DEPORTE
Sevilla, preparada para la Carrera Nocturna

Los taxistas critican los "novelescos atestados" en la causa judicial

La defensa alerta de una "investigación prospectiva" para buscar delitos de forma "desesperada"

El presidente de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, cuando compareció en los juzgados en diciembre. / Víctor Rodríguez
Jorge Muñoz

21 de marzo 2018 - 02:37

La defensa del presidente de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, y del tesorero de la asociación, Antonio Velarde, ambos imputados en la macrocausa judicial abierta contra la mafia del taxi en Sevilla, ha criticado los "novelescos atestados" que a su juicio está elaborando la Policía en relación con el caso y ha alertado a su vez de una "investigación prospectiva en la búsqueda desesperada de delitos".

El abogado Simón Fernández Rebollo, que representa a ambos taxistas, ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, en el que solicita a la juez que acuerde la "investigación policial a los hechos objeto de la causa y a su espacio temporal". Según el letrado, con los atestados que está remitiendo la Policía se está creando una "imagen criminal agravada", por cuanto se están solicitando unos mandamientos dirigidos a las entidades bancarias "sin cota o delimitación temporal", en relación con la solicitud de las cuentas bancarias de los investigados.

Reclaman a la juez que limite la "investigación policial" a los hechos objeto de esta causa

La defensa entiende que de esta forma se está "excediendo el ámbito del proceso" y teme que se esté dando entrada, "de forma velada, a la tan indeseable investigación prospectiva, de suerte que se pretende por la fuerza actuante encontrar delitos a toda costa en vez de investigar delitos de los que se tiene constancia o al menos notitia".

Recuerda que de los 27 investigados en la macrocausa por la mafia del taxi, "sólo siete" aparecen relacionados con la asociación Solidaridad del Taxi y "a pesar de ello y de que el propio atestado reconoce que se trata de actos generalizados en el gremio (en todo el colectivo) y no exclusivos de una u otra asociación, se decide, porque sí, centrar una investigación sólo en esta asociación".

El letrado Simón Fernández relata que en los atestados se llegan a recoger denuncias de los años 2003, hace 14 años, e incluso "se elaboran novelescos atestados con elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio". "Tómese como ejemplo el supuesto calendario particular del 'grupo organizado', desmentido por el informe emitido en días pasados por el Instituto del Taxi; o las cábalas sobre la boda de mi mandante para ofrecer como sospechoso que un concejal concreto casara a éste hace unos años, atenuando e incluso silenciando en esa información, eso sí, los enfrentamientos públicos aunque pacíficos entre estas dos personas y el hecho ridículo de que nunca el señor Filgueras iba a negar quién ofició su boda civil".

Para la defensa, son estas "pequeñas pinceladas de lo que se advierte en la causa que, insistimos, carece de base alguna para el delito investigado y que de no remediarlo Su Señoría se convertirá con toda seguridad en una investigación prospectiva en la búsqueda desesperada de delitos", sostiene.

Asimismo, considera que se le está ofreciendo a la juez instructora una "información sesgada como se advierte de los propios interrogatorios en los que se pone en duda lo que de forma documental y pública está al alcance de la fuerza actuante". Así, explica que desde que se produjo el registro policial en la sede de Solidaridad, por parte de los investigadores "se han ido sucediendo repetitivos y seriados oficios de información sobre el resultado de aquél" en los que "llama la atención la deliberada ocultación de documentos que obraban en las oficinas tanto en papel como en los registros informáticos", citando por ejemplo facturas por la contratación de publicidad en los que se acredita el importe que percibía la asociación y que "dista mucho de los miles de euros mensuales que no sabemos quién ha indicado" a la juez.

A un notario no le sirvieron en el local porque iba con el 'traje' propio

En uno de los oficios remitidos por la Policía a la juez se da cuenta del "sabotaje" de los servicios públicos del aeropuerto de Sevilla, después de que la dirección del aeródromo rescindiera en julio pasado el contrato de alquiler del local que Solidaridad del Taxi tiene para uso de almacén en las instalaciones de San Pablo. En ese oficio se acompaña un acta de un notario al que, según la Policía, no le sirvieron en dicho local -que debía ser para uso exclusivo de los socios- porque el fedatario público iba con el traje propio del notario. La visita del notario se produjo a raíz de que el aeropuerto iniciara una serie de inspecciones en las que constató que el local alquilado estaba siendo usado de forma irregular, sirviendo bebida y comida a terceros e incluso diferenciando precios para socios y no socios. El notario fue al local y al pedir una consumición a la camarera recibió como respuesta que se trataba de una asociación que sólo atendía a sus asociados. La peculiar explicación que da la Policía en el atestado a la negativa a servir a esta persona consiste en que los directivos, socios y empleados del bar estaban al tanto de las acciones de la dirección del aeropuerto y el notario "no es una cara habitual del lugar" y además "iría vestido con ropa muy característica del rol y estatus propio de un notario, por lo que la negativa a servir una consumición a cualquiera que pudiera ser directivo de Aena, policía de paisano o persona que pudiera constatar la venta a terceros, estaba convenida de antemano" (sic), concluye el atestado de la Brigada de Información de la Policía Nacional.

14 Comentarios

Ver los Comentarios

También te puede interesar

Lo último