La aldaba
Carlos Navarro Antolín
La lección de Manu Sánchez
urbanismo
Sevilla/Los terrenos de Tablada que el Ministerio de Defensa adjudicó en subasta a las dos cajas de ahorro (Consorcio Tablada), que luego los vendieron a una agrupación de inmobiliarias (Tablada Híspalis), llevan más de veinte años sin uso por un sinfín de pleitos judiciales que han cuestionado su venta. Y este mismo año una última resolución judicial ha tumbado, de momento, el plan del Ayuntamiento de Sevilla de empezar a hacer realidad el parque periurbano de Tablada por la franja de 200 metros (78 hectáreas) paralela al río.
Detrás de esos interminables pleitos está Jesús López López, capitán del ejército del aire del cuerpo de ingenieros ya jubilado, ingeniero técnico de aeronáutica y promotor inmobiliario, que ha presentado infinidad de recursos contra los ministerios de Defensa y Medio Ambiente para anular las ventas de estos terrenos de Tablada.
En efecto, los tribunales han dado la razón a López y han resuelto que la venta de los suelos se realizó de forma irregular porque se incluyó en la subasta una franja de suelo paralela al río que forma parte del dominio público marítimo terrestre, con lo que la operación podría declararse nula de pleno derecho. La Justicia ha sentenciado también que la reserva pública de ese suelo (la franja del río) ya no puede hacerse con efecto retroactivo a la fecha de subasta mientras los suelos sean de propiedad privada. Tendrían que ser del Estado. Así pues sólo cabe pedir en los tribunales la reversión de la venta de los terrenos.
Con todos estos datos, Jesús López ha ofrecido al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, su colaboración para lograr que estos suelos se conviertan en el parque periurbano que añora el Ayuntamiento de Sevilla. Y si el alcalde no acepta este ofrecimiento, López dice que irá a los grupos de la oposición por si quieren realizar cualquier iniciativa al respecto.
En un escrito enviado el pasado 25 de julio a la atención de Espadas, López recuerda que lleva años ofreciendo al Ayuntamiento su colaboración para “evitar que siguieran dando palos de ciego sus servicios jurídicos intentando conseguir los terrenos para el Ayuntamiento sin mi colaboración”.
El promotor reitera en su escrito a la Alcaldía que “mis logros están a disposición del Ayuntamiento, al igual que mis conocimientos en la materia, desde hace dos décadas, para lo que quedo a su disposición, si lo considera conveniente”.
La opción más viable que queda para recuperar los suelos es la anulación de la subasta y que los terrenos vuelvan al Ministerio de Defensa, una solución que López no descarta plantear en los tribunales.
En un escrito anterior de 2009 dirigido al entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, López recuerda que lo más conveniente para el Ayuntamiento es esperar a que el Ministerio de Defensa indemnice a los dueños privados de esos suelos y vuelva ser propietario de los terrenos, ya que siendo los suelos de una administración pública es más barato negociar.
“Es evidente que la indemnización corresponderá al Ministerio de Defensa, responsable del ilegal proceso de enajenación. Y ya hemos demostrado que fue aceptado por el propio Gerente de Infraestructura de la Defensa, admitiendo que será el Ministerio quien soportará la “responsabilidad patrimonial” del Estado por su ilegal actuación”. Y añade: “¿No sería más fácil negociar con los terrenos en propiedad del Ministerio de Defensa, siendo ya dominio público la citada franja (más de 60 hectáreas) y el resto inundable? La respuesta es evidente”, asegura.
Los dueños actuales de Tablada son una agrupación de interés económico (Tablada Híspalis) formada por una quincena de inmobiliarias lideradas por Osuna. A los dueños de los suelos, ahora que saben que pagaron por un terreno que no pueden utilizar (la franja afectada por el dominio público marítimo terrestre), les interesa que el Ministerio de Defensa les indemnice con lo que pagaron por Tablada más los intereses, según ha podido saber este periódico. Los dueños de Tablada calculan en 260 millones de euros la indemnización que les corresponde.
Representados por un conocido despacho de abogados de Sevilla con sede en el casco histórico, los propietarios de Tablada están pleiteando desde finales de 2017 ante los tribunales para ser indemnizados y que reviertan esos suelos al Ministerio de Defensa.
