La oposición municipal tumba la ordenanza para la nueva tasa de residuos de Sevilla porque incumple la normativa

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no podrá por ahora cobrar la nueva tasa de residuos urbanos que impone la legislación antes del 10 de abril. La oposición municipal en bloque (PSOE, Podemos-IU y Vox) ha votado en contra de la ordenanza que regula esta tasa por entender que, tal como está redactada, incumple la normativa nacional y europea, puesto que paga por igual el sevillano que recicla que el que no lo hace y tira la basura sin separar al contenedor. La ordenanza se sometía al dictamen del Pleno extraordinario celebrado este jueves, a las 8:45. El gobierno quería cobrar 1,15 euros por persona y mes, lo que supone que una familia de cuatro miembros pagaría 4,6 euros mensuales.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha acusado a la oposición de poner en riesgo el presupuesto de Lipasam por este voto negativo a la ordenanza, ya que es la empresa municipal de limpieza tiene que recaudar más de 26 millones al año para pagar esa tasa. Y ha admitido que no se han hecho las inversiones necesarias para poder registrar los residuos que echa cada familia en el contenedor. "No se puede diferenciar quién contamina más porque no se ha hecho inversión. No se ha preocupado nadie en invertir en esto. Es imposible poner chips a las bolsas de basura como hace Amsterdam", ha declarado Bueno.

Sobre la recaudación, hasta enero de 2026 el gobierno local de Sanz no pensaba unificar el cobro de las dos tasas; esta nueva de residuos urbanos con la actual de basura, ha asegurado el edil de Hacienda.

De ese total de 26 millones de la tasa que necesita recaudar Sevilla, la mayor parte, casi 10 millones (9,88 millones), se destinan a pagar el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, cuya recaudación va a parar a la Junta, según lo estipula la ley estatal. Este es el nuevo impuesto que penaliza toda la basura que no se recicla ni separa con el pago de 30 euros por cada tonelada métrica arrojada al vertedero, cuyo objetivo vertedero es que no sigamos llevando más residuos de la cuenta al vertedero, sino que los separemos y reciclemos en origen. 

Los 16 millones restantes de la tasa recaudada se destinan a las inversiones que necesita el municipio de Sevilla para la gestión de los residuos urbanos.

Bueno al PSOE: "Pídanle a la señora Montero que nos haga un Jaén"

El edil Juan Bueno ha pedido con sorna al PSOE que medie con la ministra María Jesús Montero para que le conceda a Sevilla lo mismo que a Jaén: "Pídanle a la señora Montero que nos haga un Jaén, que nos condone el impuesto y ponga dinero para la tasa deficitaria de Lipasam", ha defendido el delegado de Hacienda en el debate.

Las acusaciones del PP al PSOE con el calificativo de "cara de cemento" se oyeron en dos ocasiones en la sesión plenaria, una por parte de Bueno y otra por el edil Ignacio Flores. Bueno tildó a la edil Sonia Gaya del PSOE de tener la "cara de cemento" por defender la ley nacional de residuos y oponerse a la ordenanza, y lo mismo hizo al PSOE en el punto siguiente el delegado Ignacio Flores. Sonia Gaya amonestó a Bueno para que parara estas palabras contra su grupo.

Argumentos en el debate

Los argumentos del PSOE y de Con Podemos-IU han sido los más clarificadores sobre su negativa: que la ordenanza de Sanz no fomenta el reciclaje y no propone medidas para concienciar al ciudadano a que genere menos residuos, con lo que incumple la legislación nacional y europea al respecto. Y que Sanz trae la ordenanza de forma "apresurada" pese a que ha tenido un año y medio, desde que llegó a la Alcaldía, para consensuar un texto con la oposición que se ajuste a las normativas nacional y europea.

La concejal socialista Sonia Gaya ha recordado al gobierno local que la ordenanza no estipula un sistema de pago proporcional por generación de residuos, que no aplica una proporcionalidad fiscal (que pague el que menos recicle), que falta transparencia en el informe técnico-económico que justifica el importe de la tasa y que el impuesto lo tiene que pagar el Ayuntamiento. "Han tenido un año y medio y ahora se han puesto a correr. Consiguen desincentivar a los ciudadanos a reciclar los desechos domésticos", ha criticado la edil socialista.

Gaya ha lamentado también que el Ayuntamiento no haya cumplido hasta ahora los objetivos de reciclaje previstos a 31 de diciembre de 2024 y que tampoco tenga un plan de economía circular.

"La UE alerta de que al año se generan 2.100 millones de toneladas de residuos urbanos. O nos comprometemos con reducir los residuos o acabaremos enterrados en basura", ha avisado Susana Hornillo, portavoz de Con Podemos-IU. Horillo ha valorado que "es una irresponsabilidad" aprobar la ordenanza tal como ahora está redactada, como así lo manifestaron todos los grupos de la oposición en la Comisión de Hacienda, y que ha sido rechazada también por el Consejo Económico y Social de Sevilla, por el Trbunal Económico de Sevilla, además de tener los reparos del Interventor y el Secretario.

Desde Vox, su portavoz Cristina Peláez ha criticado a la UE y a Pedro Sánchez por aumentar la carga fiscal a los ciudadanos por imponer esta normartiva de gestión de residuos, y ha advertido que no se cumple en la ordenanza que pague quien menos recicle. Además, considera imposible que se pueda calcular el volumen de residuos que genera cada familia.

El plazo de la tasa es improrrogable por una ley nacional que aplica una normativa europea.

Qué hará Lipasam con los 26 millones que quiere recaudar de la tasa

Los técnicos de Lipasam calculan que el Ayuntamiento de Sevilla necesita recaudar cada año 26,19 millones de euros para la nueva tasa de residuos urbanos. En 2025 la cifra de recaudación sería menor (20 millones) al comenzar en abril. Este cálculo no convence al PSOE ni al Tribunal Económico de Sevilla.

El cumplimiento de la nueva tasa es obligado para todos los ayuntamientos antes del 10 de abril para cumplir la legislación española de residuos y suelos contaminados para una economía circular (Ley 7/2022, de 8 de abril) que traspone la normativa europea (2018/851 de 30 de mayo de 2018) por la que se modificó la Directiva 2008/98/CE sobre residuos.

De ese total de 26 millones que necesita recaudar Sevilla, la mayor parte, casi 10 millones (9,88 millones), se destinan a pagar el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, un impuesto cuya recaudación va a parar a la Junta, según lo estipula la ley estatal. Este es el nuevo impuesto que penaliza toda la basura que no se recicla ni separa con el pago de 30 euros por cada tonelada métrica arrojada al vertedero, según el cálculo de los técnicos municipales. El objetivo de este nuevo impuesto al vertedero es que no sigamos llevando más residuos de la cuenta al vertedero, sino que los separemos y reciclemos en origen. 

Los 16 millones restantes son para pagar las inversiones que requiere la ciudad para mejorar su gestión de los residuos:

1. Pagar los costes de mejora en la separación y depósito de residuos (puntos limpios y ecopuntos).

2. Vigilancia de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos (comprobar que los productores iniciales o poseedores de los residuos no comerciales gestionen sus residuos con arreglo a la ley).

3.Campañas de sensibilización para la reutilización, recogida separada, preparación para

la reutilización y reciclado.

4. Costes de las infraestructuras necesarias y su funcionamiento (planta de transferencia y transporte a la planta de tratamiento).

5. Recogida separada de biorresiduos, muebles y enseres, y residuos peligrosos domiciliarios.