La regulación municipal de las casas de apuestas se queda en suspenso

El proceso iniciado por el gobierno municipal para frenar las casas de apuestas en Sevilla se ha quedado en suspenso. El pleno municipal había dado ya luz verde a la aprobación provisional de una modificación en el PGOU para limitar la apertura de nuevos negocios pero, tras entrar en vigor una normativa autonómica que regula este sector, el expediente ha quedado en el aire.

En estos momentos, el gobierno municipal estudia la fórmula jurídica más adecuada para culminar la tramitación del expediente: bien proceder a su aprobación definitiva o desistir directamente, según comentan fuentes municipales.

El argumento para dar por concluida la tramitación es que el marco normativo autonómico hace innecesaria cualquier otra regulación municipal, pues estaría por encima. Así, regular en otro sentido o con otros criterios se podría considerar algo fuera de las competencias del Ayuntamiento, algo que ya fue esgrimido por la Junta de Andalucía para impugnar las regulaciones que habían iniciado algunos municipios, entre ellos el de Alcalá de Guadaíra, que fue pionero, Cádiz o Sevilla, que entonces sólo había manifestado su intención.

A pesar de ello, y dada la presión social y política de grupos como Adelante Sevilla, el expediente se inició esta primavera in extremis al concluir la moratoria de un año que aprobó el Pleno municipal para impedir la apertura de nuevos negocios mientras se tramitaba una solución.

Ésta fue una regulación urbanística, sobre los usos del suelo. En concreto, la propuesta municipal consistía en establecer una distancia mínima entre estos negocios de juego y los centros educativos y otros puntos de encuentro de población juvenil con el argumento de que evitar las adicciones al juego y proteger a los jóvenes y basándose en informes oficiales que confirman los riesgos de una actividad económica que ha generado un auténtico problema de salud pública, sobre todo, en los barrios más humildes. La salida que encontró el gobierno municipal para no entrar en colisión con la Junta fue establecer la misma distancia física, de 150 metros, que preveía el decreto autonómico que se estaba ya elaborando y que se aprobó el pasado mes de mayo.

Ya está en vigor y, por tanto, el Ayuntamiento de Sevilla cree innecesario seguir adelante. Todo lo contrario que otros ayuntamientos pioneros que fijaron en 500 metros la distancia mínima y que anunciaron que seguirían dando la batalla para sacar adelante su compromiso. Fuentes del gobierno local explican que la tramitación de la modificación urbanística que siguió a la moratoria se adelantó al decreto autonómico unos meses y cumplió su cometido, al haber frenado que algunas empresas se asentaran.