Los titulares de los terrenos son varias empresas, ramas familiares y una hermandad

Los terrenos de San Nicolás Oeste forman una bolsa de suelo situada entre la barriada de Valdezorras y el aeropuerto de San Pablo. Ocupan una superficie de 1,4 millones de metros cuadrados. No hablamos pues de una operación urbanística menor, sino de una especie de distrito comercial dentro de la ciudad. Un nuevo barrio entero a construir al Este de Sevilla.

La instalación de Ikea en estos suelos multiplica su valor de forma exponencial. De ahí que su desarrollo sea un negocio millonario. Esto justifica el interés de la división inmobiliaria de la multinacional sueca, que obtendrá los grandes réditos no por la apertura de su tienda, sino por la explotación del resto de superficies comerciales asociadas a su actividad comercial. A más metros cuadrados, mayores ingresos. Más dinero.

¿De quiénes son estos terrenos? ¿Quién se beneficia con su recalificación urbanística? Contestar a esta cuestión implica distinguir tres grupos de beneficiarios. En primer lugar están los titulares registrales del suelo. Según los datos municipales, son hasta 21 entidades -personas físicas y jurídicas, sobre todo- las que tienen algún derecho sobre los suelos. En su mayoría son sagas familiares dueñas de las antiguas tierras de labor de la periferia de la ciudad, empresas constituidas ex profeso para la actividad urbanística, una fundación, una comunidad de bienes y propietarios particulares. Incluso una entidad benéfica: la Hermandad de La Caridad, institución fundada en el siglo XVII por el "siervo de Dios y venerable Miguel de Mañara". Hay otros propietarios menores, entre ellos administraciones titulares de veredas y antiguos caminos rurales.

El desarrollo urbanístico de los suelos está promovido por los 16 más importantes, que representan a casi el 90% de la propiedad. Con ellos se firmaron en su día los convenios urbanísticos hechos dentro del marco del Plan General. Los propietarios se quedarían con el 90% de las plusvalías urbanísticas de toda la operación inmobiliaria (el 10% es por ley para el Consistorio). Las venden a Ikea. A cambio deben pagar parte de los sistemas generales del sector. Esta aportación se fijó en 19 millones de euros.

Las negociaciones con Urbanismo, sin embargo, no se han llevado por separado. Empezamos a hablar de intermediarios: empresas o particulares encargados de conseguir la transformación del suelo para sus nuevos usos. El principal interlocutor con Urbanismo en este caso ha sido la empresa Gea 21. El procedimiento habitual es que este intermediario jurídico adquiera una opción de compra de los terrenos condicionada a la venta de parte de los mismos a un gran operador comercial. Un ovillo que termina cuando aparece la multinacional Ikea.