El okupa del Airbnb vuelve a las andadas

Francisco Javier L. G., más conocido como el okupa del Airbnb, ha vuelto a meterse en un piso del centro de Sevilla, en el que lleva más de un mes residiendo sin el permiso de sus propietarios. Este hombre estuvo casi dos años viviendo en un domicilio de la calle Monsalves, que realquilaba a turistas a través de la conocida plataforma de viviendas para uso turístico, y del que tuvo que irse por orden judicial el pasado 28 de octubre. Fue incluso detenido por la Policía Local de Sevilla tras meterse en una vivienda turística cuando tuvo que dejar la anterior. Unos días después, se interesó por un piso de la calle San Hermenegildo, del que tuvo conocimiento que iba a ser puesto en alquiler.

El okupa pretendía alquilar una habitación y estuvo vistando el piso. La dueña de esta vivienda le explicó que pretendía alquilar el piso entero, pero que tenía pensado hacerlo después de que le hiciera una serie de reformas, que durarían aproximadamente un mes. Francisco Javier argumentó que tenía mucha urgencia por entrar a vivir en la casa y que no le importaba estar en ella mientras se acometían las reformas, con lo que pactaron alquilar una habitación de la vivienda por la cantidad de 270 euros, que el hombre entregó en concepto de señal. La mensualidad por la habitación era de 300 euros, pero se le descontaban los primeros días del mes, pues este acuerdo se alcanzó el 4 de noviembre.

Poco después comenzaron los problemas. Primero le comunicó a la dueña del piso que se encontraba mal porque lo acababan de operar, por lo que le pidió que no acudieran los trabajadores a hacer las reformas. La propietaria le respondió que así lo habían pactado antes y que tenían que hacer dichos trabajos. Sin embargo, al día siguiente, el okupa no dejó entrar a la carpintera que iba a hacer una reforma en la cocina y modificó la cerradura para que nadie pudiera acceder al piso.

La trabajadora, que tenía una llave cedida por la dueña, no fue capaz de entrar. Los propietarios del piso, que residen en Ayamonte, acudieron a Sevilla para personarse en el domiciilio y tampoco pudieron abrir la puerta por la alteración que había hecho de la cerradura. Francisco Javier no contestaba a las llamadas de sus caseros, que decidieron llamar a un cerrajero para que les franqueara la entrada.

Fue en ese momento cuando el okupa gritó a través de la puerta que estaba en el interior con su hijo, por lo que el cerrajero optó por no continuar adelante con la apertura forzosa, al entender que podría tener problemas legales. Los dueños del piso llamaron a la Policía Nacional, que lejos de desalojar al okupa, le dijeron que podía seguir haciendo uso de la vivienda hasta que un juez resolviera. Antes le habían pedido su nombre y el DNI. "Sentimos una indefensión absoluta, la intervención de la Policía duró sólo siete minutos", apunta Lourdes Pajares, propietaria del piso, en una entrevista con este periódico.

Los dueños se desplazaron a la comisaría de la Policía Nacional en el distrito Centro, en la Alameda de Hércules, para presentar la correspondiente denuncia. En ella, aseguran que las cerraduras están inutilizadas desde dentro, que la persona con la que habían quedado para alquilar el piso se encuentra en el interior y que no han llegado a firmar un contrato con ella. También apuntan en la denuncia que el okupa les manda mensajes de WhatsApp en los que dice que no se vba de la casa, y que ha alquilado el inmueble entero, algo que los propietarios aseguran que es falso.

También denunciaron los hechos ante la Policía Turística, el antiguo Grupo Giralda de la Policía Local de Sevilla, que tiene entre sus funciones el control de las viviendas turísticas en la capital andaluza. Lo hicieron ante la sospecha de que el okupa vaya a proceder de nuevo a realquilar el piso a turistas a través de Airbnb (donde llegó a cobrar 135 euros por noche cuando estaba en Monsalves) o de otras páginas web dedicadas a este mismo negocio. Por el momento, aunque no se han podido encontrar los anuncios en internet, varios vecinos ya han comunicado a los dueños que han visto turistas entrando en la vivienda acompañados por el okupa.

Francisco Javier L. G., de 48 años, ocupó en noviembre de 2022 un piso de la calle Monsalves que era propiedad de los hermanos Laura y Ricardo Román. Tras llamar a la Policía Nacional, Ricardo llegó a ser detenido después de que el okupa esgrimiera un contrato de alquiler falso, a nombre de un tercero desconocido. Tras un pleito larguísimo, que se prolongó durante casi dos años, los hermanos Román lograron expulsar de la casa al okupa. El 18 de octubre, hombre aceptó una condena de ocho meses de cárcel, que podría eludir si entregaba las llaves de la vivienda ocupada a los hermanos Román, una entrega que estaba prevista para el lunes 28 de octubre. Antes, un juzgado de Primera Instancia había ordenado ya el desahucio del okupa, ya que los hermanos acreditaron ser los propietarios con la nota simple del registro de la propiedad.

Sin embargo, antes de que llegara la fecha pactada para la devolución de las llaves, el okupa intentó meterse en otra vivienda del mismo bloque de apartamentos de la calle Monsalves, pero cometió el error de hacerlo en un piso turístico. Los inquilinos llegaron y se dieron cuenta de que la llave había sido cambiada, por lo que llamaron a los caseros y éstos avisaron a la Policía Local. El okupa fue detenido después de atrincherarse en la casa diciendo que tenía las escrituras. Fue necesario que los Bomberos abrieran la puerta del piso. Se le imputaron los cargos de usurpación, desobediencia y resistencia a la autoridad. Era la tercera ocupación que llevaba a cabo en el mismo edificio. La suerte fue que la vivienda había estado alquilada por otros inquilinos hasta la mañana de ese mismo día, por lo que no había pasado el tiempo necesario para impedir la intervención de la Policía.

Ahora, ha vuelto a ocupar otro piso y la dueña ya tiene constancia de que ha cambiado las cerraduras de las dos habitaciones que él no iba a utilizar en un principio. Todo apunta a que volverá a realquilar la vivienda para uso turístico, sin que por el momento las autoridades no puedan hacer nada por sacarlo de allí, para desesperación de los propietarios.