Un sindicato de vigilantes pide a las administraciones que rescindan sus contratos con Mersant

El Sindicato Profesional de Vigilantes de Sevilla pidió este martes a las administraciones públicas que rescindan sus contratos con la empresa Mersant Vigilancia, a la que acusan de continuos incumplimientos. En una nota de prensa, la organización advirtió de las "funestas consecuencias de la inacción de los responsables políticos al frente de las administraciones públicas, a la hora de atajar con prontitud y contundencia las prácticas fraudulentas" de esta compañía.

Los vigilantes acusan a Mersant de vulnerar la legislación vigente con sus continuos impagos, que están provocando serios perjuicios a los trabajadores de la seguridad privada y sus familias. "A pesar de la enorme cantidad de acciones sindicales desarrolladas, del ingente número de denuncias interpuestas ante todos los organismos e instituciones concernidos y de la multitud de reuniones mantenidas con los funcionarios de mayor rango o cargos políticos de máximo nivel, no hemos logrado revertir ni un ápice la nefasta situación provocada", dice el sindicato.

La entidad apunta a la "intolerable permisividad de las administraciones públicas en todos sus niveles, tanto el Gobierno como la Junta y el Ayuntamiento", con esta empresa. "Para sus trabajadores, las consecuencias de la conculcación constante de la normativa laboral más básica y de la reiterada transgresión de los más elementales preceptos de la normativa reguladora de la contratación pública son devastadoras".

"Para el conjunto de la sociedad, el varapalo que supone para la credibilidad de las instituciones y de sus representantes políticos es demoledor", añade el sindicato, que asegura que seguirá en su empeño de erradicar del sector de la seguridad privada a las "empresas fraudulentas".

"Exigimos a los poderes e instituciones que las expulsen definitivamente del sector público y eviten que sigan aprovechándose y enriqueciéndose a costa de los impuestos de todos. Consideramos esencial que, para garantizar la igualdad de oportunidades en el libre desarrollo de la actividad económica en condiciones justas, las autoridades han de asumir y acatar su obligación primordial: cumplir, y sobre todo, hacer cumplir la ley", concluye el Sindicato Profesional de Vigilantes.