El tribunal niega irregularidades en las oposiciones de la Policía Local

Los seis miembros del tribunal acusados de filtrar el examen a un grupo de aspirantes a policías locales de Sevilla han negado este martes que cometieran ninguna irregularidad en las pruebas de acceso al cuerpo. Los seis han comparecido en la primera jornada de declaraciones del juicio que se sigue contra 45 personas, 37 de ellas policías locales acusados de acceder de forma fraudulenta a sus puestos, en el juzgado de lo Penal 10 de Sevilla. Todos ellos han respondido sólo a las preguntas de sus abogados defensores y se han acogido a su derecho de no responder ni a la fiscal ni a los letrados de la acusación particular.

El presidente del tribunal de las oposiciones, el superintendente Juan José García, ha prestado declaración durante aproximadamente tres horas. Su testimonio ha sido especialmente prolijo, ha detallado con exhaustividad cómo se celebraron las dos pruebas de acceso que se investigan, una de 47 plazas y otra de 56, y ha insinudado que la única persona que pudo filtrar el examen en esta última oposición fue una funcionaria de la Junta, precisamente el único miembro del tribunal que no está acusada.

Esta funcionaria, según ha declarado García y han corroborado otros acusados después, se llevó una copia del examen del supuesto práctico a su casa para revisarlo e incluir después unas preguntas relacionadas con la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, materia en la que la Junta tiene las competencias y razón por la que había una funcionaria de la administración andaluza en el tribunal.

Los miembros del tribunal habían quedado para elaborar el examen, pero esta funcionaria no había tenido tiempo de preparar nada, así que se llevó en un pen drive lo que habían preparado ya el propio superintendente y un subinspector. Otro de los acusados, un funcionario del Ayuntamiento, ha admitido que ha sido la única vez que ha visto a alguien llevarse las preguntas a su casa en más de 30 años de carrera, en los que ha participado en cientos de procesos de selección de personal para el Ayuntamiento de Sevilla.

El superintendente, cuya declaración era sin duda la más esperada, se ha mostrado tranquilo, sereno y llevando el peso del interrogatorio por delante incluso de su abogado. Ha recurrido a la legislación vigente para desmontar las erratas que dicen los investigadores que había en los exámenes, y que habrían sido copiadas por los aspirantes que tenían una copia de las preguntas.

"Nadie me ha preguntado en todo este proceso de dónde salieron las preguntas del examen", ha dicho García, que ha insistido en que todas las preguntas y las respuestas están en los manuales de opositores, por lo que es muy posible que los que respondieron de forma correcta no es que copiaran, sino que habían estudiado siguiendo los mismos manuales de los que se sacaron las cuestiones.

El superintendente ha dedicado más de media hora a hablar sobre el Grupo Especial de la Policía (Gepol), que ha dirigido la investigación sobre este asunto. García ha precisado que los miembros de este grupo le tienen una especial inquina porque él se encargó de controlar sus horarios de trabajo y dejó de firmar sus nóminas, en las que se incluían productividades de fines de semana, Semana Santa, Feria y Navidad que no habían trabajado en la calle. Además, hizo que retiraran a uno de sus miembros el plus de escolta que percibía, de unos 700 euros mensuales.

También ha dicho que este grupo sólo se despacha con el que fuera delegado de Seguridad, Demetrio Cabello, o con el director general, José Antonio de la Rosa, es decir, que sólo atendía a "intereses políticos". Ha explicado que no tenía por qué abstenerse como presidente del tribunal, pese a que se le acusa de que uno de los aspirantes que entró en la Policía es hermano de una íntima amiga suya y también ingresó un sobrino político suyo.

"Prácticamente (los investigadores) califican mi relación como de análoga al matrimonio", se ha quejado, y ha explicado que no tiene relación alguna con el hermano de esta mujer. Sobre su sobrino, ha dicho que en todo caso sería su "ex sobrino".

García también ha detallado que hay más hijos de policías que se han quedado fuera de los que han ingresado y ha desvelado que guarda muchos post-it de personas que le pidieron que les echara una mano a algún familiar o amigo. "Nunca he tenido intención de revelar esto, pero tal como están las cosas...", ha apuntado. El juez le ha cortado inmediatamente: "No es necesario, señor García".

El superintendente ha expuesto que una oposición se corrigió con lectura pública y la otra no por cuestiones de premura. "A mí el delegado, Demetrio Cabello, me tenía frito. Todos los días me decía que esto había que agilizarlo para que los 47 policías tomaran posesión en ese mandato, pese a que las plazas habían sido convocadas en el anterior".

Tras la extensa declaración del superintendente, han declarado los otros cinco miembros del tribunal que están acusados. Todos han ratificado las palabras de Juan José García en cuanto a la confección de los exámenes y han negado que hubieran filtrado las preguntas.

Todos han negado también que ningún amigo suyo o familiar de amigo estuviera entre los opositores, pese a que en algunos casos ha supuesto negar una evidencia. Por ejemplo, el tesorero del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Andalucía, Manuel Baso, ha negado que tenga una relación de amistad con el presidente del Sppme en Sevilla, Manuel Bustelo, cuyo hijo es uno de los acusados en este juicio.