Tres presos han muerto por sobredosis en menos de un mes en Sevilla-II

Tres presos han muerto por sobredosis en el centro penitenciario de Sevilla-II, en Morón de la Frontera, en menos de un mes. Esta situación ha llevado a la asamblea de familiares de personas presas de la Asociación Pro Derechos Humanos a presentar una queja ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En ella piden que se incremente "el control sobre la expedición de fármacos dentro de prisión".

Las madres y familiares de los internos comprenden que "cada persona privada de libertad es responsable de sus actos, y que a cada una se le informa e indica cómo debe tomar la medicación". Sin embargo, aseguran que han constatado que hay reclusos que "no tienen la capacidad de suministrarse su propia medicación, ya que se la toman toda de golpe o la venden en el patio, lo que supone un problema bastante grave". Para los familiares, muchos compran estos fármacos "sin saber que una administración inadecuada les puede costar la vida".

Pro Derechos Humanos añade que el 40% de los presos presentan problemas de salud mental, según el último estudio de la asociación Ambit, o bien patología dual, es decir, enfermedad mental y drogadicción. Esto impide que se encuentren en disposición de administrarse su propia medicación.

Los parientes de los internos denuncian que "no se tiene control sobre los fármacos que se dispensan, y mucho menos con la especialmente peligrosa, como la metadona y los psicofármacos, dejando a la suerte de los propios internos la dispensación de la misma".

Según la asociación, los datos del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) desvelan que en 2020 (último año del que se disponen datos) 204 personas fallecieron dentro de los centros penitenciarios de España. Por ahora, no se disponen de los datos desagregados por causa de la muerte ya que Instituciones Penitenciarias aún no ha publicado su informe general correspondiente a los dos últimos años.

Además, según indican las familias, es frecuente que la medicación se recete "sin previo diagnóstico de un profesional cualificado debido, entre otros motivos, a la falta de personal y a la necesidad urgente de que se renueven y amplíen las plantillas de los servicios de asistencia sanitaria, que se encuentran en una situación alarmante y absolutamente precaria”.

Así lo evidencian, añaden, los últimos datos del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) en su informe publicado en el año 2021, que sostiene que "el acceso a la atención psiquiátrica de los presos sigue siendo inadecuado". El CPT advierte respecto a la atención psiquiátrica dentro de prisión que "es evidente que este modelo no está funcionando correctamente y que los presos con una enfermedad mental no están recibiendo el tratamiento que necesitan".

Es por ello que, en la queja, solicitan el aumento de la plantilla de los servicios médicos con el objetivo de que las personas presas vean respetado su derecho a la salud, un derecho desde hace años se está viendo vulnerado y que con demasiada frecuencia acaba con la muerte de la persona privada de libertad. En concreto, demandan aumentar la atención psiquiátrica a través de conciertos con el Servicio Andaluz de

Salud, y transitoriamente, y hasta que esto se logre, aumentar las horas de psiquiatra contratado, permitiéndole un mínimo de 30 minutos por cada atención, como ocurre en los sistemas de agenda electrónica en los centros de salud mental para la población general.

Además, piden generar alternativas terapéuticas al consumo de medicamentos para el manejo de la ansiedad, hábitos de sueño, y mayor actividad física y laboral. En su último informe, el CPT advirtió que “las personas con un trastorno mental que requieran tratamiento y atención psiquiátrica continuada y/o aguda no deben ser retenidas en prisión, sino trasladadas a un centro sanitario adecuado".

En el caso de España, deberían ser los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla. Sin embargo, estos hospitales "no ofrecen actualmente el tratamiento y las condiciones adecuadas para las personas con trastornos mentales graves". Tampoco tienen capacidad para admitir a más pacientes procedentes de las prisiones”. Por ello, las familias reclaman que se traslade a módulos especializados a aquellas personas presas que sufren problemas psiquiátricos y drogodependencias.