El Estado abre la puerta a adjudicar varios contratos a un mismo empresario

Paso atrás de Pedro Sánchez que afecta a todos los ayuntamientos. El Gobierno socialista aprobó la semana pasada una modificación del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público que elimina los controles que entraron en vigor hace menos de dos años para evitar los fraccionamientos en los contratos menores. Esto abre la puerta para que a partir de ahora Juan Espadas pueda adjudicar varios trabajos a un mismo empresario sin incumplir la normativa estatal.

Hasta ahora, los alcaldes debían justificar que “no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación”. Lo que se traduce en demostrar en que no se estaba fraccionando de manera fraudulenta. La novedad ahora es que se suprime el requisito de justificar que “el contratista no ha suscrito más contratos menores que, individual o conjuntamente superen” los márgenes por los que el contrato se considera menor: 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, y 15.000 cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. El Congreso cuenta con un plazo de un mes para convalidar la modificación.

No es la primera vez que el Gobierno de Sánchez lo intenta. Su proyecto de Presupuestos Generales del Estado ya incluía la supresión de este veto. No fue aprobado. Ahora lo ha conseguido vía Decreto-Ley aprovechando la transposición de directivas europeas cuyo retraso enfrentaba a España a multas millonarias. Los socialistas esgrimen “razones de seguridad jurídica” para modificar este punto de la ley a fin de “solucionar los graves problemas técnicos” que representaba la anterior redacción del texto.

Desde su entrada en vigor la semana pasada, los Consistorios pueden contratar al mismo empresario varios trabajos durante un mismo año. ¿Cuáles son los contratos menores? Aquellos que solo necesitan la justificación de la necesidad del gasto, su aprobación y la factura, y a los que no se les exige en la ley (aunque algunas administraciones sí lo imponen en sus normas regionales) un concurso ni un proceso de adjudicación similar para ser contratados, ni tampoco la publicación de todos los detalles del contrato. Así, se puede contratar a la empresa que se considere y publicar, al menos trimestralmente, qué se ha contratado, por qué precio y a quién, sin más detalles.

Pese a que este veto eliminado estaba en vigor desde marzo de 2018, las administraciones públicas lo han venido incumpliendo de forma sistemática. Un estudio elaborado por la Fundación Civio revela la firma de más de 6.500 adjudicaciones que contravienen la norma. Estas adjudicaciones, por un total de 53 millones de euros, lo conforman grupos de contratos a una misma compañía por una sola administración y en repetidas ocasiones a lo largo del año, presentando así claros indicios de fraccionamiento.

Los últimos datos de los contratos menores en la ciudad correspondientes al año pasado reflejan que supusieron un 7,5% del total. El gobierno de Espadas no ha estado alejado de la polémica durante su primer mandato. El Partido Popular denunció en febrero de 2017 que los socialistas contrataron a la empresa de una ex asesora para diseñar y ejecutar una campaña en redes sociales para promocionar los distintos mercados de abastos repartidos por la ciudad. El concejal Rafael Belmonte afirmó que no entendía cómo se externaliza “algo que pueden gestionar los miembros del gabinete de prensa del Consistorio”.

La respuesta municipal vino de la delegación de Empleo y Bienestar Social, que defendió “la legalidad y el rigor” de los procedimientos de contrataciones menores realizadas, alegando que los contratos menores forman parte del funcionamiento administrativo y todos se han realizado “con total transparencia y con adjudicaciones de acuerdo con criterios técnicos”. El delegado Juan Manuel Flores lamentó que los populares cuestionen un listado de contratos menores cuando en el año 2014 se realizaron 1.376 contrataciones de este tipo por un importe de 8,4 millones de euros.

Un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre las contrataciones menores promovidas durante 2016 por los ayuntamientos de las seis ciudades más pobladas de España reflejó que durante ese año, el Ayuntamiento canalizó mediante esta modalidad el 91,4% de sus contratos, abarcando el 34% del importe total adjudicado en dicho año. Además, detectó contratos que revelan el uso de las contrataciones menores para “adjudicar de forma separada actuaciones de carácter necesario, reiterado y previsible, o prestaciones de naturaleza similar que podían responder a un fin único”.

“La utilización de la contratación menor en el Ayuntamiento de Sevilla es especialmente significativa, pues alrededor de nueve de cada diez contratos se adjudican directamente a través de este procedimiento, lo que representa más de un tercio del importe de adjudicación total de los contratos celebrados”, resumía el Tribunal de Cuentas, exponiendo que aunque ninguno de los 90 contratos menores examinados en este estudio “excede el límite cuantitativo establecido para esta forma de contratación”, diez de estos contratos fueron adjudicados por 17.999 euros, importes que “coinciden prácticamente con el límite legal de la contratación menor", fijado en 18.000 euros en ese momento.