Autobuses parados, sin actividad turística ni escolar, por el coronavirus en Sevilla
Situación de las empresas de transporte de viajeros
El sector, que agrupa a 85 empresas en Sevilla con 1.300 empleados, está en quiebra técnica y sin ayudas directas pese a ser parte del servicio turístico
Las empresas de autocares se han quedado seriamente tocadas por la pandemia sin viajeros a los que trasladar en circuitos turísticos hasta finales de la temporada de 2021 y con el transporte escolar suspendido de marzo a junio; el sector ha pedido prórroga de los contratos públicos para todo el curso 2020 y 2021.
Lo que iba a ser el mejor año turístico con ingresos estratosféricos se ha esfumado de golpe y solo quedan deudas y empresas familiares ahogadas, como en una versión tristemente actualizada del cuento de La Lechera. Sin actividad y con los autobuses parados, la quiebra técnica es absoluta al no haber ayudas directas para este sector. Lo denuncian las empresas.
Antonio Nadales, gerente de Autocares Barrero, en Sevilla, sobrevive a duras penas con su plantilla en ERTE y sacando dinero debajo de las piedras para pagar los préstamos de la compra de autocares de años pasados y recientes. Denuncia que los bancos no dan los créditos del ICO que se dijo.
La mayor parte del sector tiene elevadas deudas mensuales por los nuevos autobuses comprados ante la previsión de ese gran año de turistas que iba a ser 2020 con un 15 a un 20% más de contrataciones. En Autocares Barrero, con 14 vehículos, se embarcaron en la compra de otros 2, a razón de 260.000 euros cada uno. Así pues, la deuda mensual es de 4.500 euros. En todo el grupo (ASP Group) al que pertenece esta empresa los pagos del leasing superan los 200.000 euros al mes.
Los 12 empleados de la plantilla de Barrero están en ERTE de reducción de jornada y las nóminas del Sepe llegan con retraso.
El 60 a 70% de la facturación se lo llevaba el transporte discrecional y turístico que ha desaparecido. Les queda el transporte escolar, que reporta un 30% de ingresos, pero el problema es que son tres horas al día porque ya no ingresan el suplemento de las visitas por Sevilla. No cubren gastos.
La mayor crítica de este empresario es que la Junta se ha olvidado del sector del autocar en los 680 millones que ha anunciado en ayudas directas.
El gremio demanda que se amplíe a 18 meses la carencia en el pago del leasing por la compra de vehículos y que los préstamos ICO lleguen realmente al sector en la cuantía que se dijo porque lo que reciben de los bancos es un 10% de esta cantidad. “Hemos perdido la temporada alta de 2020 y vamos a perder también la de 2021 que es la primavera con Semana Santa y Feria y las celebraciones de mayo”, lamenta Nadales. De poco han servido las movilizaciones del sector en Sevilla y en Madrid.
La carencia de seis meses en los pagos de leasing y en los préstmos es insuficiente porque el Covid está durando más y va por ocho meses. “Los bancos iban a darnos préstamos ICO de 1,5 millones de euros por empresa y no lo dan. Al sector turístico los bancos lo tienen vetado como pasó con el sector de la construcción en la última crisis. Hace falta que el Gobierno nos dé ayudas u obligue a los bancos a que nos lleguen los préstamos ICO”, insiste Nadales.
En el transporte regular de viajeros, cuya ocupación está al 40%, la Junta obliga a hacer los servicios pero no paga a tiempo las indemnizaciones/ayudas.
Sin oxígeno ni liquidez aguanta en Dos Hermanas la empresa familiar Autocares Zambruno. Su responsable Roberto Gutiérrez confiesa que se ahoga con sus 12.000 a 14.000 euros de deudas al mes por la compra de autobuses. Apenas le quedan cuatro trabajadores en ERTE de la docena de empleados que tenía. Su hermano que trabajaba en la empresa se ha vuelto a Irlanda y su mujer se ha visto obligada a buscar otro trabajo.
De 10 autocares y un minibús de que tiene, 6 llevan parados con telarañas de verdad desde el inicio de la pandemia que suponen 18.000 euros en seguros. De tener cientos de servicios a la vista para este año, su fuente de ingresos cayó en picado. Facturaba el 75-80% con el transporte discrecional por Andalucía y España, eventos y congresos y con turistas de Francia, Italia y Alemania. La queda un 20% de facturación para transporte escolar y traslado de trabajadores a fábricas (Airbus), aunque desde julio apenas hay empleados que se suban al autobús por miedo al covid.
Este empresario admite que está siendo un golpe duro de afrontar y con el ánimo por los suelos. Tiene claro que prefiere entregar alguno de vehículos si no puede pagar al banco que embarcarse en créditos ICO que tendría que afrontar toda la vida. “Hemos pedido a todos los gobiernos que nos incluyan en la mesa del turismo y más carencia bancaria porque queremos pagar cuando tengamos dinero otra vez. La poca liquidez que teníamos se nos ha ido en créditos”, protesta.
“Necesitamos tiempo y ayuda pública para salir”
Las empresas de transporte de viajeros atraviesan una complicada situación. En Sevilla hay 85 con 1.300 trabajadores, de los que 1.170 están en ERTE, y 850 autobuses en su mayor parte parados.
“La situación ha cruzado el límite. Hemos reclamado ser parte activa de la gestión del turismo en la comunidad, y todavía no nos han dado respuesta. El autobús es turismo, somos los primeros y últimos que tratan con los turistas y no se nos está teniendo en cuenta para los planes de rescate y las ayudas”, denuncia Manuel Gutiérrez, presidente de la patronal andaluza Atedibus y vicepresidente de la nacional Fedintra.
Las pequeñas y medianas empresas de transporte “necesitan tiempo y ayuda pública para su recuperación económica” para evitar la desaparición de muchas de estas pymes y empresas familiares que destruiría empleo y actividad económica, y quedarían solo las empresas multinacionales fuertemente capitalizadas por sus países de origen.
Así pues exigen prórroga por 18 meses más de las moratorias en los préstamos de leasing y renting e incluir al transporte discrecional y turístico entre los perceptores directos de las ayudas financieras del Fondo Europeo de Ayudas al Desempleo y las ayudas a fondo perdido de otras administraciones, y ampliar a 24 meses la carencia de los créditos con aval ICO.
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