La rebelión de las togas tiene fecha
Justicia La movilización de los jueces tras el caso Mari Luz
Las críticas al Poder Judicial por los errores en la ejecución de la condena impuesta al pederasta Santiago del Valle han llevado a los jueces a plantarse ante el Gobierno para reivindicar que modernice la Justicia
Los jueces se han plantado. Han dicho basta ante la falta de medios personales y materiales de la Administración de Justicia. El anuncio de que el próximo 18 de febrero llevarán a cabo una serie de protestas simbólicas no es más que el preludio de una huelga que ya tiene incluso fecha, el 26 junio, si el Gobierno no muestra avances significativos en el proceso de modernización de la Justicia. La conducta de los jueces plantea una serie de interrogantes.
1¿Los jueces pueden participar en una huelga?
Este punto es la clave del pulso que los jueces están haciendo al Poder Ejecutivo. Hay opiniones para todos los gustos. Algunos sectores de la judicatura consideran que los jueces y magistrados, al tratarse de un Poder del Estado, tienen vetada esta posibilidad, debido a la limitación de derechos que lleva aparejada la función jurisdiccional. Otros, en cambio, creen que los jueces pueden ir a la huelga, tal y como hicieron en octubre pasado los secretarios judiciales en protesta por la sanción a su compañera por los errores del caso Mari Luz. El juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, han llegado incluso a realizar un informe en el que concluye que "no existe un mandato legal expreso" que impida a los jueces realizar paros reivindicativos.
El hecho de que los jueces no tengan derecho a sindicarse ni a afiliarse a los partidos no es obstáculo para que no puedan hacer huelga según la tesis de este magistrado. El razonamiento del decano pone de manifiesto que mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sea un órgano verdaderamente eficaz e independiente, con la suficiente autonomía presupuestaria, la dependencia del Ministerio de Justicia es innegable y, por tanto, la dependencia del Poder Ejecutivo es real. De ahí que no se vulneraría ninguna ley por ejercer el derecho a huelga. Si las conversaciones entre el Ministerio y las asociaciones profesionales no desactivan la huelga, lo más probable es que sean los tribunales contencioso-administrativos los que dictaminen si habrá paro o no.
2El origen: la sanción impuesta en el caso Mari Luz
La primera llamada a la convocatoria de una huelga en la carrera judicial surgió a raíz de la sanción de 1.500 euros impuesta al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por el retraso en la ejecución de una condena al presunto asesino de Mari Luz. La reacción de varios miembros del Gobierno, pidiendo una sanción más vehemente para el magistrado, que los jueces consideraron como una injerencia en las competencias disciplinarias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fueron la espoleta que se propagó rápidamente por la web interna que utilizan los jueces y magistrados. Surgió entonces el denominado espíritu del "8 de octubre", fecha en la que un juez colgó el primer correo electrónico con un llamamiento a sus compañeros para adoptar una actitud más reivindicativa, en consonancia con las protestas que habían convocado los secretarios judiciales para rechazar la suspensión de dos años de empleo a la secretaria Juana Gálvez por el caso Mari Luz. En algunos e-mails los jueces hablaban claramente de la huelga, al grito de "¡A las barricadas, pero con estrategia!". Del caso particular de Rafael Tirado, con quien muchos jueces se solidarizan al considerar que ante la falta de medios lo ocurrido les podía haber pasado a cualquiera a de ellos, se pasó a plantear al Gobierno que había llegado la hora de afrontar sin más dilaciones la modernización de la Justicia.
3Las reivindicaciones de la carrera judicial
Las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- se han unido para plantear a los más de 4.000 jueces y magistrados que hay en España una tabla reivindicativa con la que pretenden "dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos".
La primera medida que reclaman las asociaciones consiste en la instauración de la nueva oficina judicial, un proyecto aprobado pero que lleva varios años paralizado, y con el que pretenden que se delimiten de forma precisa las funciones y responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia. Los jueces reclaman que la facultad para señalar los juicios y vistas siga recayendo en ellos.
Un lugar destacado de las reivindicaciones lo ocupa la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, que podrían haber evitado errores como el que se produjo en el caso Mari Luz. La propuesta de la judicatura incorpora la intercomunicación de las bases de datos judiciales, la interconexión informática entre los juzgados de distintas comunidades -actualmente incompatibles- y el establecimiento de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles, así como la digitalización de documentos, la firma electrónica y la transmisión telemática de procedimientos, notificaciones o peticiones de auxilio judicial.
Los jueces también quieren que se ofrezca una formación adecuada para el personal al servicio de la Administración de Justicia y que las vacantes sean cubiertas de manera inmediata.
Otras reivindicaciones apuestan por revisar en profundidad la actual planta judicial, creando o suprimiendo cuantos óranos sean precisos para realizar una distribución equitativa del trabajo, y establecer la carga máxima de asuntos que de forma razonable puede asumir cada órgano judicial, dado que en muchos casos los módulos fijados por el CGPJ se consideran desfasados.
La adopción de medidas para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar de los jueces, la actualización de las retribuciones -sobre todo en el pago de los servicios de guardia- y la mejora de las condiciones de jubilación completan la lista de reivindicaciones.
4El calendario anunciado
Los jueces decano trasladarán la tabla de reivindicaciones a sus compañeros en el transcurso de unas reuniones que tendrán lugar el próximo miércoles. La propuesta incluye la celebración varias semanas después, en concreto, el 18 de febrero una protesta simbólica en todas las sedes judiciales, aunque los jueces de Extremadura y Murcia han convocado en principio huelga para ese día. Como culminación del calendario de este invierno caliente en el seno de la judicatura, las asociaciones plantean la posibilidad de convocar una huelga para el próximo 26 de junio si antes no hay respuestas satisfactorias del Gobierno a sus reclamaciones. El Ejecutivo tiene ahora cinco meses por delante para tratar de dialogar con los jueces y desactivar una huelga que sería histórica en la judicatura española.
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