El plan de la cuenca se aprueba con el 'no' de la Junta y Doñana

Madrid / Sevilla/El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, el primero que se adapta a la directiva europea marco del agua y que debía estar aprobado desde finales de 2009, un retraso que la UE podría sancionar. El documento, una hoja de ruta cuyo objetivo es desarrollar una gestión del agua integrada y sostenible, entrará en vigor tras su publicación en el BOE en los próximos días.

Sale adelante con la oposición de la Junta de Andalucía y de los expertos en aguas (la comisión de aguas) del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. Queda por saber la posición que emitirá de forma general el Consejo de Doñana que ahora preside Miguel Delibes, que se pronunciará el próximo 27 de mayo posiblemente ratificando la queja de sus expertos en aguas.

En el extremo opuesto, el plan cuenta con el respaldo de las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, las entidades locales, los sectores eléctrico y de abastecimientos, las asociaciones agrarias, todas las comunidades de regantes y las organizaciones empresariales, que votaron a favor en el Consejo Nacional del Agua.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el organismo estatal al que compete la gestión del agua de la cuenca, acusó ayer al Gobierno andaluz de "usar al Consejo de Participación de Doñana para oponerse tarde al plan hidrológico", en palabras de Manuel Romero, quien aseguró que ambos organismos han tenido dos años para presentar alegaciones. El documento se ha mejorado al aceptar el 75% de las más de 400 alegaciones presentadas, apuntó el presidente.

El programa de medidas del Plan Hidrológico (puede consultarse en www.chguadalquivir.es, apartados demarcación hidrográfica, participación pública y consulta pública) es un elemento clave que describe las actuaciones que se desarrollarán para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica. Cuenta con inversiones de todas las administraciones de 4.073 millones de euros a desarrollar hasta el año 2027.

La delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo, fue a afirmar que detrás de la oposición de la Junta de Andalucía hay "razones políticas y partidistas de intentar tapar su mala gestión con el Guadalquivir durante tres años y que no hicieron los deberes para 2009". Crespo añadió que de otra formas no se entiende esta negativa cuando el plan incorpora "el 80% de las peticiones" del Gobierno andaluz al incluir 10 de sus 14 propuestas, y sólo deja fuera "cuestiones nimias de poca importancia".

La Junta y los expertos en aguas de Doñana explicaron hace meses que se oponían al plan hidrológico por incluir el dragado de profundización del río que persigue el Puerto de Sevilla y porque la evaluación de las aguas de Doñana es "insuficiente" y no analiza "bien" el estado de los ríos y humedales en el parque. Opinan que las medidas que plantea respecto a Doñana "son mínimas, y Doñana es la gran olvidada del plan".

El presidente de la Confederación Hidrográfica y la delegada del Gobierno central lo niegan y repitieron en varias ocasiones en la rueda de prensa que "este plan hidrológico es positivo para Doñana por suponer un ahorro de agua". Según Romero, "establece caudales ecológicos máximos y mínimos y no entendemos esa cantinela de que va a perjudicar al parque".

La Confederación defendió las medidas importantes que contempla para la preservación del Parque Nacional de Doñana y para limitar la sobrexplotación del acuífero Almonte-Marismas. Entre ellas, Romero resaltó que se recupera el personal de guardería para el control de extracciones, incluyendo técnicas de teledetección, y se revisarán los títulos de derecho al uso del agua de los aprovechamientos existentes.

Además, incorpora un programa de estudio e investigación de masas de agua subterráneas y cuantifica en 15 hectómetros cúbicos las necesidades de aportación de nuevos recursos superficiales de otros ámbitos de planificación hidrológica para sustituir parcialmente las extracciones de agua de la masa subterránea de Almonte-Marismas para mejorar los ecosistemas dependientes de ella.

Se establece también una reorganización de los sistemas de explotación. El 73% de la demarcación se integra en el Sistema de Regulación General, mientras que se establecen los sistemas parciales de explotación del Guadiamar, el de abastecimiento a Sevilla, abastecimiento de Córdoba, abastecimiento de Jaén, Hoya de Guadix, Alto Genil y Bembézar-Retortillo. Sobre cada uno de ellos se ha realizado un análisis para la obtención de los balances y la determinación de las asignaciones correspondientes.

El nuevo Plan Hidrológico da "un salto cualitativo", según la Confederación, en la implantación de los caudales ecológicos como una restricción impuesta a los sistemas de explotación. Debido al problema de la escasez de agua existente en la cuenca, es imprescindible determinar los caudales que deben circular para alcanzar los objetivos medioambientales marcados por el plan.

Se han determinado los caudales mínimos circulantes a lo largo de toda la cuenca del Guadalquivir, así como los caudales máximos en algunos puntos significativos, tras un intenso proceso de concertación con administraciones competentes, expertos, asociaciones agrarias, sector energético, comunidades de regantes, organizaciones conservacionistas y otras organizaciones sociales.

El plan establece que los usuarios del sector agrícola consumen el 80% del agua del Guadalquivir y "deben hacer un uso más eficiente del agua e incorporar mejoras para la modernización de los regadíos". Excepto a los arroceros, para los que no establece limitaciones, se fijan restricciones de agua anuales por cultivo con limitación de 5.400 metros cúbicos por segundo.

El documento recoge el inventario de recursos y presiones existentes en la cuenca y cuantifica los volúmenes de agua que demandan los diferentes usos presentes. A partir de esa demanda se determinan las dotaciones de agua para cada uno de ellos (abastecimiento, agricultura, usos industriales y otros usos).