Rechazo estudiantil al nuevo estatuto de la US por eliminar los exámenes parciales

El Cadus alerta de que la pérdida de la evaluación continua pone en riesgo las becas

Recuerda las protestas de la década pasada cuando los derechos del alumnado se vieron amenazados

La Universidad de Sevilla ya contempla el sufragio universal para elegir el rector

Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Rectorado de la Universidad de Sevilla. / Redacción Sevilla

Los estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) se oponen al nuevo estatuto de la institución académica. El motivo, en líneas generales, es la desaparición de los exámenes parciales y, por tanto, la posibilidad de que los alumnos puedan aprobar una asignatura sin estar tan condicionados por la evaluación final. Así lo ha explicado el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) en un comunicado en el que advierte de que la eliminación de este derecho puede suponer la pérdida de becas. También recuerda las movilizaciones estudiantiles que se organizaron en el curso 20214/15 ante el último cambio estatutario que se pretendió llevar a cabo a espaldas de los universitarios, el cual también menguaba tal posibiildad. La intención de la US es que la nueva normativa, adaptada a la LOSU, esté aprobada definitivamente antes de que acabe 2024.

La aprobación del nuevo estatuto de la Hispalense no va a ser un camino de rosas. Una semana después de que la comisión de proyectos normativos del claustro de la US aprobara el anteproyecto del borrador de dicha normativa, el Cadus ha mostrado su oposición a la misma. En opinión del órgano representativo del estudiantado, "el anteproyecto vulnera los derechos adquiridos por el alumnado".

"Dentro del texto aprobado por la comisión, se recogen varios puntos que contravienen los logros conseguidos por el estudiantado, al intentar hacer mella una vez más en derechos fundamentales", expresa el Cadus. Entre ellos, el principal y más grave, es el de la evaluación continua, "instaurado por el propio Plan Bolonia". Los representantes de este consejo, en declaraciones a Diario de Sevilla, explican que tal concepto supone que un alumno pueda aprobar una asignatura sin estar condicionado exclusivamente por un examen final. De esta forma, para superarla ganan peso las pruebas parciales y los trabajos que encargue el profesorado. "Una posibilidad que se alcanzaba hasta ahora entre el profesor y el alumno y que en el nuevo estatuto queda totalmente limitada", alertan desde el Cadus.

Incremento de las tasas

"El hecho de no disponer de parciales y remitirse a una prueba única final merma las opciones del estudiantado para aprobar", insiste el órgano que representa al alumnado de la US. Un cambio que acarrea otras consecuencias, de índole económica. Al limitarse la aprobación de una asignatura a un solo examen, se ponen en riesgo las becas y las ayudas al estudio, además de un incremento en las tasas de matriculación en caso de que no se alcanzaran esos créditos. Todo juega en contra, según el Cadus.

Pero aún hay más razones para posicionarse en contra del futuro estatuto. El estudiantado incide en que "en el anteproyecto los derechos de formación académica quedan condicionados a lo que se regule en normas de otro rango". Ello se traduce en que "se puedan establecer mecanismos que permitan no cumplir dichos derechos, algo que no se contempla en el estatuto vigente". Para el Cadus, frente al personal docente e investigador (PDI) y el de administración y servicios (PAS), "el estudiantado es el único grupo de la comunidad universitaria al que se le condicionan los derechos".

Las protestas del curso 2014/15

No es la primera vez que esto ocurre. A mediados de la década pasada se propuso otro cambio estatutario que afectaba a los universitarios, lo que originó una campaña de protestas. La acción más contundente tuvo lugar en diciembre de 2014, cuando un amplio grupo de estudiantes impidió la celebración de un claustro de la US en la Facultad de Trabajo. De esta forma mostraban el rechazo frontal a la reforma del estatuto y del Reglamento General de Actividades Docentes, donde ya se contemplaba la reducción del peso de los parciales en la evaluación de las asignaturas cuatrimestrales. Pasarían a tener un porcentaje del 30% frente al 70% de los exámenes finales. La tensión generada obligó a aplazar el debate sobre el nuevo sistema de evaluación. Se llegó a pedir, incluso, la dimisión de Antonio Ramírez de Arellano como rector de la Hispalense. Unos tambores de guerra que desde el Cadus están dispuestos a hacer sonar otra vez si el nuevo estatuto de la US sigue adelante sin que se garanticen estos derechos.

"Una vez más ponemos de manifiesto nuestra preocupación en relación con la hoja de ruta de la institución, sin que ésta tenga en cuenta la voz del estudiantado que votamos en contra del anteproyecto", avisa el Cadus, que considera que el borrador actual afecta a 60.000 estudiantes. "Solicitamos que se regule de manera efectiva los aspectos que afectan a los universitarios, sin tonos condescendientes, en pos de configurar un proyecto estatutario que realmente refleje nuestros derechos e intereses", insisten.

El sufragio universal

El futuro estatuto de la US incluye como principal novedad el sufragio universal ponderado para elegir al rector, derecho que queda restringido en la actualidad al claustro. Se cumple, así, con uno de los principios establecidos por la reforma universitaria (LOSU) del Gobierno de Pedro Sánchez. El anteproyecto salió adelante en la referida comisión gracias al voto de calidad del rector, Miguel Ángel Castro. Hasta el 13 de septiembre se someterá a audiencia pública para que se presenten aportaciones. La intención es que se vote en el claustro -trámite final- antes de que acabe 2024.

El catedrático Manuel Marchena, candidato a rector en las próximas elecciones (a celebrar en el primer semestre de 2025), ya ha advertido del hecho "insólito" de que este anteproyecto salga adelante con el voto de calidad del máximo representante de la US y de que se someta a audiencia pública en pleno verano. Marchena avisa de que la reforma estatutaria ha comenzado 450 días después de la aprobación de la LOSU. Teme que tras este proceso haya un intento de Castro por prorrogar el actual mandato.

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