Pero López cree que el recurso de los dueños de Tablada contra la venta de los suelos no puede prosperar porque se contradice con las décadas que llevan defendiendo que la operación de venta de esos suelos se hizo bien.
La vía de la expropiación que barajó en su día el Ayuntamiento, sin embargo, no les interesa porque al ser un suelo rústico el valor que les pagaría el Ayuntamiento sería menor de las decenas de millones de euros que pagaron por su compra.
La operación de subasta se llevó a cabo en el mandato de Alejandro Rojas Marcos (PA) como alcalde y con el PP de Soledad Becerril como socio de gobierno. El Consistorio firmó un convenio urbanístico con las cajas de ahorro en el que se dice que los terrenos son recalificables. Los andalucistas pensaron en instalar allí la villa olímpica y en que había soluciones para elevar el terreno y salvar el obstáculo de que sean inundables.
Estos son los hitos de la larga historia de los terrenos de Tablada desde que el Ministerio de Defensa decide subastarlos sin reservar antes la franja de suelo junto al río.
1997 La Gerencia de Infraestructura del Ministerio de Defensasubasta Tablada. Los suelos (más de 360 hectáreas) son rústicos e inundables cuando se ponen a la venta, según lo estipula el PGOU de 1987. Defensa tampoco solicita a Medio Ambiente, antes de venderlos, la declaración de innecesariedad de los terrenos para el dominio público marítimo terrestre de la franja de 200 metros más próxima al río.
Las cajas de ahorro, entonces El Monte y San Fernando agrupadas en el Consorcio Tablada, ganan la subasta y adquieren todos los suelos (los interiores y los de la franja del río) pagando en total unos 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros).
Contratan como gestores para todas las operaciones a Ramón Palencia y Adolfo Ladrón de Guevara.
2000 Abril. Una orden del Ministerio de Medio Ambiente resuelve que esa franja había que reservarla (terrenos necesarios para el dominio público marítimo terrestre por su condición de inundables): “procede acordar la afectación de los terrenos declarados necesarios” para el dominio público marítimo terrestre.
2001 Las cajas venden los suelos a las inmobiliarias ante la presión del Banco de España. López denunció a las cajas ante el Banco de España, que calificó la operación de compra de Tablada de “aventura inmobiliaria de alto riesgo” y las obligó a desinvertir el dinero y a vender esos suelos.
Los compradores son una Agrupación de Interés Económico (Tablada Híspalis) formada por una quincena de inmobiliarias. Pagaron 14.000 millones de pesetas (84 millones de euros) por los suelos en los que las cajas habían puesto 7.000 millones de pesetas.
De las inmobiliarias que están detrás de Tablada, Osuna es la que posee más suelos.
Esas inmobiliarias son Inonsa (Osuna), Prasa y Procam, Construcciones Sánchez Domínguez Sando, Basilio del Camino y Hermanos, Iniciativas para Desarrollos Inmobiliarios, Urbanizadora Tablada, Consorcio Tablada, Andalucía 3000, Venta Terrenos y Locales, Cartuja Inmobiliaria, Dualpe, Grupo Inmobiliario Galia, Arenal 2000 y Edamar.
2006 El Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, aún vigente, los califica como “suelos no urbanizables de especial protección”.
2010 El Ministerio de Medio Ambiente anuló lo que aprobó una década antes y dice ahora que no es necesario reservar esa franja para dominio público marítimo terrestre.
2013 Sentencia del Supremo, 8 de abril. Tablada seguirá siendo suelo no urbanizable de especial protección, como lo califica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla de 2006, no por sus valores agrícolas, paisajísticos o ambientales, sino por su “carácter inundable”.
2015 La Audiencia Nacional ordena devolver al dominio público esa franja de suelos junto al río.
2018 La Audiencia Nacional (auto) declara “inejecutable” la sentencia que obligaba al Ministerio de Medio Ambiente a reservar la franja de suelo junto al río como suelo público colindante con el dominio público marítimo-terrestre. Es inejecutable al ser propiedad de privados y no del Estado.
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