El fiscal retira los cargos contra un policía por detención ilegal
La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años de inhabilitación e indemnización de 4.000 euros para el profesor de la UPO.
La Fiscalía de Sevilla ha retirado la acusación contra un policía nacional por la presunta detención ilegal de un profesor universitario tras una marcha contra la Ley Antibotellón, aunque éste ha mantenido su petición de cuatro años de inhabilitación e indemnización de 4.000 euros.
En el juicio que ha celebrado la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, el acusado J.M.R. ha declarado que el detenido se negó reiteradamente a identificarse, tanto al ser arrestado en la Alameda de Hércules como en Comisaría, por lo que todos los policías que intervinieron en el caso le habían imputado un delito de desobediencia grave a la autoridad.
Las dos horas y media que permaneció en los calabozos, en la madrugada del 21 de enero de 2007, fueron las indispensables para confirmar su identidad, que no se pudo producir hasta que los policías registraron al detenido y sacaron su DNI del bolsillo del pantalón, ha afirmado.
"Una persona que se ha negado tres horas a entregar su DNI no da seguridad de que no tenga algo que ocultar", ha dicho el procesado para explicar su comportamiento, unido al hecho de que al detenido le constaban dos domicilios.
El detenido quedó libre "un minuto y medio después de que la Policía Científica lo identificase plenamente", ha añadido.
El policía que aquella noche ejercía como jefe de la brigada de Seguridad Ciudadana ha comparecido como testigo y ha asegurado que S.C.R. no estaba "retenido para ser identificado, sino detenido por un delito de desobediencia, lo que no supone ser puesto en libertad de manera inmediata".
De hecho, ha explicado que "nadie acusado en esas circunstancias ha estado menos tiempo detenido" por lo que su puesta en libertad se produjo "en un tiempo récord".
El detenido S.C.R., que ha comparecido como testigo, ha afirmado que cuando fue ingresado en los calabozos fue sometido a un cacheo integral, aunque en la fase de instrucción no fue capaz de identificar al autor y todos los agentes que han comparecido en el juicio lo han negado.
El detenido, profesor de Derecho en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha asegurado que estaba "asustado y nervioso", que este incidente le ha costado posteriores amenazas por internet, y ha negado que se negase a entregar el DNI en Comisaría, ya que quedó sobre la mesa del despacho, junto a sus restantes pertenencias, cuando le pidieron que vaciara sus bolsillos.
El testigo ha denunciado haber sido objeto de numerosos controles policiales por la calle, justificados como rutinarios, y ha revelado que hace dos o tres días llegó a casa de su madre una multa que le impusieron por consumir droga en la calle, pero ha negado que cuando fue interceptado por esos hechos, el 29 de junio de 2011, le incautasen hachís en un cacheo superficial.
A la vista de las testificales practicadas, la Fiscalía ha retirado, por falta de pruebas, su anterior petición de siete meses de suspensión de empleo público para el agente pero el abogado del detenido ha mantenido los cuatro años de inhabilitación y el pago de 4.000 euros por el daño moral causado.a lo identificase plenamente", ha añadido.
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