La promotora de las VPO de la CEA achaca el desfase al retraso de las obras

La Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSA), vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y promotora de 583 viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla Este, rechazó ayer haber actuado negligentemente en la ejecución del proyecto y aseguró que "es la primera interesada" en su resolución, por la que "viene desarrollando una intensa actuación de diálogo con todas las partes". Además, la entidad insistió en que el desfase presupuestario se debe "al retraso sobrevenido de las obras".

FDSA respondió así a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocida como banco malo, que el pasado miércoles anunció que había llevado a la Fiscalía la documentación del proyecto tras detectar una desfase de entre 12 y 14 millones de euros entre las obras ejecutadas y la financiación librada para la promoción. Asimismo, la Sareb presentó en un juzgado mercantil de Sevilla la solicitud del concurso necesario de acreedores para que FDSA fuera puesta bajo supervisión judicial y facilitar la financiación necesaria para pagar a los acreedores y terminar las viviendas.

Fuentes de la fundación subrayaron que el desfase "es muy inferior" a lo estimado por la Sareb y lo achacaron a "un cúmulo de vicisitudes" societarias y administrativas que desembocaron en que el proyecto acumule un retraso de cuatro años. Entre ellas, las mismas fuentes apuntaron a la crisis de Dolmen Consulting, que "conllevó la asunción de desfases presupuestarios, agravados además por el abandono de la obra de las dos empresas constructoras, Dosevi S.L., y Gestión y Servicios CYR S.L., que operaban en la promoción y que bajo la dirección directa de Dolmen estaban ejecutando el proyecto". La nueva situación supuso "la necesidad de contratar nuevas empresas y la paralización reiterada de los trabajos, generando una importante demora que incide en los costes financieros y administrativos".

A estas circunstancias, se sumó la intervención por parte del Estado de Caja Madrid, la entidad que había concedido en 2007 el crédito promotor de 50 millones de euros, el cual fue traspasado el pasado mes de diciembre a la Sareb.

En ese sentido, explicó que no fue hasta el pasado 16 de octubre -y no en agosto "como informó a los medios" el banco malo- cuando Bankia, "a instancias de la Sareb", transmite la necesidad de la firma de una póliza de crédito de seis millones para acabar las obras, "póliza a la que la fundación prestó su total consentimiento el 17 de octubre y lo reiteró el 30 de octubre". Sin embargo, no prestó su aval a la operación "porque no iba a tener ninguna capacidad de dirección".

La fundación recalcó que la Sareb "ha obviado en todo momento" una interlocución directa con ella. Los contactos se han realizado de forma indirecta a través de Bankia así como de Insur y Gleeds Ibérica, "entidades impuestas por la Sareb como garantes de la finalización de las obras". Por ello, expresó su "extrañeza" por la actuación de la Sareb, que "sin comunicación previa informa a los medios de actuaciones que afectan a un tercero con el que no mantiene una relación directa.