Estas son las penas de prisión a las que podrían enfrentarse los autores del tiroteo de las Tres Mil Viviendas

Un conflicto entre clanes del narcotráfico dejó un tiroteo con armas de guerra en las Tres Mil Viviendas en la noche del pasado sábado. En concreto, se dispararon decenas de proyectiles que dejaron una estela visible de color blanco en el barrio de Los Verdes. Según las muestras de munición recogidas por la Policía, los responsables de este incidente utilizaron, además de escopetas, pistolas y fusiles de los calibres 9 y 7,62 respectivamente. No consta que haya habido heridos por este suceso, pero sí daños materiales en los vehículos aparcados en la zona e impactos en una de las viviendas de la calle Lazarillo de Tormes.

A la espera de que la investigación colicial identifique a los autores de los disparos y determinen con exactitud qué armas fueron empleadas en el mismo, nos hemos preguntado qué consecuencias tendría el uso de este tipo de armas a nivel penal y administrativo.

Hasta diez años de prisión por la tenencia de armas prohibidas

En primer lugar, cabe aclarar la diferencia entre armas prohibidas y armas reglamentarias. Las primeras son aquellas prohibidas por el Reglamento de Armas. En este sentido, el artículo 563 del Código Penal tipifica como delito la tenencia de armas prohibidas, o bien, armas reglamentarias cuyas características hayan sido alteradas sustancialmente. En ambos casos, la pena es de uno a tres años de cárcel. Las armas de fuego automáticos o semiautomáticas y aquellas que hayan sido transformadas para disparar cartuchos pirotécnicos están expresamente prohibidas.

Por otro parte, el artículo 564 recoge el castigo a la tenencia de armas de fuego reglamentadas sin las licencias o permisos correspondientes. Se diferencian penas de uno a dos años de prisión en caso de tenencia de armas cortas, como pistolas o revóveres; y de seis meses a un año para la tenencia de armas largas, como rifles o escopetas. Además, las penas de prisión aumentarán de dos a tres años y de uno a dos años respectivamente cuando concurra alguna circunstancia agravante como la carencia de marcas de fábrica o de número, su introducción ilegal en España o la modificación de sus características originales.

El Código Penal contempla rebajas en las penas si se demostrara la falta de intención de usar las armas con fines ilícitos. En cambio, el uso de armas de guerra se considera una agravante, con penas de cinco a diez años de prisión para los promotores y organizadores, y de tres a cinco años para los cooperadores.

Asimismo, el artículo 570 establece la posibilidad de imponer la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en tres años a la pena de cárcel impuesta.

En caso de constituir delito, el uso de armas de fuego prohibida se considera una infracción muy grave con multa de 30.050,61 € a 60.101,21 €. También lo es el uso de armas de fuego cortas sin la licencia o autorización pertinente.

Ayuntamiento y sindicatos policiales piden más medios

La tenencia y uso de armas se suele vincular con otros tipos delicitivos como, al parecer, lo es en el caso de las Tres Mil Viviendas con delitos contra la salud pública. Este suceso ha provocado una catarata de reacciones en los ámbitos político, policial y vecinal. El alcade de Sevilla, José Luis Sanz, ha solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno, tras expresar su "preocupación" por los tiroteos, que "ponen de manifiesto una realidad gravísima que debe ser abordada sin demora". El primer edil ha vuelto a denunciar la falta de policías nacionales en la ciudad.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha reivindicado por su parte la necesidad de contar con al menos un vehículo blindado en las ciudades de más de 250.000 habitantes, donde ostentan las competencias en materia de seguridad ciudadana, así como más subfusiles y fusiles, para enfrentar este tipo de enfrentamientos con armas de fuego.

Por último, el comisionado para el polígono Sur, Jaime Bretón, demanda más presencia y controles policiales en la zona, mientras que la plataforma vecinal Nosotros También Somos Sevilla piden "acabar con la impunidad" de las bandas criminales.