"No hay un perfil del agresor de un médico, puede ser cualquier ciudadano"

El inspector Domingo Cabrera es la persona de la Policía Nacional que se encarga de tratar con los médicos y profesionales sanitarios que han sufrido alguna agresión. Es la figura que las autoridades crearon hace dos años con el nombre de interlocutor policial sanitario. En su trabajo se encarga de revisar las medidas de seguridad de los centros de salud, evaluar el riesgo de agresiones que existen en cada uno de ellos y formar a los profesionales de la salud en unas nociones básicas que les permitan contener algún incidente e impedir que éste llegue a la agresión física.

Para ello suele dar charlas en los centros de salud y pide que no asistan sólo los médicos, sino también todo el personal del centro, desde los administrativos a los celadores, porque cualquier persona puede intervenir para detener a tiempo una agresión. "Tratamos de hacerles ver que ellos son los que se encuentran con el incidente y los que tienen que reconducir la situación para repelerlo. Tienen las herramientas para que ese incidente no vaya a más. Han de apaciguar al paciente, o a la persona que pretende agredirlos, utilizando las palabras. Se trata de ganar tiempo porque, en el mismo momento que se produce el incidente, ya hay una persona que está llamando a la Policía".

Para ello hay una serie de nociones básicas. Por ejemplo, que no haya objetos cortantes ni contundentes en la mesa de la consulta. Es preferible que los cúters, los bolígrafos, las tijeras o una grapadora, que puede ser utilizada para propinar un golpe, estén guardadas en un cajón y no al alcance de un paciente que pueda comportarse de manera agresiva. También es recomendable que el despacho tenga una puerta trasera como vía de huida, aunque esto depende de la configuración del edificio. Los nuevos centros de salud las tienen.

La mayoría de las agresiones se producen en los centros de atención primaria, ya que en los hospitales suele haber personal de seguridad privada. Esto no impide que uno de los casos que más trascendió ocurrió en Urgencias del Virgen del Rocío. "Aquello se produjo porque el hijo de una mujer que estaba enferma pedía que la atendieran. En esos casos, yo recomiendo a los profesionales que hagan un papel, que se acerquen un instante a la mujer y le diga que no se preocupe que enseguida vendrá el médico que la va a atender. Hay que evitar respuestas del tipo 'eso no es de mi competencia", explica el inspector. "No se trata de pedirles a los médicos que empaticen con el paciente, porque son profesionales de la salud y se presupone que eso ya lo hacen. Pero a veces no ocurre así, generalmente por prisa".

Los centros de salud con más agresiones suelen ser aquellos ubicados en las zonas con mayor índice de delincuencia. "Pero no hay un perfil del agresor, puede ser cualquier ciudadano que se vea superado por la situación, considere que su familiar está grave y no está siendo atendido". Otros supuestos son los de los pacientes a los que el médico no receta lo que ellos quieren, y a los que les elaboran un informe de baja que no se adapta a sus pretensiones.

La medida de seguridad que la Policía recomienda es la de un botón antipánico que el profesional puede activar y envía una señal a una centralita ubicada en la entrada del centro, controlada por un vigilante de seguridad. Mediante una luz roja, éste puede ver en qué despacho se está produciendo el incidente y llegar inmediatamente. Algunos centros tienen un sistema de alerta que se activa con el teclado, pero éste genera una notificación al resto de profesionales del centro. "No es lo más adecuado, la respuesta debe venir de la seguridad privada del centro o de la seguridad pública".

Los médicos están considerados como agentes de la autoridad, por lo que el agresor puede ser detenido como autor de un delito de atentado. Sin embargo, existe una laguna legal que sólo los considera como autoridad en el caso del sistema público, pero si un profesional que trabaja en el SAS tiene luego una consulta privada, ahí no está considerado como autoridad. "Es algo un poco incongruente", admite el inspector, que ha elaborado un catálogo de los 151 centros de salud públicos y privados de la provincia de Sevilla y los ha definido por niveles de riesgo en función de las medidas de seguridad con las que cuenten.