¿A quién pertenece la Plaza de España?

La intensiva utilización del espacio libre de la Plaza de España y sus múltiples problemas de conservación, restauración y limpieza, trae al primer plano de actualidad quién es su propietario, y, por tanto, responsable de su mantenimiento, un asunto difícil y de largo recorrido.

La plaza de España se asienta sobre terrenos del Prado de San Sebastián, que, como bien demostraron los letrados Àngel Tarancón y Luis Uruñuela, tienen carácter demanial, es decir, son propiedad del pueblo de Sevilla desde tiempos del rey Alfonso X el Sabio. El terreno en que se ubica la plaza se incorporó al ya existente Parque de María Luisa, porque el ámbito era considerado por las Administraciones un “espacio de gestión compartida”, esto es, se entendía el suelo, en parte, como patrimonio municipal y, además, como dominio público estatal al ser, históricamente, un descansadero de vías pecuarias ganaderas, cuando en el Prado se celebraba un mercado de animales que dio origen a la Feria de Abril. El tardío reconocimiento legal del Prado como suelo demanial, no se producirá hasta 1947 ya que, en 1930 se consideró al Prado como “vía pecuaria, descansadero, innecesario”.

Al tener este carácter, los terrenos donde se levanta la plaza de España desde hace casi cien años son públicos a perpetuidad y no se pueden vender, embargar o regalar.

Sevilla se vio inmersa en una coyuntura económica muy depresiva en la etapa posterior a la Exposición del 29. Y este momento determinó el estado actual de la propiedad de la Plaza de España.

El esfuerzo de Sevilla para celebrar la Exposicion del 29 se tradujo, a su cierre, en un endeudamiento por obras de 56 millones de pesetas de la época, una auténtica fortuna, y en una consecuencia inmediata: en 1934 el Ayuntamiento de Sevilla se declaró en bancarrota; la ciudad ha estado pagando esta deuda hasta hace poco tiempo por la vía de un impuesto especial a los sevillanos. Esta situación puede interpretarse, y tenemos fundamentos para respaldarlo, como deuda histórica con Sevilla y, desde luego, entra de lleno en los escasos mimbres de restitución económica que ofrece la Ley de Memoria Democrática de 2022.

No es hasta julio de 1944 cuando el Ayuntamiento inscribe a su favor, en el Registro de la Propiedad, la posesión de la finca del conjunto Plaza de España, de 156.927´88 m². En 1949 el Estado adquiere parte del edificio de la Plaza de España, con una superficie de 19.945´24 m², como forma de compensar la ayuda prestada al Ayuntamiento para aliviar su enorme deuda. El título de compra, por 9.972.620´00 pesetas, es una escritura otorgada en Sevilla en este mismo año. El protocolo notarial, su justificación, superficies y cantidades, no soporta el más mínimo análisis y la valoración que el Estado realiza del edificio es lesiva para los intereses de la ciudad. Esta superficie adquirida por el Estado, fue pagada en 1949 por el Ministerio de Hacienda mediante talón bancario al Alcalde-Presidente, D. José María Piñar y Miura.

El siguiente hito registral, la conversión de la posesión en inscripción de dominio a favor del Ayuntamiento, tuvo lugar el 15 de octubre de 1996. En esa misma fecha se segrega de la finca matriz “un trozo de terreno sobre el que está construida la Plaza de España con una superficie de 19.945´24 m² y que pasa a formar finca nueva e independiente”. Esta nueva finca es donde “están enclavados los edificios de la Plaza de España, incluso sus torres, galería cubierta, bancos adosados, escalinatas inmediatas a los accesos que linda por todos sus vientos, frente, derecha, izquierda y fondo de la finca de donde se ha segregado... convertida en inscripción de dominio... por título de compra a favor del Estado”.

Por tanto, y es la primera conclusión, el Estado ha estado, en el mejor de los casos, de ocupante no registral en la Plaza de España durante, al menos, 47 años. Además, la singular compra de parte del edificio se ha convertido, según Acta de Afectación y Adscripción levantada en Sevilla en marzo de 2014, en una ocupación extraordinaria, por hasta 10 “organismos del Estado”, con un total de superficie de 35.196´15 m² del edificio Plaza de España. Por tanto, el Estado ha estado ocupando, en detrimento de la ciudad de Sevilla, una superficie extra de más de 11.000 m2 del edificio, sin incluir las entreplantas construidas ilegalmente ni los sótanos del edificio. La situación descrita urge la restitución al Ayuntamiento de Sevilla de los mencionados espacios ocupados.

Otro de los aspectos a destacar es el escaso respeto que las distintas oficinas del Estado han mostrado por el monumento. Los espacios interiores originales han sido, salvo excepciones militares, alterados con entreplantas, cambios de solería, eliminación de los estucos originales y otras modificaciones sustanciales.

De cualquier forma, es necesario ahondar en la delimitación entre propiedad o dominio y posesión, así como en los tiempos de consolidación legal sobre el conjunto. En la cruda posguerra española pudo tener sentido llenar de oficinas el edificio para reutilizarlo, pero hoy no es aceptable. Sea cual sea el propietario legítimo, debe resultar obligado usar correctamente este singular conjunto. No es admisible que lo único que se pueda visitar de la Plaza de España sea su espacio libre. Es fundamental recuperar los espacios originales y dotarlos de unos contenidos contemporáneos y atractivos para devolvérselo a la ciudad de Sevilla.

La declaración del conjunto de la Plaza de España como Bien de Interés Cultural se llevó a cabo en 2022. ¿No sería el momento, a los 100 años de su construcción de restaurar el edificio, tal y como se hizo con la Cartuja de Santa María de las Cuevas para la Expo 92? Y más aún: ¿No sería razonable, por parte de la Junta de Andalucía, de consolidar legalmente el Conjunto Monumental de la Plaza de España para dotarlo de una dirección y unos medios?