El sindicato de Bomberos lleva al juez el abuso de horas extras

Denuncian que no hay "causa de fuerza mayor" para que se hicieran 93.000 horas en 2016

Los representantes del Sindicato Andaluz de Bomberos, con la denuncia en los juzgados.
Los representantes del Sindicato Andaluz de Bomberos, con la denuncia en los juzgados. / José Ángel García
Fernando Pérez Ávila

17 de abril 2017 - 02:36

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha llevado al Ayuntamiento de Sevilla a los tribunales por el "abuso" de horas extraordinarias en el servicio. El año pasado, los bomberos de la capital andaluza, que son menos de 500 agentes, realizaron 93.000 horas extraordinarias. El sindicato entiende que, con este exceso, "se está afectando de manera grave a la salud de los funcionarios (...) y se incrementa de manera alarmante la siniestralidad laboral estructural".

La denuncia fue presentada recientemente en los juzgados por el representante del SAB, Manuel Poo Morilla, y el abogado Luis Ocaña. En ella, los bomberos explican que "se imponen unilateralmente y sin negociación condiciones laborales que perjudican, suprimen y restringen los derechos" y precisa que "curiosamente no ocurre nada parecido a esta situación en ningún otro servicio municipal".

Los denunciantes ven varios delitos contra los trabajadores y una prevaricación

El sindicato añade que no se cumplen las condiciones que marca la ley para mantener esta situación. Es decir, no hay una causa de fuerza mayor ni una circunstancia imprevisible o inevitable. Los denunciantes citan una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que establece que "sólo en aquellos supuestos puntuales en que sea preciso o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes por acontecimientos externos, las horas extraordinarias podrán ser consideradas por fuerza mayor, pero no cuando éstas tengan su origen en la prestación ordinaria del servicio". El SAB considera que "la falta coyuntural de plantilla no es causa de fuerza mayor".

Los denunciantes creen que la actitud del Consistorio puede incurrir en varios delitos contra los derechos de los trabajadores, al entender que impone unas condiciones laborales que perjudican o restringen los derechos reconocidos, que produce una grave discriminación en el empleo público y que incumple las normas de prevención de riesgos laborales y no facilita los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas.

Los representantes sindicales también exponen al juzgado que el Ayuntamiento puede cometer un delito de prevaricación por dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia. Los bomberos piden que se cite a declarar como testigos a varios altos cargos municipales.

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