Las prostitutas piden paso

Las prostitutas de Sevilla critican la ordenanza municipal contra la prostitución callejera que, aseguran, sólo provoca inseguridad entre las mujeres que ofrecen sus servicios sexuales en la calle. Así lo denunció este miércoles el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), una asociación fundada a finales del año pasado que representa a numerosas profesionales del sector. Para este colectivo, la normativa del Ayuntamiento de Sevilla "provoca que las compañeras vayan a sitios más inseguros" y no elimina la prostitución.

Así se pronunció este miércoles la cofundadora de esta entidad, María José Barrera, que ofreció una rueda de prensa con motivo del Día Internacional de las Personas Trabajadoras Sexuales. En esta rueda de prensa se presentaron las jornadas que llevan por título Las putas no piden permiso, piden paso, que se celebran mañana viernes en el Palacio de los Marqueses de La Algaba, de titularidad municipal. En este encuentro habrá distintos debates, en los que participarán mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución.

La ordenanza municipal, aprobada hace casi una década, castiga con multas de entre 750 y 3.000 euros a los clientes de la prostitución callejera. En la práctica, esta medida se ha traducido en que las prostitutas se han ido alejando de las zonas residenciales en las que tradicionalmente ofrecían sus servicios -principalmente en Nervión, la Alameda de Hércules y Sevilla Este- para acabar en polígonos industriales como el Carretera Amarilla o el Su Eminencia.

La ordenanza formaba parte de un paquete de medidas para proteger a las prostitutas, entre las que se incluían la posibilidad de acceder a un empleo y a una vivienda, la obtención de la nacionalidad en el caso de las extranjeras y una batería de acciones sociales que nunca se han llevado a efecto. "Las compañeras no conocen los protocolos de atención que debemos recibir", dijo la representante del colectivo, que acusó al Ayuntamiento de crear leyes "sin contar" con su palabra y sus necesidades.

Las prostitutas reclamaron a las autoridades una "protección real", ya que las actuales leyes no protegen, el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de su trabajo como una profesión más y la aplicación inmediata de normas que garanticen sus derechos. "Las campañas del Ayuntamiento no dan alternativas para dejar la prostitución, no restan clientes y no ofrecen formación", expuso Barrera. Como alternativa, propuso la creación de convenios para poder atender a las compañeras en los clubes y "garantizar espacios seguros para denunciar".