El okupa del Airbnb ingresa en prisión y los dueños recuperan su piso en el centro de Sevilla

Francisco Javier L. G., el okupa del Airbnb, ingresó en prisión el pasado miércoles por una condena de cuatro meses que tenía pendiente de cumplir por un hurto. Esto permitió a los propietarios del piso ocupado recuperar la vivienda en la que permanecía ilegalmente desde el pasado mes de noviembre, un piso ubicado en la calle San Hermenegildo, en el centro de Sevilla. En ella había una turista de nacionalidad peruana, a la que había alquilado una habitación por Airbnb.

La tarde del pasado martes, el propio okupa llamó a la Policía porque una persona, a la que los legítimos propietarios le habían alquilado una habitación, estuvo llamando a la puerta y él no abría. Esto formaba parte de una estrategia seguida por los dueños para tratar de recuperar su vivienda. Una patrulla se presentó en el piso e identificó a las personas que había en él. Al comprobar la identidad de Francisco Javier, saltó que tenía pendiente una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión para cumplir una condena de cuatro meses de cárcel por un delito de hurto, cometido en la provincia de Cádiz.

Al pesar sobre él esta reclamación en vigor, los agentes detuvieron a Francisco Javier, que pasó la noche del martes en las dependencias policiales y el miércoles fue puesto a disposición judicial. El juzgado ordenó el ingreso en prisión del okupa para que cumpliera la pena pendiente y éste fue trasladado a la cárcel de Sevilla-I.

Los propietarios del piso tuvieron conocimiento de que el okupa había sido encarcelado y se desplazaron la tarde del jueves a Sevilla desde la localidad en la que residen, Ayamonte. Pudieron cambiar la cerradura y entrar en la vivienda. También se presentó la Policía, alertada por algún vecino o quizás por un amigo del okupa que aparecería horas después por allí.

Los dueños de la vivienda pudieron acreditar la propiedad del piso ante los policías y accedieron por fin a la vivienda, más de dos meses después de que ésta fuera ocupada. En la casa había una chica, ajena a todo, que había alquilado una habitación por 15 euros la noche a través de Airbnb y había pactado con él una estancia de diez días por 150 euros, que cobró en mano por adelantado. Se trataba de una joven peruana que había venido a Sevilla a interesarse por un máster de Turismo.

En el anuncio utilizaba un nombre falso y ofrecía el piso con los títulos "centro pleno ideal ubicación" y "reales alcázares centro", acompañado de imágenes de Sevilla con las luces de Navidad. Los dueños le facilitaron a la inquilina otro lugar para pernoctar en Sevilla y la joven quedó conforme. La plataforma Airbnb ha sido informada ya del fraude de Francisco Javier, pero a pesar de ello este hombre ya ha conseguido publicar anuncios una vez más, por lo que los dueños del piso consideran que el filtro de esta empresa es demasiado endeble.

Ante las sospechas de que el okupa pudiera tener ayuda de otra persona, los propietarios decidieron alquilar sobre la marcha el piso a alguien de su confianza. Fue una decisión muy acertada, pues a las tres de la madrugada se presentó un amigo del okupa con intención de entrar en el piso. Al ver que había alguien ya viviendo dentro, este hombre se marchó.

Francisco Javier L. G., de 48 años, es un verdadero profesional de la ocupación de viviendas. Vivió durante dos años de forma ilegal en un apartamento de la calle Monsalves tras entrar con una llave falsa y engañar a la Policía con un contrato falso a nombre de un tercero. Este caso tuvo gran notoriedad porque el propietario terminó detenido después de llamar a la Policía. Tras un largo litigio judicial, tanto él como su hermana consiguieron recuperar la propiedad de su piso a finales de octubre de 2024.

El okupa llegó a ese piso tras vivir como inquiocupa (es decir, firmar un contrato legal de alquiler pero luego no pagar las mensualidades) en otro del mismo bloque. Tras salir del apartamento que ocupó durante dos años, intentó meterse en otra vivienda del edificio, pero fue descubierto porque se trataba de un piso turístico. Los inquilinos llegaron y se dieron cuenta de que la llave había sido cambiada, por lo que llamaron a los caseros y éstos avisaron a la Policía Local, que lo detuvo.

A principios de noviembre, se interesó por un piso de la calle San Hermenegildo al tener conocimiento de que iba a ser puesto en alquiler. La vivienda estaba aún en obras, pero aseguró a los dueños que tenía urgencia y que los trabajos de reforma no suponían ningún problema para él. Firmaron un contrato el 4 de noviembre y pagó 270 euros (la parte proporcional de los 300 euros al mes por los que había alquilado la habitación).

Poco después comenzaron los problemas. Primero le comunicó a la dueña del piso que se encontraba mal porque lo acababan de operar, por lo que le pidió que no acudieran los trabajadores a hacer las reformas. La propietaria le respondió que así lo habían pactado antes y que tenían que hacer dichos trabajos. Sin embargo, al día siguiente, el okupa no dejó entrar a la carpintera que iba a hacer una reforma en la cocina y modificó la cerradura para que nadie pudiera acceder al piso.

Para los dueños de la vivienda, "resulta paradójico que no haya ingresado en prisión por su actividad delictiva habitual, que es la de ser okupa y alquilar las habitaciones, sino por un hurto, lo que nos sigue poniendo de manifiesto que la ley en estos asuntos no va en consonancia con las preocupaciones sociales".