La provincia ha perdido 17.000 extranjeros desde 2012

La inmigración ha vuelto a situarse entre los principales titulares informativos tras la llegada del Aquarius a Valencia. La propia Junta de Andalucía ha advertido al recién nombrado Gobierno de Pedro Sánchez de la avalancha de personas que han arribado a las costas de esta comunidad por el efecto llamada. Esta situación se produce cuando en la provincia de Sevilla los datos sobre inmigrantes llevan años en claro descenso. La mayoría de los extranjeros regularizados que vienen a los municipios sevillanos lo hacen en busca de un trabajo temporal en el ámbito rural, unas características que difieren bastante de lo que ocurre en las grandes capitales de provincia de España. Sirvan dos datos para confirmar dicha coyuntura: los flujos migratorios se han reducido un 50% en un lustro y la población extranjera ha perdido 17.000 empadronados desde 2012, la época más severa de la crisis.

Los principales datos sobre inmigración los aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE). Unas cifras que se refieren a la población regularizada, es decir, la que cuenta con los papeles y trámites necesarios para estar empadronada. Al margen quedan todos los indocumentados, por lo que los números reales de este fenómeno son mucho mayores. Partiendo de esta premisa, hay una cantidad absoluta que ofrece el ente estatal: la de los extranjeros que residen en la provincia sevillana. A 1 de enero de 2018 eran 65.001, lo que supone el 3,5% del total de la población. Dicho porcentaje es la mitad del que se registra en otras provincias andaluzas, como Huelva, donde llega a representar el 7%. En esta comparativa se deben tener en cuenta dos condicionantes. Por un lado, los municipios costeros, que atraen a gran cantidad de inmigrantes, y por otro, la importancia de ciertas campañas agrícolas –como la de la fresa– en las localidades onubenses. A ello hay que añadir, como apunta el catedrático en Análisis Geográfico Regional de la Hispalense, Manuel Marchena, que la provincia de Huelva tenga menos habitantes que la de Sevilla, lo que conlleva a que los extranjeros tengan mayor representación en ella.

La cifra de 65.001 inmigrantes dista bastante de la que se registró en 2012, en plena efervescencia de la crisis, cuando los extranjeros que residían en la provincia alcanzaban los 82.296, el pico más alto en lo que llevamos de década. Desde entonces su presencia se ha reducido un 21%, un punto por encima de la media nacional. En esta bajada han influido varias circunstancias. La debacle económica sufrida por España a principios de esta década hizo desistir a muchos inmigrantes de seguir en un país que ofrecía pocas posibilidades laborales. Muchos retornaron a sus lugares de origen o buscaron otros destinos donde labrarse un futuro. A ello contribuyeron las políticas de retorno puestas en marcha, principalmente, en algunos estados latinoamericanos.

La disminución debe relacionarse también con los flujos migratorios, siempre que se tenga en cuenta que este último concepto –facilitado, de igual modo, por el INE– se refiere a los movimientos de llegada a la provincia, no a las personas, ya que un inmigrante ha podido entrar dos veces. En la evolución de los flujos es donde se observa con más severidad dicha caída. En 2012 se registraron 6.828 entradas en la provincia sevillana. De ellas, sólo 1.271 correspondían a españoles y una aplastante mayoría (5.557) a extranjeros. En 2017 (último año disponible en datos) las migraciones externas se quedaron en 5.074 (la más baja en un lustro). Esta cifra tenía un reparto más equilibrado entre inmigrantes nacionales y extranjeros. Los primeros supusieron 2.149 y los segundos, 2.925. Por tanto, mientras que los movimientos de los nativos crecieron un 26,5%, los de los extranjeros descendieron un 47%. Aquí se evidencia que Sevilla ha perdido peso como destino de inmigración.

Esta falta de atractivo queda aún más clara si se atiende a las principales comunidades de inmigrantes que vienen a los municipios sevillanos. El primer colectivo lo conforman los rumanos. En el último padrón estaban inscritos 9.816 personas procedentes de este país de Europa del Este, perteneciente a la Unión Europea desde 2007. Pues bien, en 2012 la cifra de rumanos empadronados en la provincia rozaba los 13.000. Su presencia se ha reducido un 24%. El segundo grupo en volumen son los marroquíes, con 9.148. Una cifra que se mantiene en niveles similares a los de hace seis años. Los chinos son la única comunidad de inmigrantes que, además de sobrevivir a los efectos de la crisis, han aumentado en el padrón: de 4.371 a 5.442.

Especialmente destacable es la merma de inmigrantes latinoamericanos en las localidades sevillanas. El empadronamiento de colombianos se ha reducido un 41% (al igual que la de los brasileños) y en un 64% lo han hecho los bolivianos. También ha bajado la presencia de extranjeros procedentes de Europa occidental. El número de inmigrantes del Reino Unido ha descendido un 32%, mientras que la disminución de franceses ha sido del 38% y la de portugueses, de un 45%.

El hecho de que los rumanos y los marroquíes constituyan los principales grupos de extranjeros refleja el tipo de inmigración que viene a Sevilla. Según Manuel Marchena, “es temporal y estrechamente vinculada con el ámbito rural”. Se trata de personas que llegan a la provincia para desarrollar trabajos agrícolas por un corto periodo de tiempo. Son contratados, en su mayoría, para la recogida de los principales cultivos: olivar y cítricos. Sin embargo, la crisis vivida en el país ha provocado que muchos españoles que antes trabajaban en el sector inmobiliario regresen al campo ante la falta de oportunidades en la construcción. Ello explicaría que los flujos migratorios de rumanos y marroquíes se hayan reducido un 40% y un 54%, respectivamente, entre 2012 y 2017.

La diferencia la marcan los extranjeros del país amarillo. En palabras del catedrático de Análisis Geográfico Regional “se trata de una comunidad con un gran espíritu emprendedor, que vienen principalmente a la capital y al área metropolitana para abrir negocios en los que trabaja toda la familia”.

Ese carácter urbano también lo poseen los brasileños (que suelen vivir en núcleos familiares) y los ingleses, franceses y portugueses. Éste grupo europeo –destaca Marchena– llega a la ciudad hispalense para desempeñar “trabajos cualificados” o relacionados con la investigación. No suelen vivir agrupados y lo hacen en el casco antiguo, a diferencia de las otras comunidades, que se concentran en los Distritos Macarena y Cerro-Amate de la capital andaluza.

Otro informe importante a tener en cuenta a la hora de abordar la inmigración es el que aporta el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que analiza la población de cada municipio de esta comunidad. En el caso de la provincia sevillana, como es lógico, las grandes bolsas de inmigración se registran en las localidades más importantes, que son la capital y las situadas en el área metropolitana. Si se realiza un análisis más profundo, se comprueba que el peso de los residentes extranjeros varía cuando se compara con el de la población total de estos municipios. Esta comparativa la lidera Pilas, donde los inmigrantes suponen el 7% de sus habitantes, el doble de la media provincial. Le siguen Cantillana, con el 6,6%; Brenes, con el 6%; y San Juan de Aznalfarache, con el 5,9%.

En el caso del último municipio mencionado la concentración de inmigrantes se entiende por tratarse de un pueblo dormitorio donde los precios de alquiler son más baratos que los de la capital, por lo que los inmigrantes que viven en él están vinculados laboralmente a la ciudad. Caso bien distinto es el del resto de las localidades, más alejadas y con una fuerte presencia de la agricultura como sector económico. Es en estos ámbitos donde las administraciones se han enfrentado a no pocas dificultades para conseguir que la comunidad inmigrante se inserte en ellos sin que se generen problemas sociales y sin que se quebranten los derechos de estos ciudadanos.

La avalancha de inmigrantes de la que ha alertado el Ejecutivo andaluz recientemente la viven, cada año, aunque en menor medida, los alcaldes de estos municipios cuando a ellos llegan los temporeros. En 2014 el Ayuntamiento de Pilas tuvo que hacer un llamamiento a la Junta, la Subdelegación del Gobierno, la Inspección de Trabajo, los sindicatos y las organizaciones agrarias para que prestaran especial atención a la “explotación” de la que eran objeto estas personas, muchas de las cuales no eran dadas de alta en la Seguridad Social y sólo cobraban tres euros por espuerta recolectada. También pedía colaboración a los vecinos para denunciar cualquier caso de abuso.

Esta situación la constata cada año Ángeles García, alcaldesa de Cantillana, el segundo municipio donde el colectivo inmigrante tiene mayor peso en la población. En el último padrón eran 800 rumanos los que vivían en esta localidad de 10.700 habitantes, situada en plena vega del Guadalquivir. García recuerda que en otoño de 2012, dos semanas después de ocupar la Alcaldía, pidió que se hicieran inspecciones en el campo. “No se les puede tratar como esclavos”, refiere la regidora, que reconoce que “muchas veces trabajan por un plato de comida”. “Si les obligamos a cumplir nuestras normas de convivencia, que en muchas ocasiones chocan con su cultura, también debemos intentar que con ellos se cumplan los derechos laborales que hay en nuestro país y se les pague un salario que se corresponda con el trabajo que realizan”, defiende la alcaldesa.

García recuerda que con el estallido de la burbuja inmobiliaria muchos nativos volvieron al campo, donde exigían unos jornales acorde con la labor a desarrollar. Esto provocó que muchas subcontratas buscaran población inmigrante para abaratar costes. “Tengo constancia de que para pasar los controles de Inspección algunos empresarios ponen la cantidad mínima que obliga la ley, aunque luego a los extranjeros se les paga una bastante inferior”, asevera.

El hacinamiento es otra de las cuestiones que preocupa a los alcaldes de los municipios con grandes bolsas de inmigrantes. Se han constatado numerosos casos en los que el alquiler se cobra en función del número de personas que ocupan una vivienda. “Esto es ilegal, pues ha de exigirse un arrendamiento mensual según el estado y la superficie del inmueble”, explica la regidora de Cantillana. Para evitar estos abusos, la Policía Local de este municipio tiene orden de visitar las casas en las que viven los inmigrantes por la noche para inspeccionar el estado de éstas y las condiciones en las que las habitan.