El pago a proveedores obliga a cerrar 2012 con 16 millones más de deuda

De la estimación del primer balance al balance definitivo. Del cálculo aproximado a la precisión. El interventor del Ayuntamiento ha realizado un informe que, en general, resulta favorable respecto al presupuesto general del Ayuntamiento para 2013. La principal conclusión es que las previsiones de gasto realizadas serán suficientes para atender los compromisos contraídos. El interventor sí alerta, en general, de las posibles desviaciones que pueden ocurrir durante la ejecución presupuestaria. Y ofrece con carácter definitivo el estado de la deuda del Ayuntamiento propiamente dicho (excluidas las empresas municipales) al cierre de 2012. La deuda ascendía el pasado 1 de enero a 502 millones, pero el próximo 31 de diciembre será de 518 millones, lo que supone un aumento casi del 3,2%. La principal causa, ya avanzada por este periódico, es la petición de un crédito extraordinario al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar a los proveedores de acuerdo con el programa especial de financiación ofertado por el Estado. Esta operación ha supuesto un préstamo de 58,5 millones de euros que, obviamente, no estaba incluido en el presupuesto de 2012. Esta operación se firmó con un tipo de interés inicial del 5,939% y un plazo máximo de devolución de diez años. El Ayuntamiento quedó obligado a la aprobación de un Plan de Ajuste, una imposición del Ministerio de Hacienda a las entidades locales que quisieran acogerse a la financiación extraordinario para afrontar los pagos a proveedores. Entre las medidas más llamativas destaca un aumento del 3% de las tasas y precios públicos que dependen del Ayuntamiento a partir de 2013, lo que incluye las tarifas de Tussam. El plan contempla también una reducción salarial del 5% a los empleados de Tussam, Lipasam y el IMD a los que no se aplicó en 2010 el recorte del 5% del decreto de lucha contra el déficit público, una rebaja que sí se efectuó en las nóminas de los 5.500 funcionarios municipales. Se aplicará también una "tasa de reposición de efectivos a cero" salvo en los servicios esenciales, como de seguridad; nuevos recortes en los gastos corrientes y la disolución de Giralda TV y de la agencia urbana de desarrollo económico Sevilla Global, ambas en proceso.

La segunda causa que explica el aumento de la deuda en 16 millones es el efecto del aplazamiento en el pago de lo que hay que devolver en concepto de la PIE (la Participación en los Ingresos del Estado en la que Sevilla recibió de antemano más de lo que finalmente le correspondía). Los 22 millones que se iban a devolver al Estado en cinco años (en cuotas de 1,8 millones de euros al mes) se hará finalmente en diez años (en cuotas de 900.000 euros al mes), pero el aplazamiento se aplica a partir de septiembre, no a partir de enero como se preveía, por lo que la deuda por este concepto no baja tanto como estaba previsto. En cualquier caso, la devolución de esta cantidad en más plazos no genera intereses. Entre las bonanzas de este aplazamiento figuran que el Ayuntamiento podrá echar mano de un dinero con el que no contaba ahora para pagar el descuadre de un millón de la final del torneo de la Davis o destinar casi 5,2 millones de euros al presupuesto en obras de mejora en los distritos.

Entre los créditos pendientes figuran algunos como el solicitado al ICO para el Metrocentro, que vence en 2022 y que a fecha del próximo 31 de diciembre quedarán por pagar 10,9 millones de euros. La gran losa de la deuda es el macrocrédito gestionado en 2008 por el gobierno de Monteseirín, del que restan por amortizar casi 258 millones de euros.

El gobierno aún tiene que confirmar el estado de la deuda consolidada, incluidas las sociedades municipales y organismos autónomos, al cierre del presente año. En este caso, todo indica que también se produce un aumento respecto al pasado 1 de enero. La previsión a medidados de noviembre es que el total de esta deuda creciera en 10 millones de euros, de tal forma que acabara casi en 610 millones. Hay dos empresas municipales, Tussam y Lipasam, que siguen lastrando las cuentas y dependiendo de las transferencias directas del Ayuntamiento. Urbanismo también arrojará datos negativos a finales de este año, lo que no extraña, pues el concejal Maximiliano Vílchez alerta desde hace meses de que este organismo autónomo se encuentra en "números rojos".