El juez suspende la licencia de las Atarazanas hasta que se resuelva el juicio

"Es indudable que de ejecutarse la obra y dictarse una hipotética sentencia estimatoria el daño ya se habría hecho y sería imposible de reparar". Éste es uno de los argumentos esgrimidos por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 de Sevilla para suspender cautelarmente la licencia de obras de las Reales Atarazanas mientras se resuelve el procedimiento judicial principal. El juez estima el recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía (Adepa) contra la concesión de la licencia de obras por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento y contra la Consejería de Cultura porque la licencia "no puede otorgarse sin el previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".

En el auto, el juez señala que procede acordar la suspensión de la licencia puesto que la obra "causaría perjuicios irreversibles en el edificio", y que de ser iniciada, pero prosperar el recurso de Adepa, "el recurso perdería la finalidad al pretender la protección y conservación del edificio, que no se podría asegurar". Adepa hacía énfasis en su recurso en la "irreversibilidad" de las actuaciones, sobre todo en la fase inicial de refuerzo de la cimentación. Los conservacionistas, además de denunciar el daño que estas actuaciones podrían conllevar al antiguo astillero, estiman que la licencia es nula puesto que contempla, según sus cálculos, un aumento de la edificabilidad de 1.045 metros cuadrados, por lo que se tendría que haber realizado un plan especial.

El juez, aunque sostiene que no es el objeto de la resolución la valoración arquitectónica del proyecto, ni examinar la legalidad del mismo, sostiene que hay que estimar los daños que causarían en el edificio los 289 micropilotes que reforzarían la cimentación o las 128 perforaciones que se realizarían sobre las pilastras. "La circunstancia de que sea reversible y que se puedan extraer las varillas y los micropilotes no supone que no quede rastro en las mismas y que no incida sobre las estructuras existentes. En este supuesto, la reversibilidad sí afecta al edificio y, en concreto, al principal elemento digno de protección que son las pilastras del siglo XIII. La extracción de las 128 barras de las pilastras y los 289 micropilotes dejarían inevitablemente huella sobre el edificio que quedaría marcado para el futuro".

En la misma línea, el juez señala los "posibles daños" que podrían causar las perforaciones para introducir los micropilotes y, a su vez, estos elementos en los yacimientos arqueológicos que podrían ser destruidos.

El presidente de Adepa, Joaquín Egea, mostró a este periódico su enorme satisfacción por la medida adoptada por el juez: "Hoy es como si fuera el día de Adepa. Llevamos muchos años denunciando y peleando para que se respete la normativa". En un comunicado, Adepa asegura que espera que esta suspensión cautelar termine en una sentencia contraria al proyecto redactado por Guillermo Vázquez Consuegra. "Si nos fuera favorable, presentaríamos una denuncia penal contra los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta de Andalucía, especialmente los miembros de la Comisión de Patrimonio, que, a pesar de su manifiesta ilegalidad, aprobaron este proyecto, como muchos otros parecidos en Sevilla".

La asociación de defensa del patrimonio lamentó profundamente la falta de diálogo durante todo el proceso, con la Junta de Andalucía como propietaria del edificio, Vázquez Consuegra, La Caixa como promotora y el Ayuntamiento como administración que otorga la licencia. Adepa es especialmente crítica con el delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz: "Mención aparte merece su actitud, despreciativa con todo lo que significa Adepa". Pese a ello, Egea sostuvo que tienden de nuevo la mano a La Caixa y a las administraciones para llegar a un acuerdo que modifique el proyecto "en aquello que incumple la normativa y que no valora por encima de todo al edificio". "Nuestro sueño sigue siendo unas Atarazanas como gran centro cultural de Sevilla, atrayendo por lo que es, además de por lo que exhibe. Excavada hasta sus cimientos para ser la tercera gran Catedral de esta ciudad, junto a la religiosa y la militar, que es la Fábrica de Artillería".

Desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía indicaron a este periódico que respetaban el auto, que ya estaba en estudio por parte de sus servicios jurídicos. Por su parte, el Ayuntamiento no quiso emitir valoración alguna. Este periódico no pudo contactar con Vázquez Consuegra al encontrarse en Italia.

Las claves

Proyecto. Diez millones de euros de inversión. El diseño plantea restaurar y adaptar como centro cultural el recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX. El proyecto, con una inversión de 10 millones, vincula el edificio con la relación entre Sevilla y América. Conllevaría la creación de una gran plaza pública a la que se accedería desde la calle Dos de Mayo.

Restos arqueológicos. Criticas por no recuperar la cota inicial. Tras las críticas de los conservacionistas, la Consejería de Cultura y la Fundación La Caixa anunciaron que el proyecto incorporará una excavación en la parte de la muralla almohade con una superficie de 1.200 metros cuadrados, que permitirá la recuperación integral de la muralla hasta la cota original de las atarazanas primitivas. Entidades como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés) e Hispania Nostra también han criticado el proyecto.

Críticas. Participa celebra el auto emitido por el juez. Susana Serrano, portavoz de Participa Sevilla, señaló ayer que espera que la resolución sirva para garantizar la conservación del monumento. "Ya es hora de que escuchen todas las críticas razonables que hemos hecho y respeten al edificio civil más importante de la ciudad".