Las prestaciones a dependientes crecen un 33% en menos de un año

Las prestaciones de la Junta de Andalucía a los dependientes sevillanos ha crecido un 33% en menos de un año. Este crecimiento viene auspiciado por el aumento en el número de solicitudes para acogerse a la Ley de Dependencia, de las cuales menos de la mitad han recibido una contestación favorable. Pese a este incremento, representantes del colectivo de personas mayores y la propia Administración autonómica reconocen que uno de los principales fallos de este servicio es la tardanza desde que se envía la petición hasta que se materializa la atención social, una demora que en ocasiones llega a superar en un año el tiempo estipulado por la propia normativa.

Hasta el pasado 15 de octubre el número de prestaciones a dependientes de la provincia de Sevilla era de 37.000, según datos de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Esta cifra supone un incremento del 33,5% respecto a la atención social que recibió este colectivo durante 2009, que fue de 27.700. Por tanto, en diez meses se ha superado ampliamente el número atenciones de un solo año, lo que hace prever que 2010 se cierra con un incremento por encima del 40%. Esta subida viene provocada, principalmente, por el aumento en el número de solicitudes. De esta forma, si el pasado año fueron 59.514 las peticiones registradas, desde enero hasta mediados de octubre de 2010 dicha cifra ha llegado a las 78.591, es decir, un 32% más, porcentaje muy similar al del incremento de las prestaciones.

Este equilibrio constata que es el aumento de las solicitudes el que eleva la atención a los dependientes, ya que el número de peticiones que reciben un informe positivo por parte de la Junta se mantiene en los mismos parámetros que en 2009. De esto modo, si el año pasado se atendió al 46,5% de las solicitudes, en los primeros diez meses de 2010 este porcentaje sólo subió cinco décimas, por lo que menos de la mitad de las peticiones han recibido asistencia social tras someterse al correspondiente proceso de inspección. Se deduce, por tanto, que las solicitudes se elevan al ampliarse el número de beneficiarios que pueden acogerse a esta ley. Algo en lo que influye claramente el propio calendario de ejecución de la normativa.

Desde que hace tres años se empezara a aplicar la Ley de Dependencia ya han sido cuatro grupos de sevillanos los que han sido atendidos en función de su grado de discapacidad o dependencia. En 2007 se beneficiaron todos aquellos sevillanos que pudieron demostrar que tenían una dependencia máxima, calificada como grado tres, que a su vez se divide en dos niveles, dependiendo también de los factores sociales que concurran. En los dos años siguientes se atendió al segundo grupo (grado dos), en el que la dependencia se reducía. En 2008 y 2009 fueron los del nivel 1 y este año ya han entrado los del nivel 2, lo que ha provocado la subida en las prestaciones, al agrupar a un mayor número de población. Es previsible que las cifras sean mayores cuando en 2011 puedan acogerse a estos servicios públicos aquellos dependientes de grado uno, en el que se incluye gran parte de las personas mayores.

El departamento que dirige Manuel Antonio Gálvez especifica que el número de prestaciones no se relaciona directamente con las personas que han sido beneficiarias de esta ley, ya que un dependiente ha podido recibir varios servicios, como ayuda a domicilio y teleasistencia, que computan como dos prestaciones distintas. En total, en estos diez primeros meses han sido 28.106 personas las que se han podido acoger a dicha normativa, casi 6.000 más que en 2009.

Pese a todos estos datos que reflejan una consolidación de la Ley de Dependencia, hay un factor que aún impide su pleno desarrollo: la lentidud del proceso. La propia Administración autonómica confirma esta "flaqueza": cuatro de cada diez sevillanos que tienen derecho a una prestación según el calendario de ejecución -tras constatarse en los informes- no reciben asistencia pública. La delegación de Igualdad y Bienestar Social especifica que desde enero a octubre los trabajadores sociales verificaron que existen 48.931 personas con depedencia en los grados 1 y 2. De ellas, sólo un 57,4% se han podido acoger a la Ley de Dependencia. El motivo: la lentitud burocrática, que provoca que en muchas ocasiones la hoja de ruta, es decir, el proceso que abarca desde que se envía la solicitud hasta que se otorga la prestación, dure 18 meses, lo que sobrepasa en más de un año el plazo máximo de seis meses fijado por la normativa.