Dos policías inician una huelga de hambre contra su suspensión

Dos policías nacionales inician este miércoles una huelga de hambre en protesta contra la suspensión de empleo y sueldo que pesa sobre ellos desde hace 18 meses. Los dos agentes están inmersos en un procedimiento judicial que comenzó a raíz de las denuncias de varios delincuentes y narcotraficantes de las Tres Mil Viviendas que habían sido detenidos previamente por ellos. La Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT) de Sevilla, que ejerce las funciones de Asuntos Internos, les imputa varios delitos, entre ellos el de entrar en las casas de los delincuentes sin órdenes de registro, el robo a narcotraficantes y detenciones ilegales. Los agentes han negado estos cargos tanto ante la Policía como ante la juez de Instrucción 20 de Sevilla, encargada del caso, y alegan que toda la investigación se basa en la palabra de delincuentes.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) da a conocer este miércoles en una rueda de prensa la situación de los dos agentes, "ante la injusta sanción que sufren al extralimitarse la Dirección General de la Policía (DGP) en sus facultades de adopción de las medidas cautelares". En un comunicado emitido este lunes, el secretario general del SUP en Andalucía, José Antonio Beato, explica que se trata de "policías condecorados con la cruz al mérito policial con distintivo rojo, además de dos cruces blancas cada uno, en reconocimiento a los servicios efectuados durante su carreras profesionales".

El sindicato mayoritario apunta que los agentes -un inspector y un oficial- han sido imputados debido a "denuncias realizadas por personas a las que previamente habían detenido". "Es un hecho que la benevolencia de nuestra legislación, como estrategia de defensa, no sólo permite mentir a los acusados, sino que muchos de ellos, sin ningún fundamento, terminan denunciando a los policías sin que posteriormente tenga trascendencia alguna", expone el representante sindical.

El SUP añade que "lamentablemente, desde la DGP, en lugar de garantizar la protección jurídica de los funcionarios, se ha optado por vulnerar su presunción de inocencia hasta el extremo de que, sin haberse adoptado medida cautelar alguna en el ámbito judicial, la DGP, por propia iniciativa, los mantiene supendidos desde hace más de 18 meses". El sindicato recuerda que la suspensión "debe venir rodeada de especiales cautelas" y que vulnera el principio de presunción de inocencia recogido en la Constitución española.

Los funcionarios han solicitado el levantamiento de la suspensión "por ser desproporcionada e irrazonable y carecer a estas alturas del proceso de la más mínima justificación, toda vez que el retorno al puesto de trabajo no entorpece la instrucción". La nota del SUP explica que la DGP les contestó ocho meses después, cuando la ley establece un plazo máximo de tres.

El sindicato lamenta la "falta de rigor" y el "desprecio a los derechos" de los funcionarios. Además, la central sindical reprueba la "falta de criterio y garantías" para los policías que son suspendidos "mientras los políticos se mantienen aferrados a sus escaños sin dimitir de sus cargos".