El juez procesa al superintendente de la Policía Local por filtrar oposiciones

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha procesado a 45 personas, entre ellas al superintendente de la Policía Local de Sevilla y presidente del tribunal de oposiciones, Juan José García, por la presunta filtración de los contenidos de los exámenes en las dos convocatorias de empleo público promovidas en el año 2012 por el Ayuntamiento sevillano para cubrir puestos de la Policía Local. Están procesadas en total 45 personas, entre las que figuran 37 aspirantes que las aprobaron, cinco miembros del tribunal, un empresario y un miembro de la junta de personal del Ayuntamiento sevillano.

El procesamiento es por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho, según el auto de 28 de agosto firmado por el juez Juan Jesús García Vélez al que ha tenido acceso Europa Press. Tras concluir la instrucción del caso, el juez da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que en en diez días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.

La noticia fue acogida ayer con "preocupación" por el gobierno municipal del socialista Juan Espadas por las consecuencias que puede tener para este cuerpo policial, que carece a estas alturas de un jefe político (cargo que sí es de confianza), y por los efectos para el Ayuntamiento. Al tener su plaza de superintendente en propiedad, el Consistorio no puede apartar al procesado Juan José García, a menos que el juez decrete su inhabilitación, lo que no ha sucedido aún. Sí podría congelar futuros nombramientos o puestos. Si fuera el máximo responsable de la Policía Local, como lo era José Antonio de la Rosa como personal de confianza de Zoido, sí podría apartarlo, pero no es el caso.

Además de la ausencia de jefe, en la Policía Local hay una clara bicefalia en el rango inmediatamente inferior. Juan José García se ocupa de la dirección administrativa de la Policía Local y Gabriel Nevado se encarga de la dirección operativa del cuerpo.

El equipo de Espadas reitera que este caso judicial comenzó en el gobierno de su antecesor, Juan Ignacio Zoido. "Hay preocupación y deseo de que este caso se aclare lo antes posible. Este proceso judicial se inició en el mandato anterior y no es bueno para el cuerpo ni para el Ayuntamiento. El gobierno va a esperar a que concluya la instrucción judicial y va a respetar la legalidad", declaró ayer a este periódico el delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera (PSOE).

El juez relata que el 1 de abril de 2011 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria para cubrir 47 vacantes en la Policía Local y que casi en paralelo se desarrolló la convocatoria de 2008 para cubrir otras 56 vacantes. En el proceso selectivo de 47 plazas, el Tribunal estaba formado por el superintendente, como presidente, y tres vocales agentes del Cuerpo, mientras que como suplentes figuraban otros dos agentes y como secretario se designó a Luis Enrique Flores, que por su función como secretario general del Ayuntamiento delegó sus funciones en un funcionario municipal.

Según el juez al proceso selectivo "se presentaban ciertos aspirantes a los que, sin tomar en consideración su mérito o capacidad, y sin perjuicio de que se pudiera llegar a dictar una resolución injusta, determinados miembros del Tribunal tenían intención de favorecer" y puso como ejemplo que el superintendente -jefe administrativo de la Policía Local de Sevilla- era en esas fechas compañero sentimental de la hermana de un opositor y tío de otro aspirante.

Otro de los acusados y miembro del tribunal de la oposición habría favorecido al hijo del presidente del sindicato de Policía Local en el Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Bustelo, que dirige la sección de Sevilla del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme). El dirigente sindical sevillano, relata la agencia Efe, era el superior jerárquico del acusado y miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, y ambos habían compartido muchos años de labores sindicales, señala el juez.

Uno opositor que resultó beneficiado fue el hijo de un empresario de La Redondela (Pontevedra) que había logrado la adjudicación de contratos para el vestuario de la Policía Local de Sevilla entre 2007 y 2013 y que invitó a uno de los miembros del tribunal a pasar dos días en Madrid en 2014, subraya el juez.

Agrega el juez que 19 aspirantes "obtuvieron de los miembros del Tribunal la filtración de la plantilla de corrección del examen caso práctico, con anterioridad a su celebración el 2 de junio de 2012", una "filtración" que fue realizada "de forma intencionada y con ánimo de favorecimiento" por el superintendente y otros cuatro miembros del Tribunal.

Añade que los imputados "incumplieron las bases de la convocatoria, que exigían que el examen caso práctico y la plantilla de corrección de este fueran elaborados el mismo día de la prueba, ya que realizaron dichos documentos días antes de la fecha señalada, lo que les permitió la filtración selectiva".

Los miembros del Tribunal acordaron que el examen de caso práctico no se leería públicamente por los opositores, sino que sería corrección a puerta cerrada. En los exámenes de caso práctico de los opositores beneficiados por la entrega previa del examen y la plantilla de corrección "se comprobó la existencia de erratas e incorrecciones que solo aparecían en la plantilla filtrada".

Tras las pruebas, el 12 de junio de 2012, el superintendente y otros miembros del Tribunal "firmaron el acta final, manifiestamente injusta, que daba por superada la prueba y declaraba aptos a los opositores antes enumerados", indica el juez, señalando que entre los opositores beneficiados por la "filtración" figura el hijo del delegado y responsable de ventas de una empresa "que ha resultado beneficiaria de la adjudicación de diversos contratos para el suministro de vestuario" para la Policía Local de Sevilla de 2007 a 2013.

La Dirección autonómica del sindicato policial Sppme aseguró ayer que en este proceso "ha existido una caza de brujas contra este sindicato queriéndolo involucrar para desacreditarlo" al ser la fuerza mayoritaria de la Policía Local de Sevilla y denuncia que "se han obviado muchas relaciones entre policías que aprobaron y algunas personas" como "la hija de una antigua concejala del PP del Ayuntamiento de Sevilla".