El supuesto error de Alaya precipitó la operación policial

Un supuesto error de la juez Alaya desató este lunes la segunda fase de la operación Madeja, que la magistrada no tenía previsto iniciar por el momento, sino que se iba a desarrollar en el futuro y de una manera más amplia. El origen de las nuevas detenciones y registros practicados este lunes por la Guardia Civil está en el auto dictado recientemente por la juez y en el que prorrogaba por quinta vez el secreto de sumario que pesa sobre esta causa desde que en julio pasado fueron detenidos Domingo Enrique Castaño, su mujer, y los empresarios de Fitonovo y Fiverde. En ese auto, Alaya revelaba que se habían pinchado una serie de teléfonos de Fitonovo y de varios funcionarios municipales.

En concreto, la instructora explicaba en la resolución que el 21 de octubre se acordó la "intervención, grabación y escucha de ocho líneas telefónicas utilizadas por directivos y empleados de la entidad Fitonovo S. L., así como por funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla, habiéndose acordado con fecha 5 de noviembre pasado la intervención de dos líneas más".

De esos pinchazos, proseguía la magistrada, se han obtenido "importantes datos para la investigación en curso, habiéndose procedido a la entrega en este juzgado de DVD conteniendo las conversaciones interceptadas así como transcripción de las que resultan relevantes para el esclarecimiento de los hechos".

Alaya también explicaba que los investigadores estaban a la espera del resultado de los datos contenidos en un tablet intervenido a Domingo Enrique Castaño, así como del volcado de otros dispositivos informáticos intervenidos en esta causa, "datos que pudieran ser de interés para la investigación y de los que se derivarían nuevas diligencias".

La juez advertía que la prórroga del secreto se producía sobre todo por las intervenciones telefónicas y las nuevas diligencias, puesto que si se levantaba el secreto "podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada anulando la eficacia de la acción policial y judicial".

Ese auto fue notificado al fiscal y a todas las partes personadas en la causa, y cuando trascendió públicamente, el pasado domingo, la juez Alaya movilizó a todos los funcionarios, a los que hizo trabajar hasta las cuatro de la madrugada de este lunes, para llevar a cabo todos los preparativos de los registros practicados y los mandamientos y autorizaciones judiciales necesarias.

Algunas fuentes del caso apuntan a que la magistrada ha asegurado que dio instrucciones de que únicamente se notificara la "parte dispositiva" del auto de prórroga del secreto de sumario y no la totalidad de la resolución, donde se recogían las intervenciones telefónicas, de lo que se desprende que la instructora podría haber responsabilizado a los funcionarios de su juzgado del hecho de que finalmente trascendiera esos detalles concretos de la investigación. El secreto de sumario obliga a que sólo la juez y el fiscal puedan tener acceso al resultado de las investigaciones que se desarrollan con el más absoluto sigilo para, precisamente, no perjudicar el resultado de las pesquisas policiales.