El otro reparto de los ERE

MUÑOZ

NO están todos los que son, pero acumulan un buen porcentaje de los que son. La juez Alaya investiga en la macrocausa de los ERE fraudulentos el reparto supuestamente ilegal de millones de euros de fondos públicos: al menos 709 millones en los 400 expedientes de ayudas sociolaborales y a empresas concedidos mediante el mecanismo de las transferencias de financiación. Más de 80.000 folios de sumario y 183 imputados -por ahora- son el fruto de más de tres años de intensa instrucción judicial en el que los abogados defensores, sobre todo en una causa como ésta, están llamados a jugar una baza fundamental.

Hay, por tanto, otro reparto de los ERE, en el que cinco bufetes sevillanos acaparan casi el 20% de esos 183 imputados, ya que ejercen la defensa de 31 de los implicados en la macrocausa. Aunque Alaya la incansable -como ella misma se autodefinió en uno de sus autos- lleva meses sosteniendo que el final de la instrucción está próximo, todo apunta a que la cifra de imputados seguirá creciendo, ya que hasta ahora el número de expedientes de ayudas sobre los que la Guardia Civil ha realizado el correspondiente atestado no llega a la treintena de esos 400 que estarían bajo sospecha. Según algunas fuentes consultadas, hay ya imputados calentando en la banda, por utilizar un símil futbolístico tan apropiado en época de mundial. Se trata de personas que estarían a las puertas de ser citados a declarar por la instructora, o que ya están yendo o han ido a declarar ante la Guardia Civil, pero sobre los que por el momento su imputación no ha trascendido del ámbito policial.

El despacho que lidera en estos momentos el ranking de la defensas de los ERE es, sin duda alguna y a una gran distancia, el bufete Montero-Aramburu. Los letrados José María Calero, José Manuel García-Quílez, y Encarnación Molino representan a 13 de las personas imputadas por la juez Mercedes Alaya.

En este listado destacan nombres como los del ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón, el ex viceconsejero de Hacienda José Salgueiro, el ex viceconsejero de Agricultura Juan Paniagua, el ex viceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez, el presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía Joaquín Moya-Angeler, el director de Desarrollo Tecnológico Manuel López Casero, el director de Industria Jesús Nieto, y la secretaria de Telecomunicaciones Ana María Peña Solís. La lista de Montero-Aramburu se completa con el ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo; el ex futbolista José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez; María Ángeles Gala, ex secretaria del director de Trabajo Francisco Javier Guerrero; el empresario Manuel Robles; y Manuel Valdecantos, vinculado al grupo Barbadillo.

El bufete de Juan Carlos Alférez y Simón Fernández representa a otros siete imputados en el caso de los ERE, entre los que se encuentran el ex director de IDEA Jacinto Cañete, el empresario de la Sierra Norte José María Sayago y el ex subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce.

Por su parte, los hermanos Adolfo y Miguel Cuéllar ejercen la defensa de otro cinco imputados en la macrocausa de los ERE, como el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, el ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla -hermano del ex presidente de la Junta-, y los ex directores de la agencia IDEA Francisco Mencía y Antonio Lara.

Representando a tres imputados cada uno están los abogados Francisco Baena Bocanegra y Fernando de Pablo, éste último incorporado a la causa desde sus inicios puesto que su primer cliente fue el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y uno de los principales imputados Francisco Javier Guerrero. De Pablo también defiende a la suegra de Guerrero y al ex diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz. El penalista Francisco Baena Bocanegra defiende al director de IDEA Antonio Valverde, al secretario general del mismo organismo Juan Francisco Sánchez García, y al que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2008 Francisco del Río.

Hay otros imputados que han decidido que los representen bufetes madrileños, como el caso de la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez, defendida por Horacio Oliva, o los ex directores general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, que están representados por José María Mohedano. Y el empresario José María Ruiz-Mateos, al que defiende el polémico Marcos García Montes.

Estos cinco bufetes sevillanos que actualmente lideran en número el grupo de la defensa ante la juez Alaya a buen seguro que aumentarán, antes de que acabe la instrucción y la juez decida enviar la causa al Tribunal Supremo, dada la presencia de aforados. Queda precisamente por conocer, en el caso de que finalmente las preimputaciones se transformen en imputaciones ante el Alto Tribunal, qué bufetes se harán con la guinda de este otro reparto de los ERE. ¿Quién defenderá, en su caso, a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán?

Dice el refrán, ya en desuso, "pleitos tengas y los ganes", expresión con la que se hace referencia al calvario y a las pérdidas que puede acarrear un litigio tanto si finalmente se gana como si se pierde. En el caso de los ERE, son muchos los imputados que llevan ya varios años implicados en una instrucción a la que aparentemente no se le ve el final y todavía quedan varios años antes de que se celebre, en su caso, el juicio.

Aunque para los bufetes clave de los ERE defender a un mayor número de imputados, evidentemente, puede suponer mayores ingresos, no debe olvidarse que Alaya está imponiendo en muchos casos importantes fianzas civiles y embargos a los implicados, que pueden quedar en unas posiciones económicas bastante incómodas.