De los regalos a Castaño a la red de "funcionarios corruptos" en 17 meses

La juez Mercedes Alaya decidió prorrogar el pasado lunes el secreto de sumario de la denominada operación Madeja, en la que se investigan desde hace 17 meses las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos municipales. En un nuevo auto que tiene fecha del lunes, la instructora prorrogó durante otro mes el secreto parcial de las actuaciones, coincidiendo con la nueva operación desplegada ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La operación Enredadera es la continuación de las dos que desarrollaron en los meses de julio y diciembre de 2013. En esta última fueron detenidas cinco personas, entre ellas el hijo del dueño de Fitonovo, José Antonio González Baró, y el director comercial de la empresa, Juan Andrés Bruguera, así como varios funcionarios a los que se imputan delitos de cohecho, prevaricación y fraude y exacciones ilegales: el jefe de Servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores Carredano -que se jubiló en octubre de 2013-; y el responsable de conservación del Parque María Luisa Francisco Luis Huertas.

Los investigadores registraron los despachos de estos funcionarios y también del director general de Medio Ambiente, Joaquín Peña (PP), que fue destituido por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, el mismo día de la operación, el 16 de diciembre.

En esta segunda fase de la operación Madeja, Alaya investigó si Fitonovo disponía de una supuesta "contabilidad B" en la que aparecerían los presuntos pagos de comisiones ilegales a los funcionarios del Ayuntamiento a cambio de favores en la adjudicación de los contratos. Esta contabilidad estaría almacenada en un archivo informático, tipo Excel, en el ordenador de la empresa e incluiría pagos realizados desde el año 2003 en lo que se habían adjuntado los nombres y las iniciales de los supuestos perceptores de esas mordidas.

El administrador de Fitonovo, José Antonio González Baró, reconoció en su declaración ante la juez que entre los años 2003 y 2012 su empresa pagó unos 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos. La mitad de esa cantidad abonada en nueve años habría ido a parar al funcionario Francisco Amores.

Entre las personas que también habrían recibido esas comisiones estarían además el responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Huertas, y el jefe del servicio de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio, ahora detenido.

También habría asegurado que pagó otros 16.000 euros para cambiar las ventanas de la vivienda de un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, y que abonó entre 300 y 500 euros en Viagra para un directivo de Adif en Zaragoza.

En la primera fase de la operación Madeja, el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, admitió haber entregado al ex asesor del grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño la cantidad de 30.000 euros que, según le dijeron, iban destinados al PSOE.

La Guardia Civil considera que Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, incrementaron su patrimonio personal en 811.396,68 euros en sólo siete años, entre 2005 y 2012, y de esa cantidad considera que hay 400.181,12 euros que se corresponden con pagos en efectivo sin justificar que "pudieran proceder de comisiones ilegales".

De esas comisiones y de los pagos a Castaño, la Guardia Civil ha llegado, 17 meses después, a concluir que la contratista Fitonovo creó una "red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban" las contrataciones con las Administraciones públicas.