El refuerzo imposible de la Policía Local de Sevilla

De nuevo hemos asistido el pasado mes de julio a un conflicto laboral, otro más, de la Policía Local de Sevilla. Cada vez que se acerca un evento en el que se espera una gran afluencia de público o que suponga un trabajo importante de reordenación del tráfico en la ciudad (en este caso la llegada a la capital andaluza de una etapa de la Vuelta Ciclista a España), los policías aprovechan, con todo el derecho del mundo, para recordar que no han cobrado aún todo lo que se les adeuda de su trabajo en las fiestas de primavera y Navidad y amenazar con que no harán más horas extraordinarias.

De paso reivindican que sus instalaciones no son las mejores, que la organización de la Policía Local es un caos y que hay unidades al borde del colapso como la del turno de noche. Hay que agradecerles a los actuales representantes sindicales de los policías que ejerzan estos derechos de manera tranquila y sosegada y no como en otros tiempos, en los que llegaron a montar una botellona en la casa del alcalde, por entonces Alfredo Sánchez Monteseirín, intentaron boicotear el inicio de otra Vuelta a España, se disfrazaron de gambas para afearle a Antonio Rodrigo Torrijos la foto de la mariscada que tanto daño le hizo o subirse de uniforme en un burro para denunciar las carencias materiales del cuerpo.

Como ya ocurrió antes de Semana Santa, tambien el conflicto del verano se ha solucionado con un acuerdo económico con el Ayuntamiento, que se compromete a pagar las cantidades atrasadas a la mayor brevedad posible. Pero además el Consistorio ha anunciado que empezará los trámites para elaborar una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la Policía Local que contemple un refuerzo verdaderamente efectivo de la plantilla. El Ayuntamiento quiere pasar de los 1.259 policías actuales a 2.070. Es decir, un incremento de más de 800 agentes sobre la dotación actual. Esto, en tres años que quedan de mandato, es prácticamente inviable.

Estaría bien que alguien del gobierno local se hubiera entretenido en explicar cómo se pretende alcanzar tal cifra de policías y si se trata de un proyecto a más largo plazo, que sería algo más entendible. Hay que recordar que la actual RPT, que los propios policías consideran desfasada a pesar de que se aprobó en 2017, contempla una plantilla de casi 1.500 agentes y nunca se ha estado ni relativamente cerca de alcanzar esa cantidad de agentes.

Si el Ayuntamiento pretende incorporar a 800 policías en tres años, tendría que crear un mínimo de 300 plazas por ejercicio, ya que hay que tener en cuenta también las jubilaciones. La de la Policía Local es una plantilla envejecida y los agentes pueden dejar de trabajar a los 59 años. Estos números, a día de hoy, son ciencia ficción, pues nunca antes en los últimos mandatos se crearon ni siquiera 300 puestos en el conjunto de los cuatro años.

Ni obviando todos los demás servicios públicos que dependen del Ayuntamiento y centrando todos los esfuerzos en la Policía se podrían alcanzar estos números. Distinto es que se trate de un proyecto a largo plazo, a diez años por ejemplo, pero para eso quizás haga falta una explicación algo más detallada. Con la información difundida hasta hoy, cuesta creer que el Consistorio tenga un plan serio para solucionar el verdadero problema de las carencias de personal de la Policía Local.

La ampliación de la plantilla es una necesidad absoluta para este cuerpo, que ha visto incrementado año tras año su presupuesto destinado a pagar servicios extraordinarios ante la imposibilidad de cubrir todo el trabajo con turnos de trabajo ordinarios. Cada vez se celebran más eventos multitudinarios en las calles de la ciudad, que obligan a un despliegue importante de agentes para atender tanto el dispositivo de seguridad como el de cortes de tráfico.

Esta forma de vivir en la calle se ha multiplicado desde la pandemia del covid-19. Mientras la plantilla siga con las actuales carencias, el gobierno local sólo puede tirar de productividades para completar las dotaciones necesarias para cubrir estos eventos, lo que lleva a un gasto desmesurado de dinero público. En el último ejercicio, el Ayuntamiento ha gastado 16 millones de euros en estos conceptos, cuando la partida inicialmente asignada en los presupuestos de 2023 (prorrogados por la falta de acuerdo con la oposición) para ellos no alcanzaba ni los cuatro.