La reapertura de la Mina de Aznalcóllar se tramita con otros problemas ajenos a los judiciales

La reapertura de la mina de Aznalcóllar se sigue tramitando administrativamente por parte del Grupo México y Minorbis para lograr la Autorización Ambiental Unificada en la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía a su proyecto bautizado como Mina de Los Frailes.

Sin embargo, a los problemas judiciales que ya tiene este proyecto se suman los ambientales a cuenta del vertido de aguas tratadas de la mina en el río Guadalquivir a la altura de Santiponce.

La asociación Ecologistas en Acción está preparando alegaciones al proceso de información pública que sigue abierto hasta febrero, concretamente hasta el 4 de febrero de 2022, sobre el vertido de aguas de la mina en el río Guadalquivir a la altura de Santiponce. Se trata de una ampliación del plazo aprobada a finales de diciembre pasado por la delegación territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, en relación a la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre para el proyecto de vertido al Dominio Público Marítimo Terrestre de las aguas tratadas procedentes de la operación minera del proyecto Mina Los Frailes.

Según Isidoro Albarreal, miembro del área de minería de Ecologistas en Acción de Andalucía, "ambientalmente resulta inviable autorizar un nuevo vertido contaminante a la Zona de Especial Conservación del Estuario del Guadalquivir, en Santiponce, donde no se han estudiado los efectos acumulativos producidos junto al vertido ya existente de la mina de Cobre Las Cruces, situado a pocos kilómetros aguas arriba, en La Algaba".

Albarreal recalca que, aparte de la inviabilidad de nuevos vertidos al río sin estudiar que se unirán a los de la mina las Cruces, la mina de Aznalcóllar no puede abrir con un proceso judicial abierto que afecta a la empresa que promueve su explotación. "Desde el área de minería de Ecológicas en Acción Andalucía seguimos considerando que la empresa Minera Los Frailes no está legitimada para tramitar este proyecto de reapertura de la Mina de Aznalcóllar, hasta que se celebre el juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la legalidad de la adjudicación del concurso de esos derechos mineros, en donde se juzgará por delito de prevaricación ambiental (y otros delitos de corrupción) a 14 funcionarios de la Junta de Andalucía y a los dueños de la empresa Minorbis que forman parte de Minera Los Frailes junto a Grupo México".

Desde las empresas de Mina Los Frailes se ha asegurado esta semana que las alegaciones recibidas hasta el momento han sido escasas y poco complejas. Las empresas están redactando respuesta para contestarlas. Faltan, sin embargo, las que va a enviar la asociación Ecologistas en Acción.

Así funcionará la mina

En la infografía que puede verse en la información anexa a esta página se explican todos los detalles del funcionamiento de la mina.

El aspecto más polémico del nuevo proyecto para explotar la mina de Aznalcóllar es la cuestión del vertido del agua tratada directamente al Guadalquivir a donde llegará a través de 30 kilómetros de tuberías. Y hablar del río es hablar de Doñana, un territorio que cuenta con la máxima protección ambiental y afectado precisamente por la escasez de agua dulce abundante y de buena calidad.

La descarga del agua se producirá en las inmediaciones del Estadio de la Cartuja, en el término de Santiponce.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir puso reparos en 2019 a que se hiciera el vertido en el río Agrio, por la cantidad y la composición del agua. Por eso se cambió el proyecto para hacerlo directamente al Guadalquivir.

Esa tubería discurre por varios términos municipales: Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras, Valencina de la Concepción y Santiponce, y no pocos obstáculos debe superar su trazado: atravesar la SE-3405, SE-3409, A-8078, N-630, incluso la autovía de la Plata (A-66), la línea de tren a Huelva y conducciones de Aljarafesa.

Este cambio de proyecto eleva la inversión final en más de 8,3 millones de euros. Las empresas calculan que necesitaban una inversión superior a los 320 millones para reabrir la mina de la que extraer cobre, plomo y zinc durante 17 años, descontando el periodo de construcción inicial y de rehabilitación al final.