La polémica resucita denuncias antiguas

La condena del catedrático Santiago Romero por tres delitos de abusos sexuales y su seguimiento mediático han sacado a la luz antiguos casos no resueltos que ahora cuentan con el apoyo y la fuerza de diferentes órganos sindicales.

En este sentido, la Junta de Personal Docente e Investigación (PDI) de la Universidad de Sevilla ha convocado para hoy a las 12:00 una concentración en la antigua Fábrica de Tabaco, sede académica de la Hispalense, para reclamar la reincorporación de Encarnación Santamaría, profesora de la Facultad de Medicina que fue "privada de su condición de funcionara" por una resolución rectoral en 2007, durante el mandato de Miguel Florencio.

Esta docente denunció haber sufrido durante ocho años acoso laboral por parte de un catedrático la Facultad de Medicina, pero la denuncia fue desestimada por el juez por falta de pruebas. Según explica Ángel Francisco Villarejo Ramos, secretario de la Junta de Personal Docente e Investigador, tras la sentencia, Santamaría, tras una baja médica, solicitó la renuncia de la plaza que venía desempeñando con la intención de no retornar al departamento en el que hasta el momento trabajaba como profesora e investigadora. "La Universidad lo entendió como una renuncia de su plaza como funcionaria y en sólo tres días, sin analizar la situación ni contactar con la profesora, se aprobó una resolución rectoral que la ha privado de su condición de funcionaria durante casi 10 años", comenta Villarejo.

El órgano sindical insta a la Hispalense a que revise y anule esta resolución y recuerda a la Universidad que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2013. Éste desestima el caso porque considera que la reincorporación de la profesora "no es enjuiciable en sede jurisdiccional, ni en vía administrativa", pero "insta" a la Universidad a "revisar la nulidad del acuerdo del 7 de noviembre de 2007", algo que, según la Junta de Personal de la Hispalense, la institución académica no ha hecho aún.

La Universidad de Sevilla se niega a informar sobre este caso por ser "un expediente sujeto a protección".