Los padres del Cuco y el supuesto infiltrado serán juzgados

El juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla ha fijado para el 11 de diciembre el juicio contra Rosalía Inmaculada García y Ángel Romero, los padres del Cuco, y contra el supuesto infiltrado Pablo B. R. –que ha entregado un CD con 600 horas de grabaciones a la familia en el juzgado-, que era quien conducía el coche en el que llevaban al menor.

Los padres del Cuco aseguraron en octubre de 2011 ante la Fiscalía de Menores que no quebrantaron de forma consciente la orden de alejamiento que impedía que el entonces menor se acercara a menos de 50 kilómetros de Sevilla. Los padres del Cuco, que fueron citados en calidad de testigos por la Fiscalía de Menores en el procedimiento iniciado contra su hijo, se acogieron a su derecho a no declarar, al tratarse de los padres del menor y porque ellos mismos figuran como imputados en unas diligencias abiertas por los mismos hechos en los juzgados de Utrera. No obstante, los progenitores sí que se remitieron a la declaración que ellos prestaron en ese juzgado, en la que dijeron que fuesen sorprendidos el 14 noviembre de 2010 a 26 kilómetros de Sevilla debido a un error al cruzar el peaje de la AP-4 en Las Cabezas de San Juan, ya que, según precisaron, se dirigían a esta localidad acompañados por el menor para acudir a un cumpleaños de un amigo del mismo, pero no tenían intención de incumplir la orden de alejamiento que le había impuesto el juez de Menores.

El que fuera por entonces menor, Francisco Javier García Marín, fue identificado por la Policía en un control rutinario el 14 de noviembre de 2010 y, tras verificar que se había incumplido la orden, fue reingresado al piso tutelado. Como el menor no conducía el vehículo, la Fiscalía no adoptó ninguna medida cautelar contra él, máxime cuando el Código Penal, salvo en los casos de malos tratos en la pareja, sólo contempla la posibilidad de imponer una multa cuando se produce el quebrantamiento de una medida cautelar. El Cuco fue condenado a 12 meses de libertad vigilada por estos hechos, una pena que se suma a la de dos años y once meses de internamiento seguidos de otro mes de libertad vigilada que le fue impuesta en su día por el juzgado de Menores como encubridor del asesinato de Marta del Castillo.

Según aseguró en su día la Fiscalía, los padres decidieron traer al menor hasta Sevilla, estando de acuerdo el Cuco cuando le comunicaron sus padres cuáles eran sus planes, manifestando que en ese caso no pensaba volver al piso de convivencia, según dijo la Fiscalía, añadiendo que el vehículo en el que viajaban todos ellos, "que se dirigía" a Sevilla, fue interceptado por un control de la Policía a la altura del kilómetro 25,5 de la AP-4, "cuando habían superado consciente y voluntariamente el límite de los 50 kilómetros de alejamiento".

El Ministerio Público señalaba que el Cuco "pertenece a una familia con dinámica disfuncional que no ha ejercido un adecuado control sobre las actividades" del joven, y añadía que "su trayectoria escolar ha estado marcada por el bajo rendimiento, el absentismo ocasional y las conductas disruptivas".