El precio de la luz: ¿Qué puede hacer el Gobierno central para bajarlo?

La factura de la luz empezó a bajar en España en 2019 gracias a la recuperación y mayor peso de las energías renovables, sobre todo eólica y solar (fotovoltaica y térmica), que al cierre de 2020 cubrían el 29% de la demanda de electricidad, según datos oficiales del OMIE, el operador que gestiona el mercado de la electricidad en España y Portugal. El problema es que las renovables aún no son suficientes y, sobre todo, que hay cuestiones normativas en España que deben solucionarse para equilibrar los precios de la luz.

Carlos Gago, ingeniero consultor energético contratado por varios ayuntamientos de la Sierra Sur de Sevilla para asesorar a los vecinos a reducir su factura de la luz, recalca que el Gobierno central tiene medios para aplicar algunas soluciones que pueden bajar el precio de la luz, aunque también necesita pagar la deuda millonaria que mantiene con las eléctricas desde hace años. "Las soluciones para que baje la luz se han ido dejando por parte del Gobierno. La deuda que arrastramos con las eléctricas ha llegado a tal nivel de miles de millones de euros que llevamos una bola de nieve y está llegando a nuestros días", señala.

Gago, que pertenece a GRC Renovables Consulting, destaca que la primera solución es que España se adapte a la legislación que entró en vigor en Europa en enero de 2020 para los precios de la luz: el reglamento 2019/943 de 5 de junio de 2019 relativo al mercado interior de la electricidad.

La Comisión Europea ha amenazado con expedientar a España si no modifica las reglas del mercado mayorista de la electricidad, eliminando los vigentes límites de precio máximo y mínimo, únicos en toda la UE y contrarios a la normativa comunitaria. En enero de 2020 debía haberse adaptado España y no lo ha hecho. Se espera que lo hará en el primer trimestre de este año 2021.

En la actualidad la legislación de nuestro país prohíbe que ese precio mínimo baje de 0 euros y que el máximo sobrepase los 180 euros por megavatio/hora, pese a ser contrario a la legislación europea.

Cuando España cambie sus reglas para fijar el precio de la luz permitirá pagar un precio negativo en el mercado regulado (PVPC) como sucede en otros países europeos como Francia, Alemania o Reino Unido. España tiene que modificar su normativa de electricidad para que se pueda comprar y vender electricidad a precios negativos, algo posible con la entrada de las renovables, que producen energía a un coste mucho más bajo que la generada con el gas natural o el carbón.

"Un precio equilibrado entre renovables y no renovables"

Una vez que España se adapte a la legislación europea, la segunda solución para el ingeniero Carlos Gago es fijar el precio en el mercado mayorista de la luz según el porcentaje de generación de las renovables y las energías que necesitarían un mayor nivel de dependencia mediante sistemas de almacenamiento, haciéndonos así menos dependientes de fuentes de energía fósil como el gas para generar electricidad.

"Es posible que la subasta se fije por otras reglas en nuestro país. Esa es una de las cuestiones por las que Europa amenaza con multar a España. Lo justo sería pagar un precio equitativo y equilibrado por el kilovatio/hora, haciendo la media de los precios de todas las energías renovables y no renovables que participan a diario en el mercado mayorista, no cogiendo el precio marginal". Este sistema evitaría la picaresca que se da en algunos productores de renovables o de hidroeléctricas, agrega Gago.

En España la tarifa de la luz se regula por el llamado "precio marginal", el que pagan en el mercado de la electricidad todos los compradores y cobran todos los vendedores por el último megavatio/hora (MWh) que entra en el sistema. Esto supone que todas las energías que entran al mercado cobran lo mismo que la más cara adjudicada. Cuando hay poca producción renovable y es necesario recurrir a producción con gas o carbón, el precio marginal sube con gran rapidez.

El precio mayorista de la electricidad afecta solo directamente a los que tienen contratado el precio regulado de la luz (PVPC) y tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

Bajar el IVA es posible

La tercera solución que puede aplicar el Gobierno es bajar el IVA de la luz que actualmente está en el 21% así como dejar fuera del IVA el impuesto de la electricidad que ya se paga en la factura. La opción de reducir el IVA es más que posible si el Gobierno considerara la luz como un bien de primera necesidad, afirma el ingeniero Carlos Gago, quien añade que esto rebajaría la recaudación de impuestos y el Gobierno necesita recaudar mucho para pagar la deuda que arrastra el Estado con las eléctricas.

Por otro lado, desde el Gobierno central actual se tramita desde diciembre del pasado año el Anteproyecto de Ley que prevé la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que prevé financiar los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, eminentemente fijos y estos dejarán de formar parte del recibo de la luz.

La creación de este Fondo, que se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía, podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos, según el Ministerio de Transición Ecológica.