Los policías autonómicos investigados por cobro irregular de dietas se repartían el dinero por bizum

Los policías autonómicos investigados por el presunto cobro irregular de dietas se repartían el dinero por bizum o en efectivo. Así consta en el atestado elaborado por Asuntos Internos, que investiga el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla y al que ha tenido acceso este periódico. Cuatro agentes de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, conocida popularmente como Policía Autonómica, están siendo investigados por dicho juzgado por el presunto cobro fraudulento de dietas y gastos de kilometraje, así como por una supuesta falsedad documental a la hora de justificar tales remuneraciones.

Los agentes se dedicaban a realizar escoltas del transporte de metadona desde Madrid hasta Andalucía, donde luego estas dosis se repartían en los distintos centros de salud. Los policías viajaban en vehículos oficiales de la Junta y luego falsificaban presuntamente las actas para que constara que habían hecho el trayecto en sus coches particulares, y así cobrar unos gastos que no habían generado.

El presunto engaño se desveló de forma casual en un entierro, en el que coincidieron un inspector de la unidad y una funcionaria de la Junta encargada de pagar estas dietas. Tras cruzar información, el inspector informó del caso ante la unidad central de Asuntos Internos, que abrió la investigación que está actualmente en el juzgado con cuatro policías imputados. El inspector denunció también el presunto acoso que ha sufrido desde que prestara declaración ante Asuntos Internos, por lo que ha sido apartado de la unidad adscrita, con la consiguiente merma económica.

Esta segunda denuncia, en la que también se detallan una serie de presuntas irregularidades en el seno de la unidad, la investiga el juzgado de Instrucción 2 de la capital andaluza. En ella se detallan una serie de hechos, como el uso de vehículos oficiales para fines particulares incluso durante las vacaciones, el cobro de horas extraordinarias o el trabajo de algunos de los mandos de la unidad en una academia privada en horas de servicio, entre otras cuestiones.

Lo que sí se deduce de la investigación de Asuntos Internos es que la Jefatura de la Policía Autonómica tenía conocimiento del cobro irregular de dietas desde al menos dos años antes de que se iniciara la investigación interna, pues en la unidad se recibió una denuncia anónima que así lo detallaba. La Jefatura no hizo nada y los agentes siguieron yendo a Madrid con coches oficiales de la Junta para luego cobrar presuntamente el kilometraje. A esta primera denuncia anónima le siguió luego la minuta escrita por una agente de la unidad a la que le ofrecieron participar en estas prácticas y que rehusó a cobrar dinero alguno.

Según detallaron a este periódico fuentes judiciales, la policía elaboró una minuta en la que relataba lo ocurrido tras un viaje a Madrid los días 23 y 24 de junio de 2021, cuando se desplazó a la capital de España en compañía de un oficial de su mismo grupo. Los dos agentes debían recoger la metadona en Madrid y trasladarla a Granada, para lo que fueron dotados de un vehículo oficial. Tras este servicio, el oficial le ofreció a su compañera la mitad del dinero destinado al repostaje del coche, que él debía de cobrar íntegramente por los cauces legales establecidos (la Consejería de Salud abonaba como si utilizaran sus vehículos particulares) y luego se repartían entre los demás agentes que habían participado en la operación mediante bizum o efectivo. La policía se negó a participar en estos cobros y, apoyada por otros compañeros de su mismo grupo, informó a la Jefatura de inmediato.

Protocolo de acoso

Lejos de perseguir este supuesto delito, o cuando menos irregularidad, la cúpula de la Policía Autonómica terminó abriendo un protocolo de acoso y enviando a la agente denunciante al psicólogo de la Jefatura, Para abrir dicho protocolo de acoso, la Jefatura se basaba en que la policía denunciaba que desde que denunció el presunto cobro irregular se había visto desplazada y había compañeros que le habían retirado la palabra. Sin embargo, lo que ella denunció no se investigó internamente y no fue hasta dos años después cuando el caso llegó a AsuntosInternos tras el encuentro casual citado entre del inspector y la funcionaria de Sanidad en un funeral. A raíz de ahí, la investigación de Asuntos Internos tomó forma y en ella figuran varias cuestiones que ya eran de conocimiento de la Jefatura por al menos dos vías, la denuncia anónima y la comunicación de la agente que se negó a cobrar de manera irregular, ambas tapadas por la cúpula policial.

En uno de los informes de Asuntos Internos, a los que ha tenido acceso este periódico, se explica que estos servicios de traslado de metadona sólo los hacían los mismos cuatro funcionarios durante años, hasta que el cambio en la jefatura del grupo llevó a introducir un criterio de rotación en el que fueron participando más agentes. El jefe del grupo se encargaba de asignar los servicios a los agentes y la Consejería de Salud es la que asumía los pagos de kilometraje y dietas por alojamiento. Los traslados se hacían en vehículos oficiales no rotulados de la Junta de Andalucía. Era un oficial el que acudía personalmente a la Consejería para realizar las liquidaciones y firmaba presencialmente el documento en el que figuraban las dietas. Después, este mando intermedio era el encargado de repartir el dinero entre sus compañeros, a los que se los hacía llegar "a través de bizum o efectivo".

Según figura en dicho informe, los policías "cobraban los gastos de locomoción, a pesar de realizar los traslados en vehículo oficial". Cuando el oficial ofreció el dinero a la policía que se negó a participar en estos cobros, ella consideró que era algo que "deberían saber los jefes", de ahí que se dirigiera a ellos para informarles del asunto. Cuando le dijo a un inspector que iba a hacer una minuta, éste le dijo que no hacía falta porque él informaría de todo al comisario. Luego le dio varias respuestas evasivas del tipo "no es el momento". Esto explica que la minuta informativa no se hiciera hasta dos años después, en mayo de 2023.

A raíz de esta minuta, mantuvo una reunión con tres jefes en la que llegó a sentirse amedrentada, según añadieron las mismas fuentes. Le comunicaron que comenzaría a realizar servicios en el Parlamento y tenía que ser apartada de su puesto habitual en el Grupo Operativo de Respuesta, ya que se le había abierto una información reservada por el supuesto acoso. Fue citada en dos ocasiones para tomarle declaración, sin que en ninguno de los dos casos le permitieran hacer mención alguna al cobro indebido de dietas y quedando en una "situación incómoda" dentro de su unidad, precisamente por denunciar unos hechos irregulares.

Cuatro investigados que siguen trabajando y el denunciante fuera

Otro policía había dado cuenta de lo mismo al comisario jefe de la unidad vía WhatsApp, en un mensaje que también figura en la investigación de Asuntos Internos. Una vez descubierto el presunto engaño, los cuatro agentes investigados dejaron de hacer los servicios de traslado de metadona. Todos ellos han declarado ya como investigados ante el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla. Según fuentes del caso, los cuatro han devuelto el dinero que percibieron de forma irregular.

También se investiga si percibieron dietas simulando que habían pernoctado en hoteles cuando podrían haber ido y vuelto en el mismo día. La investigación se ha ceñido al menos a los últimos tres años, si bien se cree que era una forma de actuar desde hace por lo menos una década.

Los cuatro agentes estarían investigados no sólo por el presunto fraude en el cobro irregular de dietas y kilometraje, sino también por una presunta falsedad documental a la hora de justificar los supuestos gastos. Los cuatro agentes que están bajo sospecha son policías nacionales destinados desde hace años en la unidad adscrita a la Junta, un grupo cuyo personal depende del Ministerio del Interior pero que orgánicamente asume las competencias del gobierno autonómico en materias como protección de menores, lucha contra el juego ilegal o el control de espectáculos públicos y la reventa de entradas o el medio ambiente, entre otros asuntos.

Uno de los investigados es oficial y los otros tres policías. Todos ellos siguen trabajando y continúan en sus puestos (el oficial en el grupo de protección a los menores y los otros tres en la unidad de coordinación), sin que la Jefatura de la Policía Autonómica haya tomado, por el momento, ninguna medida disciplinaria contra los cuatro imputados. Sin embargo, el denunciante no ha sido renovado para seguir en la unidad.

Los cuatro funcionarios declararon a finales de febrero como investigados ante el juez de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas. Antes de que el caso llegara al juzgado, hubo una investigación de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con agentes venidos especialmente desde Madrid para realizar las pesquisas del presunto fraude. Durante el curso de esta investigación, se tomó declaración a varios policías de la misma unidad como testigos.  Estos agentes también fueron citados por el juez para que corroboraran sus testimonios en la sede judicial.