El realojo de la Corrala Utopía no fue "ni arbitrario ni injusto"

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha archivado la denuncia del sindicato Manos Limpias contra la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), por el realojo de algunas familias de la Corrala Utopía, del que dice que no estuvo "inspirado por una finalidad arbitraria o injusta". Manos Limpias denunció un presunto delito de prevaricación en relación al proceso de realojo provisional de familias con menores y en exclusión social desalojadas de la Corrala Utopía, un edificio ocupado en Sevilla.

El auto del TSJA, al que tuvo acceso Efe, señala que los realojos provisionales fueron "inducidos por el mandato judicial de proveer lo necesario para el realojo de familias con menores o en riesgo de exclusión social". "No es sino el reflejo de una decisión política que se implementa a través de resoluciones administrativas que no pueden reputarse de prevaricadoras", agrega.

El Alto Tribunal andaluz esgrime que las resoluciones administrativas "no están inspiradas por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial". Igualmente, esgrime que "se dictan tras una actividad coordinada con otras administraciones e instituciones (Ayuntamiento de Sevilla y Defensor del Pueblo Andaluz) de la que no resultó una propuesta viable concreta cuando el desalojo físico de las viviendas indebidamente ocupadas ya se había producido".

En el auto, contra el que cabe recurso de súplica, el juez afirma que el sindicato denunciante aludía a una resolución de la consejera de Fomento y Vivienda del 9 de abril, resolución que "no existe", de forma que considera que "probablemente el sindicato denunciante ha cometido el error de atribuir a la consejera la resolución del 9 de abril dictada por el director general de Vivienda, Antonio Ibáñez".

El TSJA considera que la denuncia "ha de ser archivada no sólo por no poder atribuirse a persona aforada ante esta sala sino por no existir ningún hecho que remotamente pudiera tener alguna significación penal".

El realojo provisional de algunas familias que ocupaban la Corrala Utopía provocó una crisis entre los socios del Gobierno andaluz (PSOE e IU), cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, retiró mediante un decreto las competencias sobre Vivienda a Fomento, una decisión que fue revocada un día después.

La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), declaró tras conocer el fallo del TSJA que "siempre hemos defendido que el realojo era justo y legal". En declaraciones a los periodistas en Albox, donde acompañó ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la visita las obras de la variante de esta localidad, Cortés afirmó: "Me alegro por todas las familias que están sin casa, que están desahuciadas, por todas las familias que buscan en la política respuestas y soluciones al derecho humano a la vivienda". "Hemos defendido que el realojo de las familias de la Corrala fue justo y legal, y hoy el auto del Tribunal Superior de Justicia ha venido a constatar que el realojo es justo legal, y me alegro por todas esas familias que tienen derecho a la vivienda y que buscan en la política respuestas y soluciones".

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, por su parte, advirtió que "nunca más se podrá cuestionar sin pruebas ni fundamentos la actuación" de su formación en el seno del Gobierno andaluz después de que el TSJA haya archivado la denuncia del sindicato "ultraderechista" Manos Limpias contra la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, por un presunto delito de prevaricación en relación al proceso de realojo provisional de familias con menores y en exclusión social desalojadas de la Corrala Utopía.

En rueda de prensa, y visiblemente contento, Maíllo señaló que tanto IULV-CA como la Consejería de Fomento y Vivienda "tenían razón desde el principio" y que este auto del Alto Tribunal, que ha calificado de "muy esclarecedor e impecable", no sólo "cuestiona y tumba" la denuncia de Manos Limpias sino que "entra en el fondo del asunto dejando muy claro que ningún hecho, ni remotamente, pudiera tener alguna significación penal".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, consideró que el hecho de que el TSJA haya archivado la denuncia pone de manifiesto que todo el proceso que se llevó a cabo por parte de la Junta "condujo a la legalidad".