a una psicóloga, pero cuando el educador social está liberado, seguimos con el equipo incompleto. Así que estamos en la misma circunstancia”, afirma. La trabajadora social añade que, a la falta de personal, se suma también”una falta de planificación y organización”. “Al final los que quedamos suplimos la función de educador cuando está liberado y estamos yendo a los centros educativos y trabajando con los adolescentes. Llega un momento en que esta situación nos agota”, manifiesta.

Aumento de las agresiones

Los trabajadores denuncian, igualmente, problemas por falta de medios y recursos técnicos. “Hablamos de equipos informáticos, fotocopiadoras y scanners que se estropean con mucha facilidad, hay compañeros que no tienen móviles de empresa y tienen que utilizar su número personal para funciones propias del trabajo, correos electrónicos que se saturan con mucha facilidad o despachos para las entrevista que no están adaptados a las necesidades de los menores”, asegura los delegados sindicales de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla. Una situación que, en su opinión, “agrava la ya penosa responsabilidad de estos profesionales a la hora de realizar su trabajo”.

A pesar de las constantes críticas, y de que, según CSIF, les consta que se están dando las instrucciones para que los centros de servicios sociales comunitarios se vuelvan a constituir los equipos básicos de menores, los trabajadores aseguran que la realidad dista mucho de esa teoría.

“La valoración de una situación familiar por un solo profesional, además de ir en contra de la ley, implica un desgaste emocional y un daño psicológico tremendo en los profesionales ya que, cuatro, o seis ojos ven más que dos y la toma de decisiones está muy mediada por las experiencias personales y el perfil profesional, por lo que por el bienestar de los menores, sus familias y la salud de los profesionales, esta forma de trabajar debería ser descartada desde ya”, sentencian desde CSIF

“Somos personas comprometidas con nuestro trabajo y, al final, siempre sale adelante, pero llega un momento en el que ya no podemos más con este ritmo”, añaden los trabajadores entrevistados, que apuntan al aumento de otro problema: la violencia.

“Tratamos con un perfil de personas muy necesitadas, no sólo a nivel económico, también en un perfil más psicológico. Necesitan que se les escuche y dedique un tiempo que, con el panorama actual, es imposible.

No se justifica, pero cuando a una persona se le dice en varias ocasiones que no se le puede atender, que vuelva en otro momento, puede generar una reacción agresiva y eso puede estar detrás del aumento de ese tipo de respuestas que estamos sufriendo, con amenazas de muerte incluidas”, concluyen.