Los estudiantes de la Universidad de Sevilla se 'rebelan' contra los exámenes presenciales

El nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla (US), con el que Miguel Ángel Castro afronta su segundo mandato como rector, tomará este viernes posesión de su cargo en un ambiente crispado por las críticas estudiantiles a los exámenes presenciales de febrero, que, por ahora, se mantienen pese al alarmante incremento de contagios por Covid y a las distintas vías por las que han optado la mayoría de las universidades andaluzas.

Se desconoce si Castro aludirá a este polémico tema en su discurso de investidura. El pasado miércoles, cuando tomo posesión en el Palacio de San Telmo ante el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el consejero de Universidades, Rogelio Velasco, no mencionó en ningún momento esta cuestión. Moreno, eso si, pidió a la comunidad universitaria "comprensión" ante las decisiones que tomen los equipos directivos de las instituciones académicas.

Este mutismo ha llegado a exasperar a los universitarios, que ayer esperaban que la US se pronunciara sobre el formato de exámenes del primer cuatrimestre. De hecho, se mantuvo una reunión con los directores de centros y decanos de facultades para llegar a un acuerdo. Oficialmente no ha trascendido nada y las fuentes oficiales de la Hispalense se remiten a un comunicado que enviarán esta tarde. Pero algunos de los presentes en esta cita aseguran que todo se mantiene como estaba previsto: máxima presencialidad en las pruebas.

Una decisión que no tiene en cuenta la opinión de los estudiantes, expresada en una encuesta elaborada por el Cadus (el consejo de alumnos), donde el 85% de los participantes se muestra a favor de exámenes on line en las actuales circunstancias.

Todo ello después de que la US tuviera que dar marcha atrás en su intento de regresar al modelo semipresencial con el que arrancó este curso. Sólo unas jornadas han durado en algunas facultades las clases bimodales, lo que ha añadido más incertidumbre a una situación en la que los estudiantes piden que se prime la salud sobre la garantía de no cometer fraude en la evaluación.