La oposición frena la reforma de Espadas de los estatutos del Alcázar

Frenazo a la reforma de los estatutos del Real Alcázar orquestada por Juan Espadas. La oposición ha logrado paralizar la aprobación de unos nuevos estatutos que concentran el poder en los concejales, crean la figura del gerente y abren la opción de hasta tres sueldos. Los grupos políticos lamentan que la revisión es una oportunidad perdida para profesionalizar la gestión del segundo monumento más visitado de la ciudad, que se ha intentado modificar el reglamento sin informar o que la intención del alcalde es politizar su control.

Desde el gobierno socialista apuntan que el aplazamiento de la modificación de los estatutos del Real Alcázar busca alcanzar un amplio consenso con los distintos grupos políticos. El equipo de Espadas ha mantenido esta semana una reunión con todos los partidos para trasladarles la decisión de aplazar la tramitación en el Pleno de la propuesta de modificación de los estatutos del monumento hasta lograr un amplio consenso. Para ello, se ha solicitado a todos que, sobre la propuesta elaborada por los servicios técnicos y jurídicos, se realicen las propuestas y planteamientos que se consideren y, a partir de ahí, se abra un periodo de debate y análisis jurídico.

La propuesta de modificación de los estatutos no se ha incluido en el orden del día del Pleno de mañana y se incorporarán en sesiones posteriores conforme vayan dando resultado los análisis y conversaciones entre los distintos partidos. Los socialistas defienden que la modificación tiene como primer objetivo adecuar los estatutos del máximo órgano de decisión del Alcázar (que datan de 1995) a la normativa sobre la representación institucional dentro de los organismos autónomos locales. En segundo lugar, “supone un paso por una mayor profesionalización en la gestión del conjunto monumental y patrimonio de la ciudad”.

Durante las próximas semanas y cumpliendo el compromiso del alcalde ante los miembros del Patronato, se mantendrán conversaciones y sesiones de trabajo tanto con los grupos políticos como con las personas independientes que forman parte del consejo con el objetivo de que una reforma de calado y trascendental como la de los estatutos se apruebe con el máximo consenso posible.

El último partido en alzar la voz contra una reforma que saca a ex alcaldes, intelectuales y nobles del gobierno del Alcázar ha sido Ciudadanos, quien interpretó la modificación como “la enésima oportunidad perdida para profesionalizar la gestión integral del monumento”. En la formación naranja explican que “la sinergia entre expertos de la sociedad civil y políticos, que hasta ahora ha configurado el Patronato, ha funcionado muy bien” y ha hecho que “el Alcázar sea uno de los monumentos más visitados de Andalucía y el de mayor afluencia de nuestra ciudad”.

Ciudadanos observa “cierta falta de transparencia” que “nos sorprende y nos preocupa”, ya que “el gobierno pretende modificar los estatutos del Alcázar sin que todos los grupos políticos tengamos acceso al informe jurídico y de la intervención” y, por supuesto, “sin que hayamos estado presentes en las supuestas reuniones de trabajo que han mantenido con los actuales miembros del Patronato”. El partido teme que “los nombramientos a dedo que se recogen en el borrador de la propuesta desemboquen en un nuevo chiringuito político de este Ayuntamiento, en el que prime más el carné de partido que los criterios profesionales y técnicos de los candidatos”.

La semana pasada fue el Partido Popular quien criticó al gobierno por “incumplir su palabra al intentar modificar los estatutos sin haber informado previamente a los grupos políticos”. Un día antes, Vox señaló que el alcalde pretende politizar el control del monumento y piensa que la reforma servirá a los socialistas para “pactar con Podemos o Ciudadanos para poder disponer de estos ingresos a su voluntad”.

Espadas busca la profesionalización de la estructura de gestión del Alcázar, que lleva años en manos de personalidades de reconocido prestigio con una capacidad de maniobra limitada. La última reforma de los estatutos data de 2005, cuando se originó una polémica al producirse las dimisiones como patronos de la ex alcaldesa Soledad Becerril y del concejal Jaime Raynaud, contrarios a que se desviaran fondos del Alcázar para la conservación de la Casa Consistorial, que a partir de entonces quedó plenamente integrada en el patronato.