El alcalde paraliza las obras de la biblioteca pero "no comparte" la decisión del TSJA

Sevilla/El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, defendió este miércoles el proyecto promovido por la Universidad hispalense para edificar su nueva biblioteca central en el frente oriental de los jardines del Prado de San Sebastián, y aunque aseguró "acatar" el auto de la Sección Segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordena la paralización "inmediata" de las obras, abogó por "salvaguardar" los intereses generales por encima de los "particulares" y consideró que la biblioteca "enriquece" al parque.

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, Sánchez Monteseirín informó de que ha dado "instrucciones" en el Ayuntamiento para que, "de manera inmediata, se tome acuerdo en el sentido de acatar la sentencia", porque el citado auto ordena la ejecución provisional de una sentencia previa que anula los aspectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla correspondientes a la calificación de esta espacio como suelo de uso educativo.

Dado el contenido del auto, que acepta la petición de la comunidad de propietarios del número nueve de la calle Diego de Riaño en cuanto a la paralización de las obras, el alcalde dijo que desde el Ayuntamiento "no compartimos" la decisión adoptada por el juez en cuanto a la anulación de los citados aspectos del PGOU y la posterior orden de paralización inmediata de los trabajos de edificación.

En ese sentido, aseguró que la biblioteca "enriquecerá" el parque del Prado de San Sebastián, donde ya se alzan partes de la construcción diseñada por la arquitecta iraquí Zaha Hadid, como ya sucede en el parque neoyorquino de Central Park y en Hyde Park, en Londres. Por eso, mostró su "respeto total y absoluto" a las decisiones del tribunal, pero aseguró que la biblioteca, "por su función y diseño, va a enriquecer el parque, en absoluto a perjudicarlo".

De esta forma, apostó por "salvaguardar los intereses generales" de la ciudadanía, con los que identificó el proyecto promovido por la Universidad, por encima de los "intereses particulares" de las comunidades de propietarios que han recurrido ante los tribunales las calificaciones del PGOU que admiten la construcción de la biblioteca.