El Puerto recurre a la Junta para agilizar el barrio portuario y sortear el Pleno

Beneplácito exprés. La Autoridad Portuaria ha recurrido a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como la Lista, para sacar adelante la modificación puntual del plan especial del Puerto de Sevilla que afecta al suelo del nuevo distrito urbano portuario, comprendido entre los puentes de las Delicias y del Centenario. La fórmula escogida sortea al Pleno municipal, que ya el pasado marzo frenó la necesaria modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para levantar el barrio portuario argumentando los partidos de la oposición “la falta de consenso con los vecinos”. Ese entuerto aún no ha sido resuelto.

En la resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana por la que se ha acordado aprobar inicialmente ese plan especial para el distrito urbano, la Autoridad Portuaria fundamenta el uso de la Lista en que, “de conformidad con lo establecido en el artículo 75.2a, corresponde a la consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo tramitar y aprobar los planes especiales que tengan incidencia supralocal y sus innovaciones”. 

En la documentación a la que tuvo acceso este periódico, el director general de esa dirección general de la Junta de Andalucía expone que “la persona titular de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda es la competente para formular y resolver sobre la aprobación definitiva del presente instrumento de planeamiento”. No es la primera vez que se usa esta fórmula. El plan especial del Puerto de Sevilla fue aprobado por el Pleno municipal el 29 de julio de 1994. Le siguieron, entre otras, modificaciones como las que afectaron a la Dársena del Cuarto y la ordenación del Sector Suroeste; el plan especial de Protección Construcciones Aeronáuticas S.A.; o el estudio de detalle de varias parcelas de ese plan especial. Siempre para la zona logística portuaria.

La novedad ahora es que la modificación va más allá del Puerto, ya que afecta a la avenida de las Razas y se habla abiertamente desde el principio de conectar el Puerto con la ciudad y abrir zonas comerciales y equipamientos culturales. El presidente de la institución portuaria, Rafael Carmona, destacó en una de sus últimas comparecencias que “gracias al trabajo conjunto con la administración regional, damos un importante paso para facilitar la integración del Puerto en la ciudad e incorporar en el ámbito usos más urbanos”. El resultado es que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo quedan inhibidos de la ordenación de esos terrenos, limitándose a conceder las licencias de obras oportunas.

La aprobación inicial de la modificación del plan especial del Puerto supone un nuevo hito en el procedimiento administrativo que permitirá adaptar los usos del ámbito a los objetivos del master plan (diseño concreto del proyecto) del distrito urbano portuario. En total, la superficie que comprende el documento alcanza las 40 hectáreas de dominio público portuario, ocupando las áreas incluidas en la modificación más de la mitad, 23 hectáreas. 

En particular, la modificación del plan especial actuará sobre tres áreas de desarrollo cuyos usos en la actualidad son de carácter portuario comercial (operaciones portuarias, almacenamiento y grupaje, usos mixtos en muelles y concesiones o actividades logísticas). Estas pasarán a dedicarse a espacios libres y zonas vedes, como el parque del Puerto, la vía verde o la avenida de Guadalhorce; o para actividades económicas compatibles con el tejido urbano y equipamiento, en la zona del muelle de Tablada, tinglados y naves, o el distrito financiero junto al puente del Centenario. “Proyectamos la avenida de Guadalhorce como el eje principal en el conjunto patrimonial del distrito, con arboleda y sombras que faciliten el paseo y la concebimos como un bulevar”, apuntan desde la Autoridad Portuaria de Sevilla.

La fórmula escogida evita un nuevo dolor de cabeza a Carmona, que ya vio como la pasada primavera se frenaba la tramitación de la otra pata imprescindible para sacar adelante el ambicioso proyecto del barrio portuario. La necesaria modificación parcial del PGOU no fue aprobada en la sesión plenaria debido a que los partidos de la oposición no se mostraron a favor argumentando “la falta de consenso con los vecinos”. Durante el debate, los portavoces reclamaron que a la hora de reordenar estos suelos “no se prioricen los usos lucrativos”, y acusaron al gobierno local del PP de gobernar para el interés “de unos pocos”. También se escucharon desde la bancada de la oposición que las movilizaciones de las asociaciones prueban que “no hay una amplia aceptación” de los términos de la propuesta. También apostaron por “llegar al mayor de los consensos”, acusando al gobierno municipal de “no escuchar a los vecinos” y “no atender” sus alegaciones. A la hora de la votación, la propuesta fue rechazada con los votos contrarios de Podemos-IU y Vox, la abstención del PSOE y el voto a favor del PP, que no goza de mayoría absoluta.

Los técnicos de Urbanismo no tuvieron en cuenta ninguna de las cinco alegaciones presentadas a un documento final que incluye algunas novedades, como la reserva de suelo para centros de salud y deportivos. Entre las alegaciones rechazadas, destacó la formulada por la asociación Palmera Agenda 2029. No se estimó su petición para alejar las nuevas viviendas que se levanten de las ya existentes. Respecto a que el documento definitivo no analiza la incidencia del proyecto sobre la movilidad y que no cuenta con estudio de tráfico, el servicio de planeamiento y desarrollo urbanístico indicó que “no se prevé ningún uso a desarrollar que pueda afectar a la movilidad actual del ámbito, por lo que no es innecesario un estudio de movilidad”.

En la nueva ficha de desarrollo prevista en la modificación se contempla 12.980 metros cuadrados de equipamiento educativo y 1.670 metros cuadrados para equipamiento de Servicios de Interés Público y Social (SIPS). Igualmente, se incluyen 18.000 metros cuadrados de espacios libres que se distribuirán a lo largo de todo el distrito portuario. En el texto se recoge que la Autoridad Portuaria deberá abonar casi 2,2 millones a la Gerencia por lo conocido como carga urbanística.

La idea es conseguir la integración definitiva entre el Puerto y la ciudad (ya avanzada con la modificación del planeamiento para los suelos de la cabecera Oeste del Batán) y abrir el campus universitario de Reina Mercedes a la avenida de las Razas, algo que no se ha conseguido realizar en la última década y media tal y como preveía el plan general de 2006. En concreto, el master plan elaborado por la UTE que componen el estudio de arquitectura Eddea y la consultora inmobiliaria CBRE, transforma una superficie de 40 hectáreas situadas entre los puentes de las Delicias y del Centenario que se articula en torno a un sistema de espacios libres, equipamientos y actividades económicas y usos residenciales.