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Un organismo de conciliación propicia un encuentro entre Ponce y Mercasevilla por el despido

El ex director adjunto de la empresa fue destituido por su papel en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales.

Europa Press / Sevilla

28 de noviembre 2011 - 13:44

El Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac) ha convocado el próximo viernes a la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, y al antaño director adjunto de la empresa Daniel Ponce. Se presentarán a cuenta de la papeleta de conciliación promovida por este último contra su reciente despido debido a su papel en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado, en 2009, junto al ex director general de la lonja Fernando Mellet. La juez mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6, ha abierto ya juicio oral contra los cuatro acusados por este presunto delito de cohecho, entre ellos el propio Ponce.

Simón Fernández, el abogado que representa los intereses de Daniel Ponce, ha informado que, en efecto, la papeleta de conciliación interpuesta a cuenta del reciente y nuevo despido de Ponce se ha traducido en la convocatoria de un acto de conciliación por parte del Cemac, adscrito a la Delegación provincial de la Consejería de Empleo. En concreto, ambas partes han sido convocadas a las 13:00 horas del viernes y la no avenencia en dicho acto habrá de dar lugar a la denuncia del despido por la vía Social.

La juez Mercedes Alaya, mediante un auto fechado el pasado 25 de octubre, había dictado ya la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado en 2009 por Ponce y Fernando Mellet como máximos directivos de Mercasevilla.

Los acusados, que se enfrentan a un juicio oral mediante un jurado popular, son Ponce, Mellet, la funcionaria María Regla Pereira y el otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Para ellos, la Fiscalía reclama una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público, por un periodo de 21 meses, a cuenta de un presunto delito de cohecho.

